Las imágenes son desalentadoras: miles de pollitos sobre las vías, cientos de camiones parados y cargados de alimentos perecederos, decenas de pescadores sin poder comercializar sus productos, millones de aves en peligro de morir por falta de comida, decenas de campesinos botando sus productos y millones de litros de leche tirados sobre los pastos como abono, mientras en las grandes ciudades la protesta social cobra cada vez más vidas y los daños vandálicos a la infraestructura se multiplican.
Un costo social enorme, pues no hay nada más importante para una economía que su capital humano. Eso no admite ningún cálculo. Lo que sí es evidente es que los costos económicos del paro que cumple 11 días en Colombia no sólo corresponden a las pérdidas acumuladas en los sectores productivos y de transporte, sino a los impactos ambientales ocasionados durante los procesos de producción, comercialización y distribución que se necesitan para ponerlos a disposición de los consumidores.
A mano alzada, sin mucha más información que la que ofrecen los sectores gremiales y los transportistas, Colombia ha perdido cerca de 150 mil millones de pesos diarios como consecuencia del cierre de vías y las dificultades en la logística de intercambio comercial. El comercio en Bogotá, por ejemplo, deja de recibir ingresos diarios por 50 mil millones de pesos, según Fenalco, sin contar los puestos de trabajo que se ven afectados y el deterioro en el nivel de ingresos de cientos de miles de familias.
La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) estima que en estos 11 días de paro nacional se han dejado de vender 180 millones de huevos y no menos de 16 mil toneladas de pollo, mientras están en riesgo de morir por falta de insumos no menos de 60 millones de aves. El sector de la piscicultura ha dejado de movilizar y vender unas 3.300 toneladas de pescado. Los lecheros pierden, en promedio, 4 millones de litros de leche diario, pues no pueden sacar sus productos de los centros de acopio.
Pese a que una parte del parque automotor dedicado al movimiento de alimentos y demás insumos está paralizado por los bloqueos, los costos por los daños ocasionados a los sistemas masivos de transporte público aumentarán y, con ellos, los niveles de contaminación también pues el uso del carro privado volverá a ser más atractivo.
La cadena de transmisión
Cada uno de estos impactos se traslada a la cadena y el resultado es siempre el mismo: alza en los precios, especulación, pérdida de dinero, desempleo, pobreza y destrucción de capital humano.
Y, por supuesto, daños invisibles pero cuantiosos en términos ambientales, pues esos insumos y productos demandaron agua, luz, abonos, suelos, agroquímicos, personal de trabajo y, sin duda, tiempo para las cosechas y la manufactura.
Para ilustrar con un pequeño ejemplo la dimensión de los costos ambientales, producir un kilogramo de carne demanda el uso de 15 mil litros de agua, 6.000 litros para un kilo de carne de cerdo y 4.300 litros para uno de pollo. La huella hídrica de los alimentos equivale al 70 por ciento del consumo total del agua en el mundo.
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calculan que de las legumbres y los cereales, el arroz demanda 1.700 litros para medio kilo, 500 litros de agua para medio kilo de trigo; 450 litros para el mismo peso de maíz y 25 litros para arveja. Para una sola manzana se requieren 70 litros de agua; para una naranja, 50 litros, para una papa 25 litros o para producir una lechuga o un tomate, 13 litros de agua.
En bebidas, la leche es la que más agua necesita: 1.000 litros para generar un litro. 840 litros para producir una jarra de café, 720 litros para una botella de vino, 190 litros, para un vaso de zumo de manzana; 106 litros de agua para producir una simple caña de cerveza, o 35 litros para una taza de té.
Ahora, no sólo es importante saber cuál es la demanda de recursos naturales que necesitan esos sectores, sino también los impactos ambientales que ellos ocasionan, esto es, la huella de carbono que generan en los ecosistemas.
Por ejemplo, en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global, el sector de la ganadería en América Latina aporta el 70 por ciento, el lácteo un 15%, el avícola otro 10% y el porcino el restante 5%.
La ganadería aporta en el ámbito global el 14.5 por ciento del total de GEI sobre la atmósfera.
