Informe del IPCC, clave para nuevo CONPES del Gobierno

Documento sobre política de riesgo de desastres y adaptación a la variabilidad climática es una clara respuesta al reciente informe del Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU. Gobierno reconoce grandes vacíos y enormes oportunidades para enfrentar con éxito la peor crisis climática de la historia. El costo previsto es de 2 billones de pesos por año hasta 2030. Está aún en borrador.

desastres naturales en Colombia
Los desastres naturales en Colombia son permanentes, porque no existe una cultura de la prevención, la adaptación y la mitigación del riesgo. Foto: Hernán Vanegas.
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La enorme riqueza en biodiversidad y en recursos hídricos que tiene Colombia es directamente proporcional al nivel de riesgo que existe frente a la variabilidad climática y sus efectos sobre los ecosistemas terrestres y marinos, por lo que resulta urgente y inaplazable la construcción de una política pública que aborde de forma sistémica, y a largo plazo, los desafíos del cambio climático.

De ahí que el Gobierno, en coordinación con todos los Ministerios, los entes descentralizados, las Corporaciones Ambientales Regionales, los grupos de investigación y las comunidades, entre otros, estén en la formulación de un nuevo documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), cuya aprobación debe darse antes de finalizar 2021 y tendrá vigencia a 2030.

Se busca con urgencia definir los proyectos, programas e instrumentos de seguimiento y articulación interinstitucional que respondan, no sólo a las evidentes asimetrías ambientales del país, sino que recoja las valiosas recomendaciones contenidas en el más reciente informe del Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU, en el que se advierte que los efectos del calentamiento global se están dando en todo el planeta y hay daños que ya son irreversibles en algunos de los principales ecosistemas terrestres y marinos.

El CONPES hace una radiografía de lo que ha sucedido en Colombia con los últimos eventos extremos por la variabilidad climática que sufre el planeta, esto es, los fenómenos de El Niño y La Niña (intensas sequías e intensas precipitaciones) y las consecuencias ambientales, económicas y sociales provocadas, y pone el énfasis en la imperiosa necesidad de mejorar los instrumentos de monitoreo, el conocimiento científico, la articulación de los sistemas de información, la diferenciación conceptual entre variabilidad y cambio climático, así como la incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial de proyectos y programas sobre adaptación y mitigación del riesgo de desastres bajo conceptos de resiliencia y cultura regenerativa, no como acciones reactivas para enfrentarlos por coyuntura.

Las estimaciones hechas de forma preliminar estiman que el país necesita hacer inversiones por cerca de dos billones de pesos por año entre 2022 y 2030, teniendo en cuenta que cada dólar invertido en temas de gestión del riesgo representa un retorno de 4 dólares por beneficios.

Así es el mapa de vulnerabilidad por Cambio Climático del Gobierno

Es evidente que ante la alta dependencia del clima para el desarrollo sostenible de Colombia, las afectaciones al crecimiento económico y bienestar social del país están relacionadas con su comportamiento, incluyendo sus eventos extremos, pues los impactos negativos para la población en todos los sectores (productivo, infraestructura, social) tienen consecuencias diferenciadas y se hace necesario establecer instrumentos diferenciados para atenderlas.

El borrador del CONPES estima que el 13% de la población del país (estimada en poco más de 50 millones de habitantes) presenta condiciones de riesgo ante fenómenos
hidrometeorológicos.

Además, de los 19.206 km de vías primarias, el 39% es altamente vulnerable; 29 municipios del Caribe y 18 del Pacífico presentan condiciones de amenaza por erosión costera; el 70 % de la generación eléctrica depende de hidroeléctricas altamente vulnerables; 7 de las 9 zonas portuarias presentan vulnerabilidad media y alta; y en términos económicos, no adaptarse a los retos del clima podría generar pérdidas del 0,5 % del PIB por año (unos 5 billones de pesos a 2020).

El problema central identificado, dice el Gobierno, es la insuficiente capacidad
para conocer y reducir las condiciones de riesgo de desastres por fenómenos de variabilidad climática que impactan negativamente el desarrollo del país en los sectores y en los territorios, en un contexto cambiante del clima.

