La regla de tres es simple: si la contaminación del aire es la segunda causa de muertes en todo el mundo y el cambio climático es la peor amenaza que ahora enfrenta la humanidad, entonces ambos factores deben incorporarse como articuladores de la política pública en salud, no solo en el ámbito nacional, sino regional y local.
Así lo contempla el memorando de entendimiento sobre cooperación técnica que suscribió el Gobierno nacional en 2020, a través del Ministerio de Salud con el Instituto del Aire Limpio de Washington (CAI), la financiación de la Coalición por el Clima (CCCA) y el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, cuyos avances y cronogramas de trabajo fueron revisados con ocasión del Día Interamericano de la Calidad del Aire.
Se trata de un acuerdo de largo plazo, a 2030, que busca medir la huella
de carbono del sector salud y escalar las capacidades del país e incorporar la dimensión salud en las intervenciones que se realicen en torno al cambio climático y la calidad del aire. El objetivo es fortalecer el rango de acción e incidencia de las políticas en salud dentro de los compromisos globales sobre cambio climático, entre ellas las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que estiman la reducción de un 51 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2030.
Esas NDC contemplan una ambicioso programa de reforestación con la siembra de 180 millones de árboles a 2022, así como la reducción de un 30 por ciento en la deforestación a 2030 y carbono neutralidad a 2050, así como una transición energética hacia fuentes renovables no convencionales que faciliten el desmonte gradual del uso de combustibles fósiles, en especial petróleo y carbón.
De hecho, este memorando de entendimiento se suma a otros instrumentos de política pública sobre calidad del aire, entre otros, dos documentos Conpes (el 3943 de 2018 y el 3550 de 2008), la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) de 2019 y el Plan Decenal de Salud 2020, elevando a la categoría de salud ambiental la interrelación de los seres humanos con factores físicos, biológicos, químicos y sociales dentro de entornos saludables.
Un paso en la dirección del informe global sobre cambio climático
Trabajar articuladamente los temas de salud que están asociados al cambio climático y la calidad del aire resulta central para emprender una hoja de ruta segura y eficaz en la lucha contra el calentamiento global, tal como lo advirtió la semana pasada el Panel de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en su sexto informe, en el que una de sus grandes conclusiones es que resulta “inequívoca” la incidencia de la humanidad en el deterioro de todos los ecosistemas planetarios.
Dicho informe del IPCC mostró que la mayor cantidad de emisiones de GEI como consecuencia del uso de combustibles fósiles sigue aumentando cada vez más la temperatura de la tierra y estamos en un punto de no retorno para evitar el calentamiento por encima de los 1.5ºC, límite rojo fijado en el Acuerdo de París de 2015. Ese calentamiento no sólo se debe al dióxido de carbono que emiten los carros y las grandes industrias, sino que es hora de tener en cuenta gases de corta vida como el metano, menos duradero pero más letal con la atmósfera.
Luego, la evidencia es contundente: el cambio climático y la mala calidad del aire tienen efectos directos sobre la salud y deben enfrentarse de forma sistémica entre los instancias que trabajan por el medio ambiente, la salud y la reactivación verde pos pandemia, dados los efectos del coronavirus sobre las poblaciones más vulnerables, que son, de igual forma, las que viven en zonas de mayor riesgo climático, peores niveles de aire sano y mayores focos de enfermedad relacionados con la contaminación.
La propia Organización Mundial de la Salud estima que son 7 millones de muertes por año las relacionadas con la mala calidad del aire, mientras el número de víctimas por los desastres climáticos aumenta exponencialmente a lo largo de todo el planeta. Basta con mirar los últimos acontecimientos extremos en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Turquia, Italia, Grecia y Australia para entender las dimensiones del cambio climático en torno a los incendios y las inundaciones.
La OMS calcula que de esos 7 millones de fallecidos por año, cerca de 4.2 millones son personas que viven y trabajan en espacios abiertos altamente expuestos a todo tipo de contaminantes, en tanto 2.8 millones fallecen por contaminación dentro de ambientes cerrados, en su mayoría por el uso de carbón y otros materiales para labores domésticas. De ahí, el llamado que hace la Organización Panamericana de la Salud (OPS), adscrita a la OMS, para que se realicen monitoreo y mediciones de forma permanente en lugares públicos fijos donde hay trabajo informal y alta exposición a los contaminantes, así como en sitios cerrados sin acceso a energías limpias.
La propia OPS calcula que son 150 millones de personas en América Latina las que viven en ciudades que exceden los límites permitidos por la OMS sobre la calidad del aire (entre 30 y 35 ug/m3 para material particulado PM2.5 y PM10), mientras las muertes atribuibles a la mala calidad del aire en la región ascienden por año a 300 mil y los costos económicos como proporción del PIB de América Latina están entre el 2 y el 4 por ciento.
