Colombia ha decidido dar un paso adelante para liderar una transición sostenible, pero será la comunidad internacional la que decida, de una vez por todas, si acompaña el llamado del planeta a una “reactivación verde” pos pandemia.
Ante la comunidad internacional, reunida alrededor del Diálogo de Liderazgo del Fondo Verde para el Clima, y como antesala a la 75 Asamblea de las Naciones Unidas que recuerda ahora los estragos de la Segunda Guerra Mundial, el Jefe de Estado sacó toda su artillería ambiental para pedir un lugar protagónico en la agenda por la reactivación económica y social, no sólo en América Latina, sino de la mano de Unión Europea y los Estados Unidos.
Con un monto estimado de inversiones por cerca de 170 billones de pesos, Colombia ya ha logrado sendos acuerdos con los países del Hemisferio Sur, en especial con los siete asentados en la Cuenca Amazónica para proteger los bosques, así como impulsar la transición energética que necesita América Latina para enfrentar los desafíos del cambio climático y revertir los estragos de la crisis ambiental del planeta, actualmente en límites devastadores ante la pérdida de biodiversidad, fenómenos atmosféricos extremos, conflictos por el agua, degradación de los ecosistemas y profundas asimetrías en la seguridad alimentaria global.
El lenguaje ambiental del Jefe de Estado colombiano, a poco más de dos años de mandato, se ha venido decantando en torno a la reactivación económica bajo el lema “producir conservando y conservar produciendo”, en la que la transición energética es punta de lanza en su propuesta de liderar en América Latina la consolidación de una matriz de energía más limpia, con proyectos de energía solar y eólica, pero también hacia un modelo de movilidad eléctrica y de reconversión industrial.
Cuál es la hoja de ruta
No sólo en la instalación de las sesiones ordinarias del período legislativo, el pasado 20 de julio, sino en distintos escenarios internacionales, el Presidente Duque mostró sus cartas y presentó las claves de su proyecto de reactivación verde.
La inversión de cerca de 36 millones de dólares en 25 proyectos, entre hidrocarburos y energías renovables no convencionales, suponen en hecho sin antecedentes en la región, pues Colombia pasará de producir 50 megavatios de energía limpia a 2.500 MV de acá a 2002, ampliando en más de 50 veces la capacidad en solar y eólica.
Para lograrlo, Colombia viene liderando el llamado Pacto de Leticia y Visión Amazonía, con el que no sólo busca la coordinación regional, sino aportes de la comunidad internacional para la protección del gran pulmón del mundo. En cooperación, sobre todo de la Unión Europea, Noruega y Reino Unido, el país ha recibido en estos dos años de mandato de Duque cerca de 660 millones de dólares.
El Pacto de Leticia elevó a nivel presidencial los compromisos y las metas para tal protección, pero de la mano de las comunidades indígenas para identificar soluciones basadas en la naturaleza.
La apuesta de Colombia, aunque el país solo representa el 0,4 por ciento de las emisiones de CO2 en el mundo, es trabajar como si fuera el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero, y de ahí que su compromiso con la COP 21 de París es reducir un 20 por ciento la emisión de GEI a 2030. Ese objetivo, además, está incluido en los compromisos de Colombia ante la OCDE.
La agenda global, sin duda, está ahora regida por la lucha contra la pandemia del coronavirus, pero la comunidad internacional ha entendido que el gran enemigo planetario es el cambio climático y no podrá enfrentarse solo, sino que demanda la acción colectiva del mundo. De hecho, una de las mayores preocupaciones que hoy se plantea en la Asamblea de Naciones Unidas es que el multilateralismo entre en una crisis por razones de la disputa de la vacuna contra el COVID-19.
El discurso de Duque es claro en advertir que el mundo en el que nos movemos, el mundo que nos tocó, es un mundo donde está presente el desafío inequívoco del cambio climático. Llevamos 25 años hablando de él, pero no hay una visión unificada y clara de cómo enfrentarlo, aunque ha entendido que “abordarlo no puede ser con estigmatizaciones hacia un sector u otro, sino que se tiene que buscar es una especie de armonía y de balance entre el desarrollo y la protección sostenible de la naturaleza”, según Duque.
