El Congreso de la República sigue haciendo sus jugaditas. Y no para que ganemos todos los colombianos, sino para que ganen los mismos de siempre: los grupos de poder.
Con la misma filigrana de siempre, paso a paso, y después de muchas llamadas a los teléfonos privados de los congresistas, el Acuerdo de Escazú terminó muriéndose lentamente desde el mismo momento en que algunos de los gremios económicos más fuertes del país vendieron la idea de que ese tratado regional para América Latina era un golpe a la autonomía y la soberanía nacional.
Ese fue el “mensaje de urgencia” que se adueñó del proceso de ratificación del Acuerdo, no sólo en el Congreso, sino dentro del propio Gobierno, que decía en público apoyar la iniciativa, pero en privado hacía lo posible por hundirlo de la mano de sus mayorías en el Legislativo, a su vez cogido de brazos con algunos medios económicos que persisten en mantener su poder sobre los derechos de todos.
Escazú no es el monstruo que nos quisieron vender desde algunos de esos sectores, sino que era, precisamente, un instrumento para desarmar, o por lo menos neutralizar, tantos monstruos construidos desde las instancias que obligaron a su hundimiento. Ese era el “mensaje” y la “urgencia” para darle cristiana sepultura.
No le quedará fácil al Gobierno, si es que algo ha hecho fácil el propio Presidente, explicarle a la comunidad internacional cómo puede enviar con mensaje de urgencia la ratificación de un tratado al Congreso y, al mismo tiempo, dejar pasar un año para su discusión, además no hacer nada para evitar su hundimiento.
Ha sido la falta de coherencia uno de los grandes vacíos en la gobernabilidad y la gobernanza del actual Gobierno. Y seguirá siendo ésta el combustible que siga alentando las protestas, las polarizaciones y las agrias discusiones en el propósito colectivo de lograr mayores consensos como nación.
Bastaba con revisar los pilares que tiene el Acuerdo de Escazú para comprobar su importancia estratégica a la hora de hablarle a América Latina de reactivación sostenible, de transición energética, de bioeconomía, de lucha contra la deforestación y, por supuesto, de la defensa y protección de los derechos humanos de esas comunidades que desde la Colombia profunda protegen nuestros ecosistemas.
¿A quién lo le interesa tener acceso a la información en materia ambiental, la participación ciudadana como fundamento del consenso y la protección de los derechos de los defensores ambientales?
La respuesta es variopinta, pero no admite interpretaciones. A todos nos debería importar que el país avance en la modernización y aplicación de unas normas que no pierden su vigencia y su autonomía, simplemente, porque entran a formar parte de unos acuerdos que trascienden nuestras fronteras, cuando el hecho contundente es, de la misma forma, responder a problemáticas y desafíos ambientales que son comunes a la región y van más allá de las fronteras.
Parte de la tragedia de América Latina, con Colombia a la cabeza, es no haber entendido, ni dejar que nos expliquen mejor, por qué no hemos logrado actuar en bloque, y mano a mano, con otros continentes, incluso menos ricos en biodiversidad, minerales, agua, energía y talento humano, y seguir siendo el patio trasero de muchos de ellos.
Ese debería ser nuestro “mensaje de urgencia”. Pero no al Congreso, sino a los organismos regionales de cooperación y de asistencia multilateral, antes de que sea demasiado tarde, tal como son tardes y fallidas algunas decisiones del Congreso.
