Deuda climática

A medida que pasan los años y las economías comienzan a evidenciar los costos no previstos de la transformación de la atmósfera planetaria, crecen los reclamos de justicia climática

Brigitte Baptiste
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A medida que pasan los años y las economías comienzan a evidenciar los costos no previstos de la transformación de la atmósfera planetaria, crecen los reclamos de justicia climática. ¿Cómo es posible, dicen aquellos países cuyas emisiones de gases de efecto invernadero son minúsculas, que debamos asumir las consecuencias de un comportamiento que, si bien no contiene malicia (algunas petroleras globales sí ocultaron información al saberlo, pero están siendo judicializadas por ello), generó los altos niveles de bienestar que sus sociedades disfrutan hoy, pero obligan a sacrificar los escasos recursos de quienes no tuvieron esa oportunidad?

La financiación de la descarbonización de la economía por parte de los países adictos a quemar carbón o petróleo es una de las obligaciones que se están asumiendo para saldar parte de la deuda, pero lo cierto es que, en un contexto de economías nacionales en competencia es difícil distribuir de manera más equitativa los beneficios de las nuevas tecnologías y modos de producción que se requieren para implementar el transporte eléctrico masivo o la seguridad energética. China fue clara cuando firmó Kyoto: entendemos la situación, pero no arriesgaremos nuestro programa de lucha contra la pobreza sacrificando prematuramente las capacidades térmicas instaladas. Han cumplido con su cronograma de transiciones y hace pocas semanas anunciaron su compromiso de respetar el pico de emisiones para 2030 y la carbono-neutralidad para 2060, además de haberse convertido en el mayor inversionista y productor de tecnología para las energías renovables. Le corresponde a los Estados Unidos, afortunadamente de nuevo en la senda de la sensatez, equiparar o superar la oferta y hacer algo más complejo, aliado con la UE: combatir a Bolsonaro, el fósil viviente que arrasa con la Amazonia y su gente.

La posición de Colombia en la transición energética ha sido robusta y los resultados promisorios, la adopción de eólicas y solares crece a buen ritmo como resultado de la visión de ciertos privados y un margen de políticas que favorece su adopción, con cierta prudencia financiera, como corresponde a un país que no produce la tecnología, sólo la adquiere y adapta. Bolivia ha dicho recientemente que cambiará eso en LA en conjunto con Alemania y China -otra vez China- al plantear la industrialización del litio del salar de Uyuni y fabricar no solo sus propias baterías sino la competencia al auto eléctrico de Tesla. No será el conocimiento ancestral Aymara, sin embargo, el que haga este salto, sino la misma desprestigiada ciencia moderna al servicio del nuevo eje de poder global.

Dentro de todos estos procesos se avizora el incremento de las metas de disminución de emisiones de CO2 del país (NDC) obviamente a cargo de la estructura productiva nacional, tan golpeada por la covid-19, un gesto loable y parcialmente útil para inducir la transición tecnológica y energética, pero probable e innecesariamente costoso: estamos en la mira del planeta por deforestadores, no por utilizar carbón, petróleo o cemento. Y sin biodiversidad ni bosques ni agua, no tenemos ninguna oportunidad de negociar en el futuro concierto económico del planeta, ni nos quedan opciones de adaptación propias. ¿No será que hay que gastarse la platica donde se requiere y negociar más duro en Glasgow y Kunming, las dos sedes de las COP de los acuerdos de Río de Janeiro, que además poco se hablan entre sí?

Publicado en: https://www.larepublica.co/analisis/brigitte-baptiste-506149/deuda-climatica-3089216

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