Primero fue el Tribunal Administrativo de París. Ahora la Corte Suprema del Reino Unido. La justicia ambiental europea ha llegado para poner punto final a la desidia de los gobiernos y al incumplimiento de los compromisos que garantizan la salud y el bienestar de los ciudadanos y, por ende, contribuyen al deterioro de la calidad del aire.
Es así como la Corte Suprema del Reino Unido acaba de anular los planes ineficaces del gobierno para reducir los niveles ilegales de contaminación del aire en Gran Bretaña y ordena al que llegue la próxima semana que entregue otros nuevos antes de fin de año, lo que suma un debate más a las ya polarizadas elecciones británicas.
Como se recordará, a comienzos de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de París había declarado culpable al Estado francés por su inacción en la lucha contra el cambio climático y lo consideró responsable de una “falta y de un delito de daño ecológico” por el incumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de CO₂.
Mientras en el Reino Unido el triunfo ante la justicia es de ClientEarth, en París fueron cuatro organizaciones las que consiguieron el fallo, en el denominado Juicio del Siglo”: Greenpeace, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre affaire à tous.
Los magistrados de la Corte Suprema en Reino Unido fueron unánimes en su decisión: “El nuevo Gobierno, sea cual sea su complexión política, no debe dejar ninguna duda sobre la necesidad de una acción inmediata para abordar este tema”.
El fallo, según la ONG, salvará miles de vidas al año al obligar al gobierno a limpiar urgentemente la contaminación de los vehículos diésel, la principal fuente de los niveles ilegales de dióxido de nitrógeno que se encuentran en muchos de los pueblos y ciudades del Reino Unido.
Alan Andrews, abogado de la organización ambiental, dijo que “presentamos nuestro caso porque tenemos derecho a respirar aire puro y hoy la Corte Suprema ha ratificado ese derecho. Este fallo beneficiará la salud de todos, pero en particular de los niños, las personas mayores y las personas con problemas de salud existentes como asma y problemas cardíacos y pulmonares”.
El próximo gobierno, independientemente del partido o partidos políticos que asuman el poder, ahora está legalmente obligado a tomar medidas urgentes sobre esta crisis de salud pública. Antes de las elecciones de la próxima semana, todos los partidos políticos deben comprometerse claramente con las políticas que brindarán aire limpio y protegerán nuestra salud, según se desprende de la decisión de la Corte.
El Gobierno debe comenzar a trabajar en un plan integral para cumplir con los límites de contaminación lo antes posible. Entre las medidas que debe considerar están las zonas de bajas emisiones, el cobro por congestión y otros incentivos económicos.
Los temas asociados a la calidad del aire y la emisión de gases contaminantes son cada vez más prioritarios, dado los compromisos de los países firmantes del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, entre ellos, la descarbonización de las economías y la meta del llegar a la carbono-neutralidad en 2050.
Los límites frente al calentamiento global están en su punto más crítico, no sólo por el aumento de las temperaturas del planeta, sino por la contaminación del aire, que en 2020 alcanzó niveles dramáticos de 418 parte por millón, la más alta de los últimos 50 años. Las previsiones de los organismos internacionales de evitar el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados Celsius a 2030 están muy lejos de ser posibles, y mucho menos los 2ºC a 2050, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La ONU ha pedido redefinir los compromisos adquiridos en 2015 en la COP21 y aumentar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para poder evitar el desastre que supone el Cambio Climático.
Colombia, de hecho, elevó sus NDC del 20 al 51 por ciento a 2030 respecto de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Aún así, las normas vigentes sobre el Índice de Calidad del Aire (ICA) en nuestro país siguen estando por debajo de los estándares internacionales fijados por la OMS y los expertos aseguran que es necesario establecer nuevos parámetros y exigir que ser implementen en todas las ciudades, teniendo en cuenta sus particularidades geográficas y demás condicionantes sociales y de salud pública.
