La Justicia falla contra Francia por incumplir metas sobre cambio climático

En un hecho sin precedentes que marca un punto de quiebre en la justicia ambiental global, el Tribunal Administrativo de París acaba de proferir un fallo contra el Estado francés por no cumplir los compromisos acordados en la Cumbre sobre Cambio Climático en la reducción de gases de efecto invernadero. Los magistrados se han dado un plazo de dos meses antes de adoptar medidas más fuertes contra el gobierno de Emmanuel Macron. Este es un triunfo de la sociedad civil y tiene implicaciones para todo Europa. ¿Qué podría pasar en Colombia?

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El actual gobierno de Emmanuel Macron deberá responder a nombre del Estado las sanciones que le impondría la justicia por no cumplir Acuerdo de París. Foto: france24.com

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Desde hace varios años hemos venido escuchando, y aplaudiendo, decisiones en las más altas esferas de la Justicia en las que la naturaleza es protagonista. Ríos, páramos y parques naturales como sujetos de derecho. Una justicia ambiental que ahora tiene el foco puesto en la cuna del Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2015, Francia, donde un alto tribunal acaba de hallar “responsable” al Estado de “no cumplir con los compromisos” suscritos para la reducción de los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

Es decir, por primera vez y con efectos para el resto de Europa y el mundo, la justicia sienta un precedente histórico en la lucha contra el cambio climático. No basta con fijar metas sobre lucha climática, sino que hay que cumplirlas, no sólo en los términos del tiempo, sino de la urgencia que supone el calentamiento global, pues es claro que no es posible llegar a los resultados finales cuando los compromisos están llegando a su vigencia final.

Esta demanda, que instauraron cuatro ONG hace dos años, ha sido denominada el “caso del siglo” y significa la primera gran victoria, al menos moral, contra un Estado por no respetar sus compromisos en materia de lucha contra el cambio climático. Los magistrados se han dado dos meses más de tiempo para decidir si ordenan medidas concretas al Gobierno de Francia, tal como pedían las organizaciones demandantes.

El alto tribunal “reconoce la existencia de un perjuicio ecológico vinculado al cambio climático” y considera que la “deficiencia parcial del Estado francés a la hora de respetar los objetivos que se había fijado en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es su responsabilidad”. En otras palabras, su incumplimiento es “ilegal”.

Las ONG demandantes son Greenpeace France, Oxfam France, Notre Affaire à Tous y Fundación por la Naturaleza y el Hombre, que celebraron con sus más de 2.3 millones de firmantes este triunfo ambiental y sus efectos sobre el derecho francés. La directora de Oxfam Francia, Cécile Duflot, dijo al conocer el fallo que “la justicia da la razón a los que alertan de la magnitud de la crisis climática desde hace décadas”.

Los expertos parisinos y varios ambientalistas europeos han señalado que a partir de ahora, las víctimas del cambio climático en Francia podrán reclamar reparaciones al Estado. Pero sobre todo, que el fallo “es la condición indispensable para que la justicia pueda ordenar al Estado tomar por fin decisiones más firmes, fuertes y eficaces sobre el medio ambiente”.

Sanción simbólica, pero trascendental

En su providencia, el Tribunal Administrativo condena de inmediato al Estado a pagar un euro en materia de “perjuicio moral” a cada una de las cuatro ONG que presentaron la demanda en marzo de 2019. Los jueces rechazaron la segunda petición de las ONG, el pago de otro “euro simbólico como reparación judicial por perjuicio ecológico”.

Aunque simbólico, el potencial que tiene la sentencia es exponencial, pues se dan dos meses de tiempo para estudiar la posibilidad de ordenar medidas concretas al Estado para revertir esas carencias advertidas en el cumplimiento de sus compromisos. Con este plazo adicional, los magistrados dan tiempo a que el Consejo de Estado, la máxima autoridad administrativa del país, pueda pronunciarse sobre una demanda similar presentada por la localidad costera de Grande-Synthe, en el norte de Francia, que podría marcar las pautas al Gobierno de Macron.

El pasado noviembre, el Consejo de Estado había dado un ultimátum al Ejecutivo para que, en un plazo máximo de tres meses, que está ahora a punto de expirar, el Gobierno justifique “que la trayectoria de la reducción (de gases de efecto invernadero) con vistas a 2030 puede ser respetada”.

