Muchas veces hemos escuchado decir, y estar de acuerdo, que tener casa no es una riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Solo que muchos dicen tenerla, pero no resulta del todo cierto, pues una vivienda no es un techo y unas paredes, sino un concepto que va más allá: hábitat.
Luego, estamos hablando de un asunto mucho más complejo, dinámico, sistémico y que trasciende el hecho físico para convertirse el territorio social y culturalmente construido, donde la vivienda es tan sólo una parte del entorno donde las personas realizan sus actividades, entablan relaciones y construyen comunidad.
Hoy, 5 de octubre, es el Día Mundial del Hábitat, fecha en que resulta trascendental revisar y actualizar nuestra relación con los entornos urbanos desde una perspectiva de lo que significan las viviendas dentro de los ecosistemas que son las ciudades. Una casa no es una casa, así como tenerla no es riqueza, pero casi siempre sí es pobreza.
Según el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), es “el ámbito en el cual los individuos y los grupos establecen relaciones bióticas, físicas y antrópicas, donde se estructuran diferentes sistemas de organización y formalización cultural, institucional, económica y social, lo que se conoce como hábitat”.
Es el hombre en la interacción con su entorno quien modifica, construye, se apropia y significa el mismo, lo que permite establecer roles en un sistema de valores y relaciones dinámicas, no sólo espaciales, sino también geográficas.
Así las cosas, el acceso a una vivienda adecuada puede ser la condición previa para el disfrute de varios derechos humanos, en particular en la esfera del trabajo, la salud, la seguridad social, el voto, la privacidad y la educación.
Es decir, acceder a una vivienda adecuada, cuya definición abordamos más adelante, es un derecho fundamental asociado al derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y en otros tratados internacionales de derechos humanos que han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad.
Ahora, ¿se garantiza ese derecho? Las estadísticas que entregan los organismos internacional como ONU-Hábitat, el BID, la Cepal, la OCDE y el Banco Mundial, no son alentadores y, más bien, ratifican la violación de ese y muchos otros derechos en el mundo. Veamos.
A la intemperie
Las estadísticas sobre el acceso a la vivienda que tiene ONU-Hábitat para 2020, sin medir aún la totalidad de los efectos de la pandemia del COVID- 19 sobre los más pobres y desplazados, estiman que en el mundo cerca de 1.000 millones de personas, esto es, el 20 por ciento de la población, carecen de una vivienda adecuada, otros 1.600 millones viven en asentamientos informales y más de 100 millones más no tienen hogar.
Según el organismo, para 2030, el número de personas con viviendas inadecuadas podría aumentar a 3 mil millones, lo que tendría un impacto dramático sobre esas personas, pues son las más afectadas por la crisis del COVID-19.
Ha sido evidente que la propagación del coronavirus y su velocidad de contagio se debe, entre otras razones, al entorno de confinamiento en viviendas pequeñas y hacinadas, así como por la interrupción de las redes de protección y la disminución del acceso a los servicios, lo que de paso aumenta el riesgo de violencia para mujeres y niños. La ausencia de servicios básicos y la prevalencia del estrés y las condiciones de vida insalubres también contribuyen a la mala salud.
No será posible, entonces, hablar de una reactivación económica sostenible sin abordar, con urgencia, el drama de millones de personas que viven en condiciones precarias, sin acceso a los mínimos vitales para llevar una vida digna.
La ONU llama la atención sobre que las intervenciones a largo plazo que se centran en revisar los enfoques actuales de la vivienda y la tierra son cruciales, ya que podrían influir significativamente en el éxito o el fracaso de las áreas urbanas para responder a los eventos extremos y la recuperación futura después de un desastre. La vivienda, dice, es tan fundamental para el carácter, la forma y la vitalidad socioeconómica de las ciudades como para los resultados de salud pública.
Este día, entonces, se convierte en una oportunidad de abrir de nuevo el debate global sobre el impacto transformador de la pandemia en el sector de la vivienda y definir cómo reconstruir mejor las sociedades, aprovechando el papel de la vivienda como catalizador para la entrega progresiva de los derechos humanos y como base del bienestar de las personas.
Es cierto, como dice ONU-Hábitat, que el coronavirus ha puesto de relieve la paradoja de la vivienda: en un momento en que las personas necesitan refugio con urgencia, millones de apartamentos y casas están vacías. “La vivienda inclusiva, asequible y adecuada es la clave para la transformación sostenible de nuestras ciudades y comunidades”.
Las ciudades deben integrar a los vulnerables, pobres y excluidos en el desarrollo urbano general y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” son una herramienta central para lograrlo.
Una tarea titánica, pues para satisfacer la demanda mundial de viviendas adecuadas, es necesario construir más de 96.000 unidades cada día, lo que además se convierte en una oportunidad para la generación de ingresos y nuevos empleos.
Qué es vivienda adecuada
ONU-Hábitat, en conjunto con otros organismos internacionales, la academia, los tomadores de decisiones y las propias comunidades, ha definido “vivienda adecuada” a partir de siete (7) criterios o condiciones mínimas: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, y adecuación cultural.
Y, además, bajo esos criterios, se habla de déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas, que es un indicador de cuántas cumplen esos parámetros o no.
El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, entregó hace menos de un año su informe sobre América Latina, no sin antes advertir que la insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población de América Latina y el Caribe.
Y, entonces, se hizo la pregunta: ¿qué es el déficit habitacional?
El déficit habitacional busca sintetizar las deficiencias en vivienda y hábitat. El déficit cubre desde la ausencia total de vivienda a la ausencia de condiciones que aseguren una vida digna.
En 2018, la Cepal cuantificó para la región un déficit de 22.7 millones de unidades. El BID definió el déficit habitacional como la combinación de requerimientos cuantitativos y cualitativos.
