El Plan lo han llamado “Cangrejo Negro”. La ejecución será en Providencia y Santa Catalina, dos de los sitios más afectados por el paso del huracán Iota por el Caribe, de categoría 5, como nunca antes había sucedido en Colombia. El objetivo es reconstruir el archipiélago y la pregunta necesaria y urgente es si esta vez lo vamos a hacer bien, teniendo en cuenta nuestras propias equivocaciones y, en especial, si de esta crisis climática aprenderemos, de una vez por todas, que no tenemos opción para el fracaso.
Los vientos que soplan aún circulan por las islas y no se despeja la incertidumbre sobre cómo recuperar las zonas devastadas. La instalación de las primeras casas prefabricadas temporales ya comenzaron a generar preocupación entre los propios raizales y algunas declaraciones de funcionarios del propio Gobierno no contribuyen a generar confianza.
Por ejemplo, la gerente para la reconstrucción, Susana Correa, manifestó hace algunos días que ya se estaban recogiendo las miles de toneladas de escombros y residuos para llevarlos al relleno sanitario en San Andrés. Ahí se activaron las alarmas, pero rápidamente el Gobierno giró el timón y esta semana envió a las islas un equipo interdisciplinario de expertos del Sistema Nacional Ambiental (SINA) para levantar la información necesaria y definir el plan de acción en Providencia y Santa Catalina.
Aliviana la incertidumbre el hecho de que en ese equipo estén inmersos el Instituto von Humboldt, el Sinchi, Coralina, y todo el andamiaje institucional del Ministerio de Ambiente y la ANLA.
Colombia en su conjunto mantiene la esperanza de que esta vez podamos resolver de fondo un problema endémico de deficiente planificación en zonas de alto riesgo y emprendamos un camino para regenerar no sólo las ciudades, sino los ecosistemas que las circundan. En Providencia y Santa Catalina nos jugamos parte de nuestro futuro ambiental y de mitigación al cambio climático y de sus resultados podremos comprobar si el llamado plan “Cangrejo Negro” efectivamente fue un tributo a la enorme riqueza marina de las islas, o una premonición de que, como el cangrejo, seguiremos caminando hacia atrás o, peor, que el panorama se mantendrá “negro”, oscuro para los colombianos.
Para entender mejor lo que está en juego y contribuir al amplio diálogo que debe darse con todos los actores, entrevistamos a Juan Camilo Isaza, arquitecto y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en temas de sostenibilidad, asesor en políticas de construcción sostenible y promotor de proyectos relacionados con soluciones basadas en la naturaleza. Es especialista en asuntos de morfología urbana
¿Cuáles son los mínimos estructurales para construir ciudades sostenibles?
Juan Camilo Isaza: Lo primero que se debe hacer es establecer la capacidad de soporte de los territorios, pues de eso depende la disposición de los recursos que son necesarios, esto es, agua y energía, por ejemplo. El otro factor es la capacidad económica y de provisión de oportunidades de esa población para poder hacer sostenible su permanencia. El drama de las ciudades es proporcional a la tragedia del planeta. Demandamos de ellas más de lo que les es posible proveer. Es evidente que los modelos urbanos cumplieron una función vital para el momento en que se dieron, pero el mundo ha cambiado y seguirá cambiando a una velocidad que exige nuevos y flexibles modelos de planificación urbana, sin que ello signifique no aplicar esos mínimos exigidos en términos de seguridad, calidad de vida, desarrollo económico sostenible, economía circular. Creo que es la innovación, entonces, el mejor camino para lograr ciudades sostenibles. Ahora la innovación depende del talento humano.
La construcción sostenible se sostiene sobre cuatro pilares: la ecoeficiencia, es decir, lograr los máximos rendimientos utilizando el mínimo de insumos, generar bienestar colectivo, ser rentable y conservar los recursos naturales.
¿Cómo hacer sostenibles esos territorios que hoy sufren las consecuencias de una planificación deficiente, entre otros, los de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, destruidos por el huracán Iota, pero también los de Antioquia, Chocó, azotados por las lluvias?
En Antioquia, sin duda, es necesario recuperar el valor de la vivienda desde el punto de vista cultural y patrimonial, pero no en términos estéticos, sino en la utilización de materiales propios de la región como determinantes de su riqueza arquitectónica. El uso de la tapia, la guadua, la madera nativa… La nueva Ley de Vivienda, por ejemplo, permite ver la vivienda de interés cultural como un instrumento de construcción sostenible.
