En los papeles, Colombia es uno de los países de la región con los mejores planes de mitigación y prevención del riesgo de desastres. Sobre el terreno, somos un verdadero desastre.
Basta con mirar los pobres resultados de cada una de las temporadas de sequías o de lluvias intensas para comprobar que seguimos estando siempre en etapa de improvisación y respuesta tardía, no de prevención. Llegamos a mitigar cuando los daños son monumentales y los recursos demandados para restablecer el orden, cuantiosos.
Entre 2010 y 2011, cuando el fenómeno de La Niña puso al país bajo el agua, el Gobierno tuvo que destinar no menos de 13 billones de pesos para atender la emergencia ambiental y destinar ayudas humanitarias para no menos de tres millones de personas, a lo largo y ancho de los territorios. El terremoto en el Eje Cafetero, en 1999, dejó miles de pérdidas humanas y daños materiales incuantificables, pero el país celebró después haber creado un moderno sistema de alertas y atención de desastres y un Fondo de Reconstrucción (Forec), cuyos aprendizajes parecen haber quedado bajo los escombros de nuestra propia desidia y desinstitucionalización.
Cuando se observa el mapa de las tragedia en Colombia, los puntos rojos son los mismos y solo cambia el decorado. Los incendios se producen cada cierto tiempo y sólo los vemos al ritmo de sus humaredas, pérdidas de bosques y muerte de la biodiversidad. No sólo son conflagraciones producto de las sequías, sino de las mentes resecas de quienes siguen talando bosques de forma ilegal y ampliando las fronteras agrícolas. Cuando llueve, el tema es parecido.
Hoy, cuando la temporada de precipitaciones comienza su período crítico, más de medio país está bajo alerta roja. Se cierran las grandes carreteras, llámese La Línea, se suspenden los vuelos, se restringen las horas de circulación por las grandes troncales, mientras los damnificados se suman por cientos y se arruman como mercancías en los coliseos de los municipios o las escuelas rurales.
Tenemos una política de cambio climático y uno de sus pilares es la mitigación del riesgo de desastres. Funciona bien en muchas regiones, pero la gran mayoría de Planes de Ordenamiento Territorial de los entes locales, si acaso, tocan el tema del calentamiento global como un hecho lejano y sin mayor prioridad.
Desde hace más de siete años, Planeación Nacional elaboró un completo Estudio sobre las Ciudades y estimó que para 2025, el nivel de las precipitaciones en las grandes urbes sería un 40 por ciento por encima de los registros históricos del país y eso demandaba acciones y proyectos concretos para mitigar los daños. Los POT pasaron de largo sobre esas proyecciones, porque para algunos es más “rentable” atender desastres que prevenirlos.
No sé todavía cuánto se invirtió realmente en atender la emergencia de 2011, porque además no existe un sistema de monitoreo confiable y eficaz que rinda cuentas sobre esas millonarias inversiones, en especial cómo se ejecutaron y quiénes fueron los beneficiarios de esas ayudas. La confianza baja por el despeñadero.
El Gobierno nacional quiere liderar los temas ambientales en la región y muchos departamentos y municipios del país están haciendo grandes esfuerzos en relación con el cambio climático, pero es necesario aprender de los errores del pasado y definir, de una vez por todas, un sistema de adaptación y mitigación del riesgo que evite que las cuantiosas inversiones que se hacen se sigan perdiendo entre el fuego y el agua de nuestras propias desigualdades e improvisaciones.
De lo contrario, los tiempos que vendrán no sólo serán peores por la crisis climática, sino por la falta de confianza en nuestras instituciones y el débil liderazgo de nuestros gobernantes.
