La crisis mundial por el agua está estrechamente relacionada con el uso que de ella estamos haciendo como consecuencia de un crecimiento urbano exponencial, en el que, entre otros factores, la construcción de nuevas viviendas, más industrias, más demanda de bienes y servicios y, en consecuencia, más producción de residuos sólidos y sustancias contaminantes, ha deteriorado progresivamente nuestra riqueza hídrica.
Colombia no es sólo el segundo país más biodiverso del mundo, después de Brasil, sino que tiene poco más de la mitad de los páramos del planeta, con enormes ventajas en los ecosistemas, conexión con dos mares y cientos de ríos que atraviesan las grandes ciudades y han sido ejes centrales de la consolidación de nuevas urbes y ciudades intermedias.
La situación mundial sobre la crisis del agua se hace mucho más evidente en América Latina, dada la dependencia económica que mantiene con las grandes economías, en especial las de Europa, Asia y Estados Unidos, grandes demandantes de bienes y servicios y de productos manufacturados que demandan el uso de grandes cantidades de agua.
Con una población cercana a los 50 millones de habitantes, según cifras del Dane, 2018, Colombia tiene cerca de 3.6 millones de personas sin acceso al agua potable y 5.6 millones sin servicio de alcantarillado, según cifras oficiales de Planeación Nacional.
Colombia es un país anfibio. El 30 por ciento de su territorio es agua, pero no menos de 350 municipios del país (el 32 por ciento) no tienen agua y 450 sufren discontinuidad en el servicio por más de cinco horas diarias, en promedio. Menos de la mitad de las aguas residuales que se producen por acción humana y de la producción no es tratada y, por ende, va contaminada a los ríos y quebradas, de donde son extraídas muchas veces para consumo y para riego agrícola.
Pese a tener dos mares en sus límites con el Caribe y el Pacífico, ser atravesado por grandes ríos, entre ellos el Amazonas, disponer de 48 mil humedales, más de 37 páramos, y cientos de miles de hectáreas de bosque primario, Colombia también ha sufrido los embates del desarrollo urbano y el deterioro de sus ecosistemas estratégicos.
No en vano, mientras tiene en su territorio uno de los cinco sitios más lluviosos del mundo, en Chocó, también cuenta en Uribia, La Guajira, con una de las zonas más secas y áridas de América Latina.
Colombia perdió en 2019 no menos de 270 mil hectáreas de bosque y se convirtió en el quinto país de América Latina y el séptimo del mundo más afectado por la deforestación, un fenómeno ligado a la protección del agua y de los ecosistemas de fauna y flora. En los dos últimos años, la deforestación ha crecido en 20 por ciento. En 10 años, según proyecciones del IDEAM y del Ministerio de Ambiente, Colombia podría perder dos nevados completos: el de Santa Isabel y el del Tolima.
América Latina y el Caribe es la región con la mayor diversidad biológica del planeta, contando con 6 de los 17 países megadiversos y posee casi una cuarta parte de las especies de peces de aguas continentales del mundo. Además, en la región se han reconocido 334 sitios Ramsar (febrero, 2018), con un total de 51,3 millones de hectáreas, correspondiente al 23% del área protegida con estos ecosistemas, distribuidos principalmente en Bolivia, Brasil, México y Perú.
En esta región se encuentra el humedal más extenso del mundo, Llanos de Moxos, en Bolivia, con una superficie de 7 millones de hectáreas, que regula la hidrología de extensas zonas del continente (Ramsar, 2018).
La demanda de agua en Colombia estaba estimada, en 2014, en 35.582 millones de metros cúbicos por año, pero en 2018 subió a 37.308 millones de m3, siendo la demanda para labores agrícolas la de mayor impacto, con el 43 por ciento del total demandado. El 24.3 fue para producir energía.