El problema estructural del país es que la vivienda ha sido vista desde fines comerciales y no sociales ni culturales. El óptimo económico que predomina en el sector lo que ha hecho es replicar el mismo modelo en todo el país, desconociendo en las particularidades de los territorios, su historia y sus costumbres, sus potencialidades ambientales. Los determinantes ambientales deben ser requisitos obligatorios en todo proyecto urbano.
De ahí la oportunidad histórica que tiene Colombia para reconstruir a Providencia, Santa Catalina y parte de San Andrés, pero bajo nuevos conceptos de sostenibilidad, resiliencia, adaptación climática, eficiencia energética y, por supuesto, con soluciones basadas en la naturaleza. Es aceptable que ahora se esté ejecutando un plan de choque para recuperar pronto las infraestructuras básicas y de servicios, pero temo que se puedan repetir los errores del pasado y que está crisis no sólo no se resuelva, sino que se agrave.
¿Por qué lo dice?
Lo que nos ha pasado en otros momentos difíciles obligó a tomar decisiones temporales que se convirtieron en permanentes y eso ha generado muchas frustraciones y pérdida de legitimidad y confianza institucionales. La experiencia que dejó la tragedia del Eje Cafetero, por citar un caso, es que mucha gente lo perdió todo, pero se acostumbró a vivir en arriendo y prefirieron vender sus propiedades. Muchos llegaron a otros lugares, pero encontraron muchas otras dificultades. La proliferación de viviendas informales es una consecuencia de una mala gestión de una crisis que debió convertirse en una oportunidad.
¿Cuáles son las recomendaciones que usted le haría al Gobierno en el caso de las islas?
Esta semana, precisamente, tuve la oportunidad de estar en el grupo de personas a las que el Gobierno consultó sobre qué era prioritario hacer en Providencia y Santa Catalina, y la primera recomendación fue revisar con cabeza fría cuáles son los modelos de vivienda que se van a desarrollar allá, pero no las temporales, sino las que serán permanentes. Insistimos en que las que sean temporales no pueden levantarse sobre los mismos terrenos que fueron afectados por el huracán, pues ahí es cuando se corre el peligro de que se vuelvan permanentes.
El otro reto es utilizar de forma sostenible y con criterios de economía todos los residuos dejados por la destrucción de las casas, los árboles, los sistemas de energía y de comunicaciones, pues no resulta esperanzador escuchar decir a algunos funcionarios del Gobierno de llevarlos al relleno sanitario. Es urgente reutilizar muchos de esos materiales en la construcción de nuevas infraestructuras y, sobre todo, emplear a la gente de la región. Nosotros le propusimos al Gobierno abrir una convocatoria pública, un concurso, para que todos los que estén interesados propongan modelos sostenibles que conserven las tradicionales y visiones de los isleños.
Ahí hay una enorme posibilidad de construir una ciudad que sea ejemplo para el mundo. Providencia y Santa Catalina podrían convertirse en verdaderas ciudades circulares. Y, repito, el éxito de todo eso está en la innovación y el talento humano. Tenemos que evitar que todo ese sistema colapse por no hacer las cosas bien.
Los conceptos de construcción sostenible no son exclusivos de las infraestructuras físicas, sino de la relación de éstas con sus entornos, con los ecosistemas y con la biodiversidad. Esa relación de lo urbano con la naturaleza es la que no hemos entendido y por eso el tema de las islas es una oportunidad para el país y un cambio de paradigma de la planificación urbana.
El Gobierno piensa construir unas viviendas antisísmicas y antihuracanes en las islas. ¿De qué estamos hablando?
Las características para ese tipo de viviendas, en especial las antisísmicas, están definidas en una norma (NSR10) que, además es muy completa y rigurosa, así muchos las burlen, en la que se incorporaron dos tipos de cargas: vivas y muertas, internas y externas. Un huracán, con vientos, lluvias fuertes y desprendimiento de objetos, es una carga externa, por ejemplo. La norma exige establecer una resistencia máxima para ciertos componentes y ciertas características de la edificación. En las zonas costeras de los Estados Unidos, por ejemplo, no se permiten los aleros en las casas y edificios y casi todas las construcciones ubicadas en zonas de alto riesgo por inundación están hechas sobre estructuras elevadas, con el fin de que el agua circule por debajo de ellas. Las ventanas, así mismo, deben poder cerrarse con una especie de persianas exteriores que protejan de los vientos huracanados, pero dejen circular la brisa en épocas de calor.