Los estudios existentes sobre los fenómenos de variabilidad climática no son suficientes para la toma de decisiones, adicionalmente, hay una multiplicidad y traslape de instrumentos que ha desembocado en desarticulación sectorial y territorial, generando una ineficiencia del gasto.

vía al Llano , Colombia
La infraestructura vial es uno de los sectores más comprometidos dentro de los fenómenos de variabilidad climática. La vía al Llano está cerrada por deslizamientos. Foto: invias.

De ahí que el CONPES pretenda abordar tres líneas causales del problema central identificado. La primera, relacionada con el limitado y desigual conocimiento sobre los fenómenos de variabilidad climática para la toma de decisiones y sus posibles efectos en los diferentes sectores y territorios. La segunda, la baja corresponsabilidad sectorial para la gestión integral de los efectos de la variabilidad climática. Y la tercera, la baja capacidad territorial para reducir el riesgo de desastres ante la ocurrencia de fenómenos de variabilidad climática.

De hecho, la historia reciente del país está llena de episodios sobre desastres asociados a las fases extremas del clima. El fenómeno de La Niña entre 2010-20113 es considerado uno de los desastres más grandes, tanto por su extensión en el tiempo como por sus estragos sobre la población y los daños económicos, estimados en 11,2 billones de pesos, esto es, el 2% del PIB, según el Banco Mundial.

El Niño que afrontó el país entre 2014 y 2016 generó pérdidas económicas del 0,6 % del PIB, por lo que no adaptarse a los fenómenos de la variabilidad climática y al cambio climático, podría generar pérdidas anuales del 0,5% del PIB, según datos de Planeación Nacional, 2017.

El objetivo del CONPES es desarrollar acciones que permitan la generación, análisis, articulación y apropiación social de conocimiento ante fenómenos de variabilidad climática, así como la reducción de las condiciones de riesgo que éstos generan y que impactan negativamente el desarrollo del país en los sectores y territorios, en un contexto cambiante del clima.

Se busca promover el desarrollo de líneas de política nacional para los sectores y
Territorios que permitan:

  1. Generar conocimiento sobre los fenómenos de variabilidad climática y sus posibles efectos, que facilite el análisis y la apropiación social en sectores y territorios, así como la orientación de toma de decisiones para la planificación del desarrollo del país.
  2. Desarrollar mecanismos y estrategias de corresponsabilidad sectorial para la gestión integral ante fenómenos de la variabilidad climática, que fomenten su resiliencia y competitividad.
  3. Implementar acciones que permitan la generación de capacidades y la gestión de los fenómenos de variabilidad climática en los territorios, que fomenten intervenciones resilientes, con soluciones integrales y articuladas.

Colombia, en alto riesgo de desastres

El Gobierno ha repetido en todos los escenarios internacionales que pese a que Colombia sólo aporta menos del 0.4 por ciento de los gases de efecto invernadero globales, está dentro de los países más vulnerables por el calentamiento global.

De ahí que hace poco más de seis meses, el Presidente Iván Duque se comprometiera a reducir un 51 por ciento las emisiones contaminante y aumentara significativamente sus Contribuciones Determinadas Nacionales (NDC), con la siembra de 180 millones de árboles a 2022, cero deforestación a 2050 y 30 por ciento de reducción de pérdida de bosques a 2030. El país avanza, además, en una transición energética que contempla el uso de recursos renovables no convencionales, en especial energías solares y eólicas, que permitirán generar no menos de 2.500 Gigavatios a 2030, es decir, 50 veces más de lo que hoy se produce.

Colombia, así mismo, busca liderar todo un proceso de reactivación sostenible y crecimiento verde en América Latina, aprovechando su enorme riqueza ambiental y de recursos minero-energéticos.

Aun así, el más reciente informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe de 2021 reportó que entre 1988 y 2017, el 91% de los desastres ocurridos en el ámbito global fueron de origen climático. El 53% de las pérdidas económicas mundiales se produjeron por este tipo de desastres.

En América Latina, este tipo de eventos correspondió al 93% de los desastres, con pérdidas aproximadas al 1,5% del PIB en la región.

fenómenos climáticos extremos
La presencia de fenómenos climáticos extremos, como los huracanes, pone en mayor vulnerabilidad las zonas costeras, como ocurrió con Providencia. Foto: Prensa-Presidencia.

