Colombia tiene unos 50 millones de habitantes, según el último censo del Dane 2018. Pues bien, el COVID-19 podría llevar a la pobreza extrema a 100 millones de personas en el mundo, es decir, dos veces la población de nuestro país.
En América Latina esa cifra podría llegar a 45 millones de pobres más, pues la pérdida de empleos como consecuencia del deterioro económico del sistema productivo no podrá satisfacer ni siquiera un ingreso promedio de 1,9 dólares diario (6.500 pesos) por persona, lo que lo sitúa en condición de pobreza extrema, según el Banco Mundial.
En Colombia, la situación no es menos dramática, dadas las proyecciones que se tienen sobre el impacto del coronavirus en la economía. El país se contrajo 19.7 por ciento del PIB en el segundo semestre de 2020 y se prevé que al finalizar el año se llegue a un 7.5 por ciento del PIB. Un punto del PIB equivale a 10 billones de pesos.
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, en entrevista con medios internacionales advirtió que esas cifras podrían aumentar si la pandemia del COVID-19 se prolonga por mucho tiempo o empeora, tal como ha venido ocurriendo en países como Italia, España, Alemania y Reino Unido, que habían flexibilizado los confinamientos y abrieron buena parte de su economía.
Estimar en 100 millones el número de nuevos pobres no resulta halagador, pues la última estimación del mismo BM fue de 60 millones de personas en situación de pobreza extrema.
El deterioro se debe a una combinación de destrucción masiva de empleos durante la crisis sanitaria y problemas de suministro que dificultan el acceso a alimentos, según el BM.
De ahí que el BM se comprometiera a destinar 160.000 millones de dólares en apoyo financiero para 100 países hasta junio de 2021 como un salvavidas en medio del naufragio de la economía global, cada vez más infectada de malas noticias.
La deuda externa, otra “vacuna” dolorosa
Semejante panorama es lo que ha llevado a que buena parte de las más grandes economías del mundo ya estén pensando cómo suspender los pagos de la deuda de las naciones más pobres hasta fin de año y debatir para 2021 cómo ayudar a esas economías a reducir los pasivos.
La pérdida de puestos de trabajo afectaría con mayor rigor a sectores como servicios y turismo, pero quienes logren sobrevivir tendrán que aceptar la pérdida entre 20 y 30 por ciento del valor de sus actuales salarios.
Paso a la informalidad
En el mundo, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existen 2.000 millones de trabajadores informales, pero la pandemia llevará a cientos de millones más a esa dramática condición, deteriorando no sólo los índices de pobreza monetaria e ingreso per cápita, sino aumentando los de la desigualdad.
Tal como lo advirtieron recientemente varios organismos multilaterales y centros de investigación hemisféricos, América Latina podría sufrir un retroceso de 15 años en los avances logrados contra la pobreza y la miseria, así como en el acceso a servicios públicos, saneamiento básico, educación y salud.
“Estamos en una nueva década perdida para la región y quizás más devastadora que la vivida en los años 80”, aseguró el investigador y escritor Luis Jorge Garay, en un conversatorio sobre el modelo económico que necesita el país para reactivar de forma sostenible nuestro aparato productivo.
El profesor Garay fue contundente en afirmar que el modelo neoextractivista que ha gobernado a Colombia no puede mantenerse, porque ha demostrado que no le sirve al país, no sólo en términos de impuestos y de regalías, sino en relación con la calidad de vida de las comunidades asentadas en las zonas de explotación minera, cada vez más pobres y excluidas de las ganancias de las grandes compañías.
¿Reactivación o reconstrucción?
“Yo no hablaría de reactivación, sino de reconstrucción”, dijo Garay, al llamar la atención del Gobierno en torno a la renta básica que ya están demandando varios sectores del país, incluido el propio partido de Gobierno, el Centro Democrático.
Para el investigador, la pandemia ha llevado a cero los ingresos de no menos del 60 por ciento de los hogares que hoy están siendo beneficiados por los programas Familias en Acción e Ingreso Solidario, cuyos recursos no cubren ni siquiera el 17 por ciento de la línea de pobreza de un hogar de 3.4 personas. Es decir, asegura Garay, el 60 por ciento de las familias colombianas estarían por debajo de la línea de pobreza monetaria por efectos de la pandemia. Es cifras, serian entre 1.5 y 2 millones de personas, que en su mayoría están dedicadas a los micro negocios informales.
De ahí la urgencia que demanda tal situación en la aprobación de una renta básica permanente que permita sobrellevar las cargas a tantas familias y evite un deterioro mayor al capital social y monetario, combustibles siempre de las grandes protestas en Colombia y en América Latina.
De la forma en que se resuelva la crisis económica, social y sanitaria, agravada por la pandemia, dependerá la estabilidad política e institucional de la región, advierten los expertos.