En el Valle de Aburrá, donde se presentan dos periodos críticos por contaminación atmosférica al año, por ejemplo, esos costos han sido estimados en casi 2 billones anuales y los de Colombia superan los 12 billones, según estimaciones de DNP.
En qué consiste la alianza entre Colombia y el Instituto de Aire Limpio
Los temas relacionados con la calidad del aire están elevados a la categoría de derechos fundamentales, teniendo en cuenta su incidencia en la protección de la vida. Colombia acumula abundante y completa jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, así como debe cumplir normas internacionales contenidas en tratados y acuerdos globales, entre ellos el Acuerdo de París y la Convención sobre Diversidad Biológica.
Dentro del Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque figuran proyectos y programas ambientales que comparten la visión de “producir conservando y conservar produciendo”, en la que los temas relacionados con el crecimiento verde, la reactivación sostenible y la transición energética están anclados a la Política Pública sobre Cambio Climático, en especial en el componente de Gestión del Riesgo, con los principios de adaptación y mitigación como puntales.
El memorando de entendimiento firmado por el Gobierno y el CAI, del que participan los Ministerios de Salud, Ambiente y Minas, con el apoyo del IDEAM y la OPS, busca articular las acciones hacia una política de salud basada en evidencia, con información precisa y confiable, capacidad de predicción y anticipación, y la toma de decisiones con amplia participación de los grupos de interés.
Dentro de los instrumentos, el memorando contempla la consolidación de una base de datos (mortalidad y morbilidad) en los principales 15 centros urbanos, con el fin de establecer los co-beneficios de la salud en la lucha contra el cambio climático y la defensa del derecho a un aire limpio.
Hace poco más de tres semanas, el Ministerio de Ambiente firmó con 11 alcaldes de ciudades capitales un acuerdo por la calidad del aire y un plan de inversiones dentro del concepto de Biodiverciudades.
Se hará una estimación de la carga de enfermedad atribuible a la calidad del aire en las ciudades que resulten seleccionadas, teniendo en cuenta sus particularidades, sus condiciones y, eso sí, que estén por encima de los 100 mil habitantes. Algunos grupos de trabajo han recomendado que también se haga monitoreo en poblaciones con menos de 50 mil habitantes, donde hay problemas de contaminación que no están ligadas a los combustibles fósiles, sino a otras actividades humanas, en especial las referidas a los residuos sólidos.
Se realizará toda una estrategia de identificación y fomento de medidas de promoción en salud hacia grupos sensibles a las altas exposiciones por contaminación y riesgos por cambio climático.
Para calcular la huella de carbono del sector salud, el proyecto identificará cuáles son las fuentes de mayor generación de GEI, proponer mejores prácticas ambientales e incentivar la migración de las infraestructuras hacia energías limpias y sostenibles. Todos los procesos tendrán una metodología y unos instructivos pedagógicos, así como un tutorial que se entregará a los gobiernos locales y a la iniciativa global Breathelife.
De cualquier forma, el proyecto tendrá en cuenta que no todas las regiones tienen las mismas características, los focos de contaminación también varían, los recursos para el mantenimiento y operación de la red de monitoreo tampoco son proporcionales en cada territorio, pero sí es condición necesaria que todo el sistema esté articulado y funcione bajo las mismas reglas de juego, en especial las que determinan los mínimos permitidos por la OMS sobre calidad del aire.
Pese a que las mediciones sobre contaminación del aire por material participado PM2.5 y PM10 que se hicieron para todo 2019, pues las de 2020 están siendo revisadas, muestran mejores resultados, es necesario medir otros contaminantes de vida corta y ampliar la red de estaciones de monitoreo y establecer estándares que permitan obtener mejor información, no sólo ambiental, sino epidemiológica.
Colombia sólo tiene 80 municipios, en 20 departamentos, que cuentan con Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) definido dentro del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento. Los estudios hechos por el Gobierno establecen que otros 71 municipios deberían estar en el SVCA, 7 de ellos con monitoreo permanente y 8 que no cuentan con suficientes estaciones de medición.
Son 175 estaciones de monitoreo en todo el país, de las cuales 24 están integradas al SVCA. Del total, 126 son fijas, 56 automáticas, 99 manuales, 20 mixtas y 29 indicativas. La información que proviene de dichas estaciones llega al Subsistema de Información de la Calidad del Aire (Sisaire), que se encarga del procesamiento y el análisis de los datos para consulta de los grupos de interés y de la ciudadanía.
Resulta trascendental que todo este esfuerzo interinstitucional se articule con otras iniciativas, públicas y privadas, con la academia, los gremios y empresarios, los líderes sociales y la ciudadanía, con el fin de consolidar una gobernanza ambiental y de salud pública que permita poner el bienestar de la sociedad en el centro de las decisiones, pero no desde una mirada antropogénica, sino sistémica y holística.