Con los recursos invertidos en recuperación y en reconstrucción se podría cuadruplicar la inversión en investigación y desarrollo, es decir, que para algunos países se podría satisfacer el 100 % de las necesidades de abastecimiento de agua potable y saneamiento de su población en un lapso de diez años, mientras que en otros países de la región podrían reducir considerablemente el déficit existente y contribuir a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En Colombia, los desastres ocurridos desde 1998 hasta 2020 son, en su gran
Mayoría, de origen hidrometeorológico, con un 78% sobre el total de desastres ocurridos en dicho lapso. De éstos, el 27% están relacionados con inundaciones, 22% con sequias e incendios, 14% con movimientos en masa, 12% con vendavales y 2% con avenidas torrenciales, según cifras del DNP a 2020.

Los eventos asociados a la variabilidad climática han obligado a realizar inversiones promedio a los 1.6 billones de pesos por año entre 2016 y 2020.

Dichos impactos han puesto en riesgo los avances en materia de desarrollo, y obstaculizado el crecimiento de los países, pues disminuyen su capacidad de impulsar con eficacia estrategias para la reducción de la pobreza, según la CEPAL. Para Colombia, se estimó que un incremento permanente de 2% en el componente exógeno de los desastres naturales genera una caída de 1,5% en el PIB de largo plazo.

Las crisis convertidas en oportunidades

Colombia viene adelantando una serie de ajustes de política pública y de buenas prácticas, dado su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha propuesto elaborar “trayectorias de adaptación” en lo nacional, lo regional y lo local, que permitan planificar y adoptar rápidamente decisiones sobre políticas que reduzcan los riesgos desde el corto al largo plazo, con la adopción de un enfoque flexible y anticipativo para la toma de decisiones, así como orientar inversiones hacia la mejora de la resiliencia.

La inversión en infraestructura resiliente podría generar beneficios de 4 dólares por cada dólar invertido, mientras que implementar prácticas de agricultura sostenible y protección forestal generaría cerca de 2 billones de dólares por año en beneficios económicos, según la OCDE.

La evidencia sobre los beneficios económicos de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) es otro aliciente para emprender el cambio de rumbo, como lo propone el IPCC. Sin los manglares, por ejemplo, 15 millones más de personas sufrirían inundaciones cada año, y la Unión Europea estimó que la restauración del 15% de los ecosistemas degradados generaría entre 20 mil y 70 mil puestos de trabajo a tiempo completo, según la OCDE, 2019.

Colombia debe dar un golpe de timón ante el desafío para el cumplimiento de
objetivos para la gestión del riesgo de desastres. Entre 2011 y 2019, el país ejecutó
recursos por 12,2 billones de pesos, de los cuales el 92% se destinó al manejo de
desastres; el 4%, a reducción del riesgo; el 3%, a conocimiento del riesgo; y solo el 1%, a la gobernanza.

En el ámbito municipal durante 2020, la inversión se concentró en el 47% en la reducción del riesgo, 26% en el manejo de desastres, 22% en el fortalecimiento de la gobernanza y 5% en el proceso de conocimiento del riesgo, lo que muestra que persiste una perspectiva reactiva de la gestión de los desastres.

Este documento borrador de CONPES se articula, pero trasciende otros lineamientos de política pública en temas de sostenibilidad, en especial los referidos a la protección de los ecosistemas estratégicos de páramos, protección de la biodiversidad, transporte limpio y calidad del aire, lucha contra el tráfico de especies y tala de bosques y, en especial, los pactos hemisféricos por la conservación de la amazonía.

Así mismo, vincula proyectos y programas intersectoriales, no sólo en lo nacional, sino a escala regional y local, pues como lo advirtió el informe del IPCC sobre cambio climático, si bien los efectos del calentamiento global se están dando en todo el planeta, los abordajes y las soluciones deben ser diferenciadas y con decisiones basadas en evidencia científica y conceptos de resiliencia y cultura regenerativa.

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Luis Fernando Ospina.
Luis Fernando Ospina.

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