El país cuenta con cinco áreas hidrográficas: Amazonas, Caribe, Magdalena-Cauca, Orinoco y Pacífico. El 73 por ciento de los afluentes del país están en riesgo alto de sequía; esto es, 32 de los 44 ríos que existen en la cuenca Magdalena-Cauca, que es la que abastece el centro del país. De los 99 principales afluentes colombianos, 43 llegan al Caribe y 56 al Pacífico y en agua dulce viven no menos de 1.500 especies de peces, de las cuales 543 son usadas como alimento. No obstante, 54 especies están amenazadas, de las cuales 26 corresponden a cangrejos y 11 a reptiles.
Como ocurre en el mundo y en América Latina, el uso irracional del agua, la explotación minera que afecta la calidad de los ríos, la invasión humana a zonas de manglares y parques naturales, entre otras, vienen provocando enormes asimetrías en torno al uso y acceso al agua, sin contar los estragos provocados por la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
De los 350 kilómetros cuadrados de glaciares que tenía el país en la mitad del siglo XXI, hoy sólo existen 37 km2, y 47.1 km2 se perdieron en los últimos 30 años. Los dos últimos lustros fueron dramáticos, pues se extinguieron no menos de 10.6 km2. Están identificados 65 acuíferos, pero la concesión de aguas es otra amenaza para el ciclo del agua. Cerca de 1.032 millones metros cúbicos de agua están siendo utilizados por privados por año. Otros 4.000 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas, el 12 por ciento de la demanda total, es utilizada en labores agrícolas y para consumo humano en zonas con escasez.
Cerca de 183 toneladas de mercurio por año van a parar a los acuíferos y al suelo. El 85 por ciento producto de la explotación de oro y 15 de plata. Colombia usó 50 mil toneladas de pesticidas en 2015 y se estima que ese valor se ha incrementado, en promedio, cinco por ciento por año, dada la extensión agrícola y las fronteras para la ganadería extensiva. El área comercial sembrada en el país, en 2018, ascendió a 568 mil hectáreas, de las cuales Antioquia aporta 113.400 hectáreas, según datos de Finagro.
Entre 2006 y 2014, el 26 por ciento de la población colombiana se vio afectada por desastres naturales, esto es, casi de 12.3 millones de habitantes, de los cuales 9 millones lo fueron por inundaciones. Según datos del Banco Mundial, el país ha perdido cerca de US$7.100 millones, el 5.2 por ciento del PIB nacional, por causa de desastres en los últimos 40 años (entre 1970 y 2011), el 60 por ciento de ellos registrados desde 1990.
Antioquia, con poco más de 63 mil kilómetros cuadrados de superficie, tiene una cobertura del 81.9 por ciento en el servicio de agua potable, siendo la subregión del Valle de Aburrá la que mejores datos alcanza, con el 94.2 por ciento. La cobertura en alcantarillado es del 95.9 por ciento en la zona urbana del Departamento y de 36.7 en la rural.
La tasa de deforestación fue de 12.820 hectáreas en 2018 y Antioquia es el tercer generador de Gases de Efecto Invernadero del país. El 11.3 de la demanda hídrica del país está en Antioquia, con un promedio de 588 metros cúbicos por habitante, 22 por ciento menos que el promedio nacional.
El Departamento tiene 81 áreas protegidas, con cerca de un millón 315 mil hectáreas, pero casi la mitad de su territorio está dedicado a las labores agrícolas y una buena parte de la subregión del Bajo Cauca ha sido afectada por décadas por actividades de minería artesanal y por economías ilegales. El 29 por ciento del territorio departamental presenta conflictos por uso de la tierra.
Estas cifras, sumadas a los efectos que tendrá sobre el sistema productivo y económico la pandemia del Covid19, hacen parte de los argumentos esgrimidos por la Gobernación de Antioquia para haber declarado a comienzos de 2020 una emergencia climática, con la que se busca enfrentar los desafíos del cambio climático y los efectos que la contaminación atmosférica ha provocado sobre la calidad del aire y del recurso hídrico en todo el territorio.