En Colombia, ese mismo sector aporta el 58 por ciento y la agricultura un 48%, según el inventario de emisiones de GEI elaborado por el IDEAM en 2018.
Cabe recordar que el país hizo un ajuste reciente a sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) dentro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y elevó al 51 por ciento la reducción de sus GEI a 2030 y se comprometió a lograr la carbono neutralidad en 2050.
¿Y la seguridad alimentaria?
En ese contexto, los daños económicos que produce un paro prolongado en el tiempo sobre la economía, también lo hace sobre los ecosistemas y la biodiversidad. El solo hecho que se pierda una tonelada de legumbres, el costo ambiental es inmediato, aunque menos visible en términos monetarios, pues tiene repercusiones en asuntos de seguridad alimentaria, salud y empleo.
Luego, no es posible separar lo uno de lo otro. Máxime, cuando el país acaba de conocer los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 sobre los más vulnerables, con cifras dramáticas sobre pobreza y pobreza extrema, desempleo y seguridad alimentaria. Colombia aumentó en 14.2 por ciento su índice de desempleo y no menos de 3.5 millones más de personas ingresaron a la pobreza.
Como si fuera poco, según el último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 2020 de la FAO, antes de la pandemia cerca de 2.000 millones de personas en todo el mundo enfrentaban la inseguridad alimentaria en un nivel moderado o grave, pero las estimaciones advierten que entre 83 y 132 millones de personas adicionales lo sufrirán como efecto del COVID-19.
En Colombia, la prevalencia nacional de Inseguridad Alimentaria en el Hogar (INSAH) en 2020 fue del 54,2%. Es decir, 1 de cada 2 hogares. El 13,8% de los hogares tenía inseguridad alimentaria moderada y en el 8,5% fue severa. En el área rural fue de 64,1%; en los hogares con jefatura femenina (57,6%) y en los hogares con jefe que se autoreconoció como indígena (77%) o afrodescendiente (68,9%), lo que expresa las brechas que aún existen en materia de salud alimentaria y nutricional en el país.
Oportunidad o catástrofe
Un panorama difícil, pues según la propia FAO, en el mundo se desperdician cada año no menos de 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras 690 millones de personas padecen hambre en todo el mundo. En Colombia se pierden cada año no menos de 9 millones de toneladas de alimentos, una cantidad con la que se podría dar alimentación a 800 mil familias. En América Latina esa cifra es de 127 millones de toneladas.
Aun así, estamos frente a una crisis social, pero sobre todo ante una gran oportunidad para Colombia y para la región. Según la FAO y la OCDE, América Latina será responsable de 25% de las exportaciones de alimentos en el mundo en 2028, una situación que aumentaría la actividad agrícola que está impulsando más contaminación por medio de la generación de gases de efecto invernadero, pero que encuentra en la bioeconomía un instrumento valioso de gobernanza ambiental.
Latinoamérica y el Caribe aportan el 14% de la producción mundial de alimentos y Naciones Unidas estima que la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios permitirá alimentar a 10.000 millones de personas en 2050.
La agricultura supone casi la mitad de los empleos de la región. Ese 14% de la producción mundial de alimentos que aporta la región se sustenta en el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, y sus sistemas agroalimentarios suponen hasta la mitad del empleo total, así como entre el 30 y el 40% del PIB.
Para lograr dicho objetivo, y no solo para Colombia, será necesario aumentar la productividad agrícola mediante sistemas agroalimentarios sostenibles, con dietas seguras y saludables, una mayor eficiencia hídrica, la regeneración del suelo y el almacenamiento de carbono, menos gases de efecto invernadero, la preservación de los bosques tropicales y la biodiversidad y una mayor equidad para los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y los jóvenes y mujeres del medio rural.
Elementos todos que necesitan un clima de armonía institucional y una gobernanza territorial que permita superar los conflictos sociales y las espirales de violencia en Colombia. La reactivación económica que demanda reducir las brechas sociales pasa por un crecimiento verde, sostenible, justo y con visión de largo plazo.
Hay evidencia sobre que los mayores costos económicos tienen relación directa con la mayor demanda de los recursos naturales y mayores presiones sobre los ecosistemas. Todo está conectado y no son necesarias más comprobaciones.
