Si es cierto, como lo es, que es en el espacio público donde se mide la salud de una ciudad, la pandemia del COVID-19 nos dejó al descubierto lo enfermos que estábamos en términos de la planificación de nuestras ciudades.
Era evidente la asimetría entre el espacio destinado para la movilidad vehicular y el que usan los peatones y los ciclistas, por mencionar dos de los sectores que en esta crisis sanitaria y económica han podido reclamar con más fuerza el “derecho a la ciudad”.
El coronavirus ha hecho posible, con un costo en vidas y pérdidas económicas incalculables, que el espacio público cobre hoy más que nunca su importancia a la hora de pensar las ciudades durante la pos pandemia. El distanciamiento físico pasa, necesariamente, por una mejor distribución y apropiación de los espacios urbanos.
No en vano, las grandes aglomeraciones que han dado inicio a su recuperación económica lo están haciendo a través de la reasignación de espacios hasta hace poco para el tránsito de vehículos en zonas de comercio organizado y movilización ciudadana con distanciamiento físico. Se está trazando un nuevo mapa urbano, de forma temporal, aunque los expertos anuncian que llegó la hora de redefinir la trama espacial en las grandes ciudades, sobre todo en aquellas zonas donde las desigualdades sociales y el acceso a servicios públicos esenciales es latente. Los mapas de contagio por el COVID-19 coinciden con dramática precisión con las zonas más pobres y vulnerables en las grandes urbes.
Qué territorio queremos
Esa ha sido la pregunta que durante los últimos años se han planteado no sólo los urbanistas y los arquitectos, sino los grupos de investigación en ciencias sociales y de la economía, pues es claro que no es posible mantener un modelo de ciudad como el que hasta ahora hemos construido y, menos, mantenerlo.
En la actualidad, cerca del 65 por ciento de la población mundial, estimada en 7.500 millones de personas, vive en las grandes ciudades y para 2050 esa cifra podría aumentar al 85 por ciento de una población proyectada en 9.700 millones de habitantes, según Naciones Unidas.
Un caso dramático de esa sobrepoblación ocurre en el departamento de Antioquia, que tiene una extensión de algo más de 63 mil kilómetros cuadrados y un poco más de 6 millones de habitantes, pero en una de sus subregiones, el Valle de Aburrá, viven más de cuatro millones en tan solo 1.165 km2. Medellín, la ciudad núcleo, es una de las tres ciudades más densamente pobladas del mundo, según la ONU, con un promedio de 19.700 habitantes por kilómetro cuadrado, superada sólo por Dhaka, en Bangladesh, y Mumbai, en India.
Ahora, la densidad urbana no se correlaciona inevitablemente con una mayor transmisión del COVID-19, pero las “ciudades son en gran parte vulnerables como resultado de la forma en que están organizadas y cómo las personas viven, trabajan y viajan dentro y alrededor de ellas”, tal como lo afirma ONU Hábitat en sus estudios sobre la Nueva Agenda Urbana.
Lo que es claro e irrefutable es que la pandemia ha dejado al desnudo las desigualdades sobre cómo viven las personas en las urbes y cómo las ciudades suplen sus necesidades. Los más vulnerables son los que más han sufrido con el coronavirus. Un dato no menor, dado que el 24% de la población urbana mundial vive en barrios marginales y menos de la mitad de la misma puede acceder a espacios públicos abiertos a 400 metros de distancia de sus hogares.
Las medidas de cierre provocadas por COVID-19 han tenido impactos económicos mucho más allá de los límites de la ciudad, ya que las economías urbanas representan el 80% del PIB mundial.
Volviendo al caso de Antioquia, el departamento representa poco más del 18 por ciento del PIB nacional y es el epicentro de la gran industria nacional y de servicios. Medellín fue declarada como la ciudad más innovadora del mundo en 2013.
De ahí la importancia y la necesidad de poner en marcha iniciativas de planificación urbana en la región como son el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) aprobado en 2019, el estudio Metrópoli 2050 y Diamante Medellín (Fundación Metrópoli), así como la consolidación en Antioquia de los esquemas asociativos territoriales bajo la figura de las Provincias Administrativas de Planificación (PAP).
Colombia debe seguir avanzando en el desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, aprobada en 2011, en especial en la conformación de nuevas áreas metropolitanas y Regiones Administrativas de Planificación (RAP), como instrumentos fundamentales de un nuevo modelo urbano, político, económico y social, pero con criterios de sostenibilidad.
Esos criterios son una oportunidad inaplazable para la recuperación económica y social, pero también para la descarbonización de la economía, la transición energética, la protección de los ecosistemas y la defensa de la biodiversidad. La pandemia está acelerando tendencias como la digitalización, los cambios al trabajo remoto y la entrega virtual de servicios esenciales.
La recuperación es una oportunidad para repensar la vida urbana para abordar la crisis climática y adaptarse a la realidad de esta y futuras pandemias.
Qué hacer entonces
No existe una única receta, pero los ingredientes que proponen los expertos coinciden en que no es posible mantener el régimen urbano que ha gobernado el mundo hasta ahora ni menos mantener sus procesos productivos dependientes de los combustibles fósiles y la alta demanda de bienes y servicios altamente contaminantes.
El Banco Mundial, así como muchos otros organismos multilaterales, acabó de publicar un extenso análisis titulado “La construcción de ciudades inclusivas y sostenibles en el período de recuperación de la pandemia no es un mito urbano”, cuyos alcances ofrecen muchas pistas y herramientas para la mejor toma de decisiones. El documento hace parte de la serie del BM sobre Desarrollo Sostenible, construir un futuro equilibrado.