Algunos sectores han entendido estas palabras del Presidente como un guiño a los proyectos minero-energéticos que actualmente están siendo discutidos, en especial los que pretenden explotar oro y cobre en zonas de alta riqueza ambiental, como el páramo de Santurbán, o de valor cultural y de biodiversidad, como Quebradona en Jericó, Antioquia.
El Gobierno ha reconocido públicamente que la transición energética es un proceso de mediano plazo y que el país seguirá necesitando por algunos años más de los recursos petroleros y gasíferos. Pese a que el Congreso acaba de aprobar un nuevo proyecto de regalías, negó uno de sus artículos que daba vía libre a la exploración mediante el sistema de fracking.
Ahora, eso no termina la discusión, porque en estos momentos se adelantan proyectos pilotos bajo este sistema, por decisiones de la justicia que protegen la estabilidad jurídica y los derechos adquiridos antes de las decisiones de las Cortes.
Duque, sin mencionar el fracking, dijo en reciente foro económico que hay ejemplos que de muchos países, donde han podido convivir de manera exitosa energías tradicionales con energías renovables. Hacer proyectos de sostenibilidad en múltiples sectores que tienen un impacto ambiental.
El Presidente pidió a la comunidad internacional elevar al máximo el compromiso en materia de transición energética, de hacer un proceso hacia economías neutrales en el uso de carbono y promover, al mismo tiempo, nuevas formas de empleo y desarrollo en el marco de la reactivación económica que requiere el mundo.
Cambio climático, presente
El contexto colombiano respecto del cambio climático es también una apuesta global por la sostenibilidad, dada la inmensa riqueza natural que tiene el país y, por ende, los altos riesgos que se corren de no protegerla. Colombia tiene el 35 % de su territorio en la cuenca amazónica, donde el 50 % de su área es selva tropical húmeda. Tenemos el 50% de los páramos del planeta y somos el país con la segunda mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, después del Brasil.
Un patrimonio, por ende, amenazado por el cambio climático. Colombia se encuentra entre los países más amenazados en erosión costera, así como por la frecuencia e intensidad de fenómenos como el Niño o la Niña. Somos, de paso, uno de los lugares del plantea con su sistema de páramos y nevados en más alto riesgo de deshielo por el aumento de las temperaturas.
Aun así, el Gobierno ha insistido en que es necesario encontrar un balance entre crecimiento económico y desarrollo sostenible. Y una frase del Presidente da pistas para entender su ruta: “Colombia ha sabido entender la riqueza que tiene en el subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo”, en clara alusión a la necesidad de seguir el modelo extractivista que tanta polarización genera en todo el mundo.
Huele a petróleo
La ruta minero-energética, sin duda, sigue plegada a la posibilidad urgente de hallar nuevos yacimientos petrolíferos, pues las reservas actuales para conservar la soberanía energética alcanzan para seis o siete años. Colombia llegó a superar el millón de barriles diarios hace un lustro, y en los últimos se ha mantenido por encima los 800.000 barriles día, no obstante la crisis global en los precios del crudo, en la actualidad en los 46 dólares, en promedio, con las consecuencias económicas que eso trae para el país ante el menor ingreso de divisas por exportaciones de crudo.
El sector de hidrocarburos y, particularmente el de petróleo, ha representado alrededor del 40 % de la inversión extranjera directa, más del 48 % las exportaciones, cerca del 40 % del mercado nacional de divisas y más del 38 % de la capitalización del sistema bursátil.
En las últimas décadas, Colombia también ha aumentado su capacidad de producción de gas, pero no en las cantidades necesarias y suficientes para abastecer la creciente demanda, no sólo en el sector vivienda y comercial, sino en industria y movilidad, dentro de las metas de transición energética.
