Los huracanes que ahora azotan una buena parte de las costas del Caribe y de los Estados Unidos contrastan con las llamas que consumen cientos de miles de hectáreas de bosques y pastos en algunas ciudades de la región norte del continente, pero parece que todo eso se nos volvió normal, porque cada vez sucede con mayor frecuencia e intensidad.
Lo que no es normal es seguir de espaldas a una realidad que no sólo desborda las capacidades institucionales, políticas, sociales, económicas y ambientales, sino que ha puesto en riesgo nuestra supervivencia planetaria: el cambio climático.
El mundo se encuentra ahora aturdido y congelado ante la pandemia del COVID-19, pero en las grandes urbes, no esas que vemos sólo como la suma de edificios, casas, autos, montañas, ríos, motos, barrios, vecindarios, habitan personas y todos juntos hacen parte de un ecosistema, en el que todo está conectado y cualquier acción trae consigo una reacción en cadena.
La capacidad de responder en bloque, como una unidad, a las manifestaciones de la naturaleza es lo que hará posible la supervivencia del planeta, amenazado por el acelerado aumento de la población y, por ende, de una mayor demanda de bienes y servicios que la propia naturaleza no está en condiciones de proveer, porque ha sido afectada durante décadas por la propia acción humana. No es casual que ahora llueva más ni menos que se incendien con más voracidad los bosques.
¿Qué hacer entonces? La respuesta tiene muchas opciones, pero no admite alguna que no tenga como premisa que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora.
En consecuencia, el llamado es a la acción, pero de forma articulada. Por eso estuvimos en el más reciente conversatorio convocado por la Red de Ciudades BID, uno de los escenarios multilaterales que más ha venido abriendo espacios para el diálogo multinivel.
El tema abordado fue sobre “Claves para una nueva normalidad urbana: inclusión climática para ciudades equitativas”, con la participación de un grupo de expertos y miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, liderados por Ophelie Chevalier, especialista de la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID, y Juan Pablo Bonilla, Gerente del Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del mismo organismo.
Con ellos, compartieron distintas visiones los profesionales Clara Irazábal, directora del Programa de Estudios Latinoamericanos y profesora de Planificación de la Universidad de Missouri, Kansas City; Eugene Zapata, director General de la Red Global de Ciudades Resilientes, Jefe de la oficina de América Latina y el Caribe; Hugo Christy, director de “Demain Matin”; Perry Polar, coordinador de Proyectos en la Red del Caribe para la Gestión Urbana y Territorial y Myrna Campoleoni, miembro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras de Uruguay.
En qué contexto nos movemos
Durante esta última década, según informes del BID, los desastres naturales han afectado a más de 220 millones de personas y han causado un daño económico de 100 mil millones de dólares cada año. Se calcula que el número de personas afectadas por desastres naturales desde 1992 es de unos 4.4 mil millones de personas (el 64% de la población mundial) y que el daño económico es de unos 2 trillones de dólares (equivalente a 25 años de Ayuda Oficial de Desarrollo).
Para 2030, sin inversiones significativas para hacer que las ciudades sean más resilientes, los desastres naturales podrían costar a las ciudades en todo el mundo $314 mil millones cada año, y el cambio climático podría llevar a 77 millones más de residentes urbanos hacia la pobreza.
Solo en 2016, 108 países y territorios sufrieron algún tipo de desastres, lo que corresponde al 54% del mundo. Las ciudades golpeadas por desastres mayores pueden tardas más de una década en recuperarse y en alcanzar sus estándares pre desastre.
Las crisis crónicas y recurrentes, como las sequías requieren que se aborden las causas fundamentales, y no que solo se responda a sus consecuencias. Otros desastres naturales también amenazan a una gran parte de la población. De hecho, las crecidas de río suponen una amenaza para unos 379 millones de habitantes urbanos, y los terremotos y los vientos fuertes podrían potencialmente afectar a 283 millones y 157 millones de personas respectivamente.
Los desastres causados por humanos, como los conflictos y los desastres tecnológicos, también pueden socavar las ganancias de los países y las ciudades. El número de personas en riesgo está aumentando significativamente, con el fenómeno de la urbanización masiva induciendo asentamientos informales y con una alta desudad en áreas vulnerables.
El cambio climático también está exacerbando los riesgos que afrontan las ciudades, ya que está provocando una subida de los niveles del mar que amenaza a 200 millones de personas que viven en la costa.
Cómo actuar en bloque
En definitiva, las ciudades y los gobiernos locales deben incrementar su capacidad de reducir los daños y los periodos de recuperación de cualquier desastre potencial y, para ello, es fundamental implantar acciones, programas y proyectos de alto impacto en términos de resiliencia climática.
Los puntos clave que dejó claro el conversatorio del BID pasan por:
1. Las ciudades de la región han heredado de su historia y de las dinámicas sociales serias dificultades para actuar sobre la desigualdad territorial.
2. La resiliencia se debe pensar de manera supra-sectorial para preparar mejor a las ciudades en torno a superar las crisis, no sólo ambientales, sino económicas o por pandemias.
3. Para pensar en el cambio es clave juntar información suficiente y monitorear la situación de la población y desarrollar mecanismos participativos para lograr una visión completa y veraz de la ciudad.
4. Definir una hoja de ruta para la inclusión climática, pues ésta requiere mejorar la información y la difusión que permita anticipar y prevenir los riesgos. Además, aprovechar lo que aprendimos con el COVID-19 y pensar en modelos de consumo y economía circular. Usar la innovación para cuidar con más eficiencia y eficacia a la gente y al medio ambiente.
5. Los mecanismos participativos son clave para que las ciudades se piensen como espacio en el que todos podemos aspirar a mejorar la calidad de vida.