Allí, dos expertos analizan la situación de la pandemia en grandes urbes como Nueva York, poniendo el foto en los ingresos de las personas y las densidades de los sitios donde viven y los efectos del coronavirus. Una de las conclusiones es clara: “la geografía económica, no la geografía física, determina el riesgo de contagio. Afirmar lo contrario es un mito urbano”.
Al igual que en Nueva York, asegura el informe, las diferencias considerables en la geografía económica se han relacionado con los casos de COVID-19 en todo el mundo.
Aún así, incluido Colombia, las fórmulas han sido más o menos las mismas: Se han implementado confinamientos a gran escala para contener la propagación del coronavirus y ayudar a los sistemas de salud a hacer frente a la situación. Una preocupación importante es la geografía económica, pues una gran proporción de habitantes de muchas ciudades vive en barrios marginales y asentamientos informales, donde las condiciones de vida precarias y los servicios públicos inadecuados, especialmente de abastecimiento de agua y saneamiento, pueden exacerbar el contagio.
Cinco claves para superar la crisis urbana
Es así como el Banco Mundial creó una metodología que puede ayudar a las autoridades municipales a dirigir los insumos médicos y otros recursos esenciales a las posibles “zonas críticas”, es decir, los lugares con los niveles más elevados de exposición y riesgo de contagio. Se aplicó la perspectiva de la geografía económica y se tienen en cuenta las inversiones en infraestructura, la disponibilidad de servicios públicos y la probabilidad de contagio.
La metodología se creó en abril de 2020 sobre la base de tres conjuntos de datos de todo el mundo que revelan la densidad de población, la superficie habitable disponible y el acceso a servicios básicos, como grifos y baños. Estos datos, combinados, indican dónde y cómo viven las personas. Podría ser una inmejorable herramienta para nuestro territorio y para todo el país.
El BM entendió que existe una necesidad urgente de ayudar a las ciudades a reestructurar sus densidades económicas para que su tejido urbano sea socialmente inclusivo y sostenible desde el punto de vista ambiental. Fue así como estableció cinco medidas prácticas que los gobiernos locales podrían adoptar para salir fortalecidos de la pandemia. Éstas son:
1. Planificar, crear y proteger los espacios públicos. Es fundamental repensar la escala, el diseño y la distribución espacial de los espacios públicos, que incluyen las aceras, los parques, los lugares abiertos y los establecimientos públicos, como bibliotecas y centros comunitarios. Esto es especialmente importante en las ciudades hacinadas de los países en desarrollo, donde la superficie útil del hogar es limitada y las familias generalmente son numerosas. Esta medida mejoraría el distanciamiento social y las actividades recreativas, a la vez que brindaría oportunidades para optimizar la respuesta y la recuperación ante el COVID-19.
2. Modificar las reglamentaciones para crear una mayor superficie útil. El hacinamiento aumenta la densidad al reducir la cantidad promedio de espacio útil por persona, mientras que la altura permite lograr una densidad económica al agregar pisos y superficie útil. Sin embargo, las estrictas normas sobre densidad generalmente restringen las alturas de los edificios y la cantidad de propiedad que se puede construir en una parcela de tierra. Esto limita artificialmente la superficie útil que se puede edificar. Es preciso organizar las ciudades en zonas más pequeñas de densidades diferenciadas, basadas en la capacidad y la demanda de infraestructura, especialmente, el transporte. Los vecindarios urbanos pueden aumentar la densidad económica mediante instrumentos de financiamiento y recuperación de plusvalías inmobiliarias, que también influyen en los valores y la demanda de la tierra.
3. Movilizar financiamiento para infraestructura urbana a fin de fortalecer la capacidad de las comunidades y los gobiernos locales para mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales e informales. La necesidad más acuciante es el acceso al agua potable y al saneamiento. Es necesario ampliar las intervenciones focalizadas que mejoran la capacidad del Estado y la comunidad, combinadas con el financiamiento para infraestructura y servicios. La planificación y el financiamiento deben estar interconectados, no desarticulados.
4. Garantizar los derechos de propiedad y sobre la tierra. Sin la tenencia segura de la tierra y la propiedad, los habitantes pobres, ya sea de asentamientos ilegales o informales, tienen pocos incentivos para mejorar las condiciones de sus viviendas. El riesgo de desalojo o demolición reduce las inversiones que los pobres de zonas urbanas pueden realizar para mejorar su vida. La regularización de la tenencia de la tierra y la propiedad para los ocupantes ilegales y colonos informales se ha relacionado con aumentos de los valores de las tierras y las propiedades, importantes inversiones en la consolidación de las viviendas y otros beneficios socioeconómicos, por ejemplo, mejores resultados en materia de educación y salud, para los niños de muchas partes del mundo.
5. Propiciar los cielos azules. Cuando las intervenciones dirigidas a frenar la propagación del virus sacaron a los vehículos de la calle y cerraron las empresas contaminantes, los habitantes de muchas ciudades de los países en desarrollo disfrutaron de cielos azules y aire puro por primera vez en décadas. El aire puro hace que las ciudades sean más habitables y productivas, a la vez que fomenta el desarrollo del capital humano. Actualmente, las ciudades tienen una oportunidad única para preservar la calidad del aire mientras se recuperan sus economías. El aire puro no solo mejorará los servicios locales, sino que también generará un beneficio secundario mundial al reducir la intensidad de las emisiones de carbono.
En síntesis, resulta fundamental que los paquetes de estímulo relacionados con el COVID-19 aprovechen esta oportunidad única para impulsar la economía y, a la vez, contribuir a un futuro más sostenible y mitigar los impactos del cambio climático, concluye el Banco Mundial.
