Desde el otro lado de la línea telefónica, al ministro de Minas, Diego Mesa Puyo (Medellín, 1982), se le siente la buena energía. Es uno de esos paisas brillantes y de cerebros fugados que el Presidente Iván Duque recuperó para el país y le encomendó una tarea trascendental: acompañar todo el proceso de transición energética que Colombia lidera en América Latina, como eje central de la reactivación sostenible del llamado Pacto por Colombia.
De eso sabe el ministro Mesa, pues no sólo viene del viceministerio, sino que ha ocupado parte de su vida profesional como economista y estratega en asuntos mineros. Se graduó en la Universidad de Concordia, Canadá, y en ese país obtuvo su maestría, en la Universidad McGill. Es analista financiero graduado en el CFA Institute, en los Estados Unidos. Trabajó para la CEPAL y para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde conoció al Presidente Duque, quien lo nombró en propiedad en junio de 2020.
Hoy es uno de sus funcionarios más queridos y respetados y con él tuvimos una productiva conversación al natural para conocer cómo avanza el proceso de transición y recuperación sostenible, con el que Colombia espera equilibrar las cargas dentro de la matriz energética y promover la generación a través de energías renovables no convencionales
La visión del Gobierno es llevar a Colombia a liderar la transición hacia la cuarta revolución industrial, modernizando el sector eléctrico con tecnología de punta, más eficiencia energética y mejor protección del medio ambiente. El blockchain, la big-data y la automatización, los medidores inteligentes, las baterías y la movilidad eléctrica, entre otras, serán fundamentales en la etapa pos pandemia del COVID-19.
No en vano, Colombia ha sido uno de los países de América Latina y el Caribe con los mayores avances en la transición energética. El país subió 9 puestos, pasó de la posición 34, en 2019, a la 25, en 2020, entre 115 países, según el Índice del Foro Económico Mundial. Colombia, según dicho indicador, se encuentra en el segmento de los países líderes, es decir, que cuenta con un sistema energético en buen funcionamiento y alta preparación para la transición, componentes vitales en esa medición.
Entre los datos que nos entregó el ministro Mesa, uno es descomunal: Colombia pasará de generar menos del uno por ciento de energía con fuentes renovables no convencionales a 12 por ciento en 2022; es decir, de 50 MW a 2.500 MW año, lo que significa 50 veces más a lo que hoy se genera a través de parques eólicos y paneles solares.
¿Cuáles son las bases de la transición energética y en qué contexto estamos?
Diego Mesa Puyo: La política de transición energética es uno de los pilares centrales del Pacto por Colombia del presidente Iván Duque. Y tiene dos grandes aristas. La primera es la incorporación acelerada de energías renovables no convencionales, tanto en la matriz que está interconectada al sistema nacional, como en autogeneración.
Esta pandemia provocó un freno de mano en la economía. ¿Cómo convertir esta crisis en una oportunidad única para la reactivación sostenible de la que habla el Gobierno?
Tenemos un compromiso por Colombia, tal como lo dijo el Presidente Iván Duque en la instalación de la nueva legislatura del Congreso, el 20 de julio. Allí habló de cuatro ejes y uno de ellos es el del crecimiento más limpio, más sostenible, dentro del cual el sector minero-energético es un actor fundamental. La idea es acelerar todos los procesos de transición energética y con ellos aumentar la inversión lo más pronto posible, dado que la demanda de obra es muy alta y necesitamos mejorar los ingresos, no sólo de la nación, sino de las comunidades. Creemos que no menos de 55 mil nuevos empleos se podrían generar en el sector en los dos próximos años.
¿Cuál es la concepción dentro del Plan de Desarrollo de dicha recuperación sostenible?
En la Ley de Financiamiento se dejaron sentadas las bases para que el sector minero energético fuera mucho más atractivo para la inversión. Se mejoraron los incentivos tributarios que ya existían y poder nivelar la cancha, con el fin de promover la llegada de nuevos inversionistas, nacionales y extranjeros. Se incrementó, por ejemplo, de 5 a 15 años la sobre-deducción del 50 por ciento contra el impuesto de renta en inversiones para los proyectos de generación de energía con fuentes renovables no convencionales y eficiencia energética. En esa ley se incluyó una medida que aplica a todas las industrias en el uso de capital, incluyendo las de energía, y es que el IVA que se pague en la adquisición de bienes reales sea ciento por ciento descontable del impuesto de renta. Es decir, se elimina el IVA en la adquisición de esos bienes y lo vuelve un pago adelantado del impuesto de renta.
¿Y el Plan de Desarrollo también incluyó medidas para los comercializadores?
En efecto. La obligación para los comercializadores de energía contempla que entre el 8 y el 10 por ciento de su portafolio debe provenir de fuentes renovables no convencionales. Adicionalmente, se estableció que el IVA en la compra de paneles solares fuera excluido de forma automática, pues antes había que surtir una serie de trámites que tornaba muy engorroso el acceso a ese beneficio.
¿Eso motivó la amplia participación en las subastas de energía?
Pudimos capitalizar a nuestro favor ese nuevo escenario normativo y de incentivos. En especial, en el tema de cargos por confiabilidad. Respecto de las subastas en energías renovables no convencionales logramos adjudicar 14 proyectos en total, pero sumando los de autogeneración, esto es, los de Ecopetrol y Celsia, de lejos vamos a superar la meta fijada en el Plan de Desarrollo de pasar de 50 megawatios de capacidad instalada a 1.500 MW en estos cuatros años, porque a 2022 tendremos cerca de 2.500 MW, es decir, 50 veces más de lo que tenemos hoy.