Cualesquiera sea el plano arquitectónico que se defina, no sólo en las islas, sino en todo el territorio colombiano, el Gobierno y las autoridades creadas para tal fin, deben actuar con rigor y hacer cumplir los términos técnicos fijados en la norma. No puede seguir pasando que muchos constructores sigan burlando la ley para abaratar los costos de los proyectos y aumentar sus rentabilidades. La institucionalidad no puede estar bajo amenaza de la corrupción.
¿De qué hablamos cuando te refieres a la morfología urbana?
Literalmente de la forma en que construimos las ciudades, pero el concepto es muy amplio y su abordaje depende del sector desde el cual se apropia, de sus variables. No es lo mismo para un arquitecto que para un antropólogo o un sociólogo, pues las variables cambian. Desde el punto de vista de un arquitecto como yo, estamos hablando de la relación que tiene la ocupación del suelo con la intensidad de uso, esto es, el número de viviendas por hectárea, el número de personas por vivienda, el número de metros cuadrados por hectárea en comparación con el área de espacio público disponible privado.
Una ciudad se construye sobre cuatro variantes básicas: ocupación del suelo, equipamientos, la densidad y los espacios disponibles para infraestructuras de servicios y esparcimiento. En otras palabras, cuánto de lo que se puede edificar yo utilizo realmente, en especial cuando se habla de construcción en altura. Esas variables son fundamentales para poder establecer la demanda de recursos: agua, energía, alimentos, educativos, salud, transporte, cultura, pues a su vez éstos producen unos impactos. De eso se trata la morfología urbana.
¿Esa morfología como funciona dentro de las ciudades, vistas como un ecosistema en la definición que hacen urbanistas como Salvador Rueda, de Barcelona, y Alfonso Vegara, de la Fundación Metrópoli, por ejemplo?
Pregunta compleja, pero suficiente para asegurar que no es posible hablar de morfología sin entender cómo funcionan las ciudades, pues efectivamente son ecosistemas vivos. La calidad del aire, por ejemplo, es un tema que nos obligó a pensar cómo construimos una territorio como Medellín y su área metropolitana sin tener en cuenta su morfología de montañas, de valle estrecho. Y no pasa sólo acá, sino que el problema se extiende en lo regional y lo nacional, sobre todo por las interdependencias que hay dentro de distintos niveles territoriales.
Si tomamos el ejemplo de agua pasa igual y ni qué decir en torno a la producción de energía y de alimentos. Casi todo lo que llega al Valle de Aburrá se produce por fuera de él. Esa situación es determinante para pensar cómo vamos a hacer sostenibles estos territorios.
¿Y qué debemos hacer entonces?
Las escalas de planificación fueron definidas en la Ley 388 y comenzaron a escala municipal, manteniendo a los municipios como entidades básicas de gestión. Pero luego nos dimos cuenta que eso no era suficiente, porque existían otras escalas, por ejemplo, en las cuencas y hubo que hacer POMCAS, pero tampoco era suficiente y tuvimos que ir más allá para desarrollar una ley de ordenamiento para planificar mejor las regiones y aparecieron esquemas de provincias y regiones administrativas (PAP, RAP).
Es decir, modelos de planificación que superan los límites administrativos y de autonomía locales. Ahí está parte de la respuesta a cómo hacer planificación urbana con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
¿Cómo hacer compatibles esos conceptos con las necesidades de espacio público y de vivienda digna, en especial como parte de la respuesta que debemos tener frente a las falencias que desnudó la pandemia del COVID-19?
Una ciudad bien planeada es la que permite la construcción de tejido social desde el espacio público y, por ende, de su disponibilidad depende la salud de ese ecosistema urbano. De ahí la importancia que recobró ese concepto en medio del distanciamiento social y el confinamiento. Ahora, más allá del espacio público, lo que existe son viviendas, edificios y equipamientos, pero unos y otros están relacionados.
Entender esas dependencias será fundamental para acordar un nuevo tipo de relación con la ciudad desde nuestras propias viviendas. La conectividad es trascendental, así como el teletrabajo, el autocuidado y la protección de los ecosistemas, en especial los que están entre las infraestructuras de las urbes.