Esos avances, de paso, han conllevado la modernización del marco legal para los sectores involucrados, incluidos beneficios tributarios y exenciones de renta para inversiones en el sector minero-energético y de vehículos eléctricos. La meta del Gobierno es tener 600 mil carros con energías limpias circulando por el país a 2030. Actualmente, son 6.000.
Simultáneamente, la estatal petrolera Ecopetrol viene adelantando una reconversión energética en su propia matriz y modernizando sus refinería para producir cada vez más combustibles con bajas concentraciones de azufre, dentro del componente ambiental de la protección del aire limpio en las grandes ciudades.
Ecopetrol está produciendo diésel con concentraciones de azufre de menos de 14 partes por millón, un indicador de eficiencia de los más altos del mundo. Igual sucede con la gasolina.
La petrolera, además, se ha convertido en la mayor autoconsumidora de energía renovable en todo el sistema empresarial colombiano durante los últimos dos años. Con paneles solares en parques como Castilla, la empresa produce ahora cerca de 80 MG de energía y está instalando nuevos equipos en otras zonas, con el fin de alcanzar una producción de energía propia de 300 MG en los próximos dos años.
Meta de sembrar 180 millones de árboles
Colombia lidera la Mesa Regional de Transición Energética con la Agencia Internacional de Energía. Para 2030, la meta es que América Latina tenga el 70% de su matriz energética limpia, con Colombia como el gran jugador de la región.
El país, además, adelanta acciones dentro de la iniciativa global de sembrar en nuestro territorio 180 millones de árboles a 2022, dentro del compromiso global de alcanzar 1.000 millones de millones de árboles sembrados, propuesto por el Foro Económico Mundial, en la estrategia de One Trillion Trees.
Colombia ya sembró 35 millones de árboles y deberá llegar a 50 millones de árboles a final del 2020. Se avanza, de igual forma, en la reducción de la deforestación. En los dos últimos años, ésta ha sido de 18 por ciento en promedio, aunque las amenazas siguen latentes y con síntomas de aumentar, pese al confinamiento por la pandemia.
Así las cosas, el Jefe de Estado ha dicho que el motor de la reactivación económica del país está marcado, primero, por la apertura dinámica de los sectores productivos, pero también por la agenda de inversión para los próximos años, que va a superar los 170 billones de pesos entre recursos privados, público-privados y, por supuesto, públicos.
La idea es generar más de 400 proyectos, donde una parte central está, también, en el sector de energía.
Escazú, un acuerdo sin acuerdo
En medio de este panorama, con claroscuros, el país tiene pendientes varios temas por resolver dentro de su estrategia de ser un líder regional en temas de sostenibilidad. Uno de esos pendientes tiene que ver con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que actualmente se discute en el Congreso y que debe ser aprobado antes del 23 de septiembre.
El Ejecutivo radicó el proyecto de ley con mensaje de urgencia, ha defendido sus beneficios y su conveniencia en torno al acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, pero encontró fuerte oposición en ciertos sectores productivos del país que consideran el Acuerdo como un riesgo para la soberanía ambiental de Colombia y un golpe a la seguridad jurídica vigente para los proyectos minero-energéticos que están pendientes de ser aprobados.
Esa puja sectorial está enmarcada en un agitado debate sobre la conveniencia o no de entregar licencias de explotación en zonas de valor estratégico como los páramos, pero además en momentos en que Colombia ha sido catalogado como el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.
Los países que suscribieron Escazú están pendientes de la ratificación por parte de Colombia, pues se necesitan doce miembros (van 10), dentro de los compromisos adquiridos por 22 naciones en el Principio 10 de la Cumbre de Río+20, en 2012.
El trámite en el Congreso ya pasó por las comisiones de Senado y Cámara y se han realizado dos audiencias públicas con los sectores comprometidos y el Acuerdo entra en una semana definitiva para saber sí el liderazgo ambiental que propone Colombia en la región está en la misma vía del Legislativo o no, o si la presión gremial pesa más que la promesa del Presidente de liderar la transición sostenible de América Latina, ahora unida en torno a la defensa de Escazú y de la agenda verde que reclama la actual crisis sanitaria y ambiental del planeta.