¿Cómo es la composición de esos proyectos dentro de la matriz energética?
De los 14 proyectos subastados, 9 son para generación de energía eólica en La Guajira; 5 son solares y están en Cesar, Córdoba, Valle del Cauca y Tolima. Las inversiones previstas ascienden a casi 9 billones de pesos y con una generación de empleo importante. Todo esto, lo complementamos con la modernización, la digitalización y descentralización de todo el sector. Ahí se van a implementar una serie de recomendaciones para que tengamos una infraestructura mucho más moderna, más innovadora, más eficiente y más sostenible.
¿Y la canasta cómo se divide?
Eso depende mucho de la época del año, pues hay temporadas secas y de lluvia que no permiten comportamientos iguales. Pero en energía hidráulica, por ejemplo, está en un 65 por ciento y el resto es casi todo térmico, es decir, generación con carbón, gas natural y combustibles líquidos. En carbón y gas natural está casi el 18 por ciento de esa generación. Importamos un porcentaje muy pequeño desde Ecuador. Y entre solar y eólico, es menos del 1 por ciento. De ahí el salto exponencial que estamos dando, pues vamos a pasar a generar casi el 12 por ciento a través de fuentes renovables no convencionales en 2022.
¿Hidroituango es una preocupación hoy para el Gobierno?
No. Pese a la contingencia de abril de 2018, por todos conocida, se han venido cumpliendo los cronogramas y estamos seguros que generará energía en 2022, como es su obligación dentro del ámbito regulatorio.
El propio Presidente Duque le encomendó otra tarea vital en la sostenibilidad de las ciudades y es lo de la movilidad limpia. ¿Cómo va ese proceso, sobre todo ahora que la pandemia obligó a restringir el uso del transporte público?
Hace poco más de dos semanas celebramos el primer año de haber sido sancionada la ley sobre movilidad eléctrica, en la que también se aprobaron incentivos muy importantes como son la reducción del IVA del 19 al 5 por ciento, cero aranceles y no impuesto al consumo, reducción en las tarifas de los seguros y en las revisiones técnico mecánicas. Los resultados son buenos, pues en 2019, Colombia fue el país de América Latina con el mayor número en ventas de vehículos eléctricos, al llegar a 923 unidades, seguido por República Dominicana y Chile, donde se vendieron en promedio 550 vehículos.
Un avance importante, pero ¿será suficiente para cumplir la meta de 600 mil vehículos eléctricos a 2030?
Tenemos que hacer lo que sea necesario para lograrla y todo el plan de reactivación sostenible nos permite pensar que así será. Acá hay un esfuerzo enorme del Gobierno nacional, pero necesitamos la participación de muchos otros sectores que están comprometidos con el desarrollo sostenible del país.
¿Cómo ha sido esa articulación institucional, porque su Ministerio depende de otros, en especial del de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Comercio, Industria y Turismo?
La articulación ha sido un eje fundamental para avanzar y hay que destacar el buen trabajo que hemos venido haciendo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En La Guajira hay una muy buena articulación con el Ministerio de Transporte, pues logramos sacar adelante toda una normativa que permite habilitar los puertos privados para que hagan toda la logística con las turbinas y las hélices que se necesitan en los parques eólicos. Con el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura tenemos una serie de proyectos de vías terciarias para poder conectar esos parques con las vías principales. Con el Ministerio de Vivienda también venimos trabajando en la solución de algunos problemas de agua, no sólo potable para las comunidades, sino para uso industrial en esos parques. Con el Sena, además, venimos capacitando a mucha gente de la región, pues la idea es que sus habitantes sean los que trabajen en los proyectos.
¿Esta oportunidad contempla el uso del hidrógeno como fuente de energía?
Estamos empezando a trabajar en ese tema. Abrimos una convocatoria con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) para mirar cómo podemos avanzar y crear un marco regulatorio para el uso del hidrógeno como energético y fuente de alojamiento de energía. Ya hay varias compañías interesadas en producir hidrógeno verde en Colombia. No tenga dudas de que vamos a liderar la recuperación sostenible en América Latina. El propio Presidente comandó una iniciativa regional para incrementar la participación en fuentes renovables no convencionales dentro de la matriz de toda América Latina del 56 al 60 por ciento de acá a 2030. De esa iniciativa hacen parte Chile, Paraguay y República Dominicana, mientras con Panamá venimos avanzando en torno a la integración de los mercados de energía, incluido Ecuador.
¿Esa integración pasa por la protección de nuestros ecosistemas estratégicos y la conservación de la biodiversidad?
Sin duda. Parte de nuestro trabajo es asegurar la sostenibilidad de los proyectos y la protección de los recursos naturales. La información disponible es fundamental para que la gente entienda que sí es posible hacer minería y obras en energía de forma responsable con el medio ambiente. Ambos sectores son fundamentales en el desarrollo económico y social del país, porque cada vez demandamos mejores prácticas en la producción de minerales como el oro y el cobre. Esa mayor conciencia ambiental que hemos venido ganando debe ser parte de la pedagogía que necesitamos para hacer compatible el crecimiento económico con la sostenibilidad de los territorios.