Déficit cuantitativo: ausencia de vivienda a partir de dos condiciones: 1. Que el número de familias que comparten el mismo techo y comparten las facilidades de preparación de las comidas, sea superior a una. 2. Que haya familias que habitan en viviendas que no pueden ser mejoradas dada la baja calidad de los materiales constructivos.
Déficit cualitativo: No incluye las viviendas consideradas en el déficit cuantitativo. El déficit cualitativo se define a partir de tres condiciones: Condiciones deficientes de la vivienda: viviendas con alguna de estas limitaciones: techo hecho de materiales no permanentes. Paredes y estructura hechas de materiales no permanentes. Suelos de tierra.
Hacinamiento: más de tres personas por cuarto.
Condiciones deficientes del vecindario: insuficiencia de infraestructura o servicios: Ausencia de agua potable con acceso por tuberías Ausencia de cloacas o sistemas de disposición de aguas servidas. Ausencia de electricidad.
En estas condiciones, el BID estima que una de cada tres familias en la región habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos. Casi dos millones de las tres millones de familias que se forman cada año en las ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como en las zonas marginales, a causa de una oferta insuficiente de viviendas adecuadas y asequibles.
Cada año, dos terceras partes de las nuevas familias habita viviendas construidas con materiales precarios, de manera informal, con escasos recursos y sin el conocimiento ni el apoyo técnico necesarios.
Estas viviendas están construidas en asentamientos informales ubicados en zonas de riesgo, inseguros, con servicios insuficientes y lo más probable es que sean vulnerables ante amenazas naturales como terremotos, lluvias, huracanes e inundaciones y cambio climático.
Los requerimientos de vivienda expresados en el déficit habitacional son consecuencia de una situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios sectores de la población. La exclusión consiste en condiciones como insuficiencia de empleo adecuado y estable, falta de acceso a créditos, falta de conocimiento o asesoramiento técnico y falta de titularización de la propiedad y de la tierra.
Cómo está Colombia
Según datos contenidos en el Censo del DANE 2018, cerca de 18,2 millones de colombianos viven en estado de déficit habitacional (con carencias relacionadas con una óptima y digna calidad residencial), lo que equivale al 36,59% del total de la población actual. De los 14.6 millones de hogares del país, 5.1 millones están en esta condición.
Es relevante el dato, si se tiene en cuenta que en su estudio de Urbanización y Políticas de Vivienda de 2014, la Cepal y el BID habían establecido que el déficit de vivienda en Colombia para el periodo 2008-2012 era de 37%, es decir, una década después estamos en la misma situación.
El propio DANE ha hecho una lectura de las cifras del Censo y las puso en contexto de pandemia. Así, hay 3’765.616 hogares con déficit cualitativo (26% del total de los hogares colombianos) y 1’378.829 hogares en déficit cuantitativo (9,8% del total nacional). Según este escenario, son más de 3,5 millones las familias que afrontan la pandemia en condiciones de hacinamiento o de peligro estructural.
San Andrés y Providencia, actualmente bajo confinamiento estricto por aumento de casos de COVID-19, del 92,8% del déficit habitacional que tienen, el 79,2% presenta edificaciones con un alto grado de aglomeración por unidad residencial y riesgo de colapso.
Del 14,1% del déficit en Bogotá, donde ocurren más la mitad de los casos de contagios del país, el 10,21% de esas viviendas presenta esta misma situación.
El hacinamiento también es preocupante en Colombia. Según el Dane, el 11,7% (1’642.754) de los hogares colombianos vive en dicha condición. De este porcentaje, el 67,6% son familias de seis integrantes o más, cuya vivienda no supera en muchas ocasiones los 15 m2, esto es, es imposible cumplir las recomendaciones del Ministerio de Salud de mantener dos metros de distancia entre personas del mismo núcleo familiar.
Aún así, ONU-Hábitat le otorgó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, su premio Pergamino de Honor por la gestión adelantada en medio de la pandemia por la COVID-19 en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico, después de superar a otros 120 candidatos.
El Gobierno ha puesto en marcha un plan de reactivación verde por valor de 170 billones de pesos y activó una batería de programas y proyectos en el sector de vivienda, agua, energía y saneamiento básico. La meta es entregar 200 mil subsidios a 2022, de los cuales 100 mil subsidios son para la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y otros 100 mil para no VIS.
En el último semestre de 2019, el propio Ministerio inició obras para 30.149 viviendas, entre casas y apartamentos, 14.047 de ellas en proyectos VIS, lo que significa un repunte importante en las metas.
En agua potable y el saneamiento básico, el Gobierno contempla la ejecución de 108 proyectos, que se complementan con 50 obras más en los municipios donde se llevan a cabo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o zonas de paz.
En términos del déficit cuantitativo, las cifras del DANE respecto de Antioquia muestran que el departamento alcanza los 130.419 hogares en esa condición, de los 1.979.841 existentes en todo el territorio. En relación con lo cualitativo, esa cifra alcanza los 437.199 hogares.
Medellín, por su parte, según cifras del Instituto de Vivienda, Isvimed, el déficit habitacional cualitativo es del orden de 52 mil viviendas y el cuantitativo de 32.733 unidades.
En el Valle de Aburrá, sin contar Medellín, en los restantes nueve municipios, el déficit habitacional es superior a las 110.000 unidades, siendo Sabaneta y Envigado donde las cifras son menores.
Bajo este panorama global, la pandemia no sólo ha dejado a muchos sin vida, sino que puede ser la gran oportunidad para dejar a millones con techo, pero con techo y vida digna. Ese es el reto. Hoy es un buen día para comenzar.