La “inacción climática” de Francia fue evidente por la oposición del Gobierno de Macron de acceder a una petición de que se adoptaran medidas suplementarias para “modificar la curva de las emisiones producidas y respetar, como mínimo, los compromisos de Francia”.

El propio Consejo de Estado constató en su ultimátum al Gobierno del pasado noviembre que, pese a que Francia se comprometió en el Acuerdo de París a reducir hasta 2030 el 40% de sus emisiones respecto de la era preindustrial, entre 2015 y 2018 “solamente ha realizado una reducción de media de sus emisiones del 1% anual, cuando el techo fijado imponía una reducción del 2,2%”.

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La ciudadanía francesa, agrupada en cuatro ONG, fueron las que demandaron los incumplimientos del Estado en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Foto: france24.com

A ello se añade, advierte la sentencia, el decreto firmado el 21 de abril del año pasado por el Gobierno de Macron revisando a la baja los objetivos de reducción de emisiones entre 2019 y 2023, con lo que, destacó el Consejo de Estado, “una parte de los esfuerzos inicialmente previstos también son aplazados a después de 2023, lo que impondrá realizar una reducción de las emisiones a partir de entonces a un ritmo que jamás se ha logrado hasta ahora”.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, al conocer el fallo, ha reconocido que “hay incumplimientos desde hace varias décadas”, pero ha asegurado que el ejecutivo de Macron está realizando la “política probablemente más ambiciosa” de los últimos gobiernos en materia de lucha contra el cambio climático. “Hay una movilización absoluta en la lucha contra el calentamiento global y estamos a la altura de esa ambición”, ha sostenido.

Las repercusiones del fallo

El de Francia es uno de los cientos de litigios climáticos abiertos en el mundo para forzar a Gobiernos y grandes empresas a tomar medidas de calado contra el cambio climático.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático, de la Universidad de Columbia, tenían controlados 1.550 casos de este tipo en 2020.

Estados Unidos, con una gran tradición en los pleitos medioambientales, acumula el 80% de todos los del mundo. Y en la Unión Europea hay 55 demandas climáticas abiertas.

La sentencia francesa envía un mensaje muy claro a los gobiernos europeos: la inacción ante el cambio climático es ilegal, según abogados de la Greenpeace.

Para el caso de Colombia, donde la Corte de Suprema de Justicia acaba de negar las pretensiones de un grupo de ambientales que pedía declarar el Parque Natural de las Hermosas como “sujeto de derechos” y, por ende, obligar al Estado a adoptar medidas especiales de conservación y protección, el tema de la Justicia ambiental tiene avances, pero también muchos obstáculos.

Para la Corte Suprema, el Gobierno sí ha cumplido con la protección y conservación del ecosistemas en Las Hermosas y, como tal, no procede la tutela. Los accionantes pusieron como un antecedente a su favor los fallos adoptados por la justicia en torno al reconocimiento como sujetos de derecho, por ejemplo, del río Atrato en Chocó, o el Parque Nacional Natural de los Nevados. La Corte advirtió que los casos no pueden compararse.

Ahora, retomando el fallo parisino, por ser Colombia un país firmante de los Acuerdos de París sobre Cambio Climático y haber acordado reducir el 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 podría ser demandado en caso tal de no estar cumpliendo esos acuerdos, aunque no hay jurisprudencia al respecto.

De ahí la importancia que tiene para el país y para la comunidad internacional la ratificación del Acuerdo de Escazú, que entre otros pilares tiene la justicia ambiental como uno de sus estandartes y las herramientas para hacerle frente al cambio climático desde principios básicos de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia.

Es justo recordar que el Gobierno del Presidente Duque anunció en 2020 la decisión de Colombia de aumentar a 51 por ciento las reducciones de los gases de efecto invernadero a 2030, dentro de las llamadas NDC (Contribuciones Determinadas a nivel Nacional), un instrumento de gobernanza ambiental dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En conclusión: el fallo en Francia es un campanazo a tiempo de la justicia ambiental global para que los países firmantes de los acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad no sean sólo de papel, sino de responsabilidad vinculante con el bienestar de todo el planeta. No más carreta.

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