No hace falta evidencia científica, sino voluntad política para entender, más allá de acuerdos o resoluciones, que los fenómenos asociados a la contaminación del aire están ligados inexorablemente a los derechos fundamentales a la salud y a la vida y, por lo tanto, la calidad del aire es un derecho humano fundamental.
La Resolución expedida este viernes por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque no es vinculante, es decir, no es de obligatorio cumplimiento para los países miembros, sí cierra el cerco de la desidia y la inoperancia de amplios sectores de la comunidad internacional y, en especial, de los mayores contaminantes, que desconocen o subvaloran los efectos de la contaminación ambiental sobre la población.
Algunos de ellos están dentro de los negacionistas del cambio climático como una serie amenaza para la supervivencia en el planeta. Les parece de poca monta y a veces insignificante que no menos de 7 millones de personas mueran cada año por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire en todo el mundo.
La decisión adoptada por el Consejo de Seguridad se suma a la creación de un Relator de Derechos Humanos y Cambio Climático de la ONU y confirma la posición de muchos científicos, académicos, líderes globales, comunidades ancestrales y ambientales sobre la necesidad de elevar a la categoría de seguridad nacional los temas relacionados con el calentamiento global y ajustar las legislaciones a los nuevos principios y alcances de la Justicia Ambiental.
Colombia, que estuvo en años anteriores como miembro no permanente ante el Consejo de Seguridad, recibe un mensaje directo de la ONU en relación con el trámite de ratificación del Acuerdo de Escazú, en el que, coincidencialmente, Costa Rica ha jugado un papel central, tal como lo acaba de hacer con el tema de la calidad del aire.
La creación de la relatoría sobre derechos humanos y cambio climático también representa una oportunidad para los defensores ambientales y los líderes sociales que tienen que enfrentar en condiciones de inferioridad los problemas relacionados con el medio ambiente y la protección de la biodiversidad.
Los alcances de la Resolución de la ONU
El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió, antes de ser elegido, regresar al Acuerdo de París sobre cambio climático como una de sus primeras decisiones de gobierno, comanda esta cruzada por la protección del planeta y, sin duda, hará sentir su voz en la próxima Cumbre en Glasgow, la COP26, donde se deberán tomar las decisiones más drásticas para revertir el calentamiento global.
Y una parte de las soluciones para alcanzar las metas de la Agenda 2030 depende de reducir a niveles históricos las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las cuales la contaminación del aire es un punto crítico y, por ende, sensible al uso de combustibles fósiles como grandes motores de generación de partículas contaminantes de dióxido de carbono, azufre, plomo y metano.
En este contexto, la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático, pues no sólo reconoce que “vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano”, sino que abre la posibilidad de una intervención de la ONU en aquellos países que no aseguren el cumplimiento de ese derecho.
La decisión alienta a los países a crear capacidades para favorecer la protección del medio ambiente y cumplir por esta vía sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, a intercambiar conocimientos entre ellos y adoptar políticas acordes con este fin.
Según la Resolución, corresponde a ahora a la Asamblea General de la ONU examinar esta cuestión.
Cuál será el papel del Relator sobre la crisis climática
Tal como se dijo, el Consejo de Derechos Humanos respaldó la Resolución del Consejo de Seguridad, y aprobó por mayoría (42 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones) la creación del cargo de relator sobre derechos humanos y cambio climático, con el mandato de proteger las libertades fundamentales ante la crisis generada por el calentamiento global.
Fue la Unión Europea, junto a Panamá, Paraguay, Sudán y varias naciones insulares, la que llevó la propuesta y lideró su aprobación, advirtiendo que el cambio climático pone en grave riesgo la existencia de vastas zonas del planeta, en especial algunas regiones insulares, como Fiji, las Islas Marshall o Bahamas.
La creación del relator fue celebrada por diversos estados promotores de la iniciativa, así como por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), cuya subdirectora, Lucy McKernan, manifestó para la agencia EFE su esperanza en que con esta figura se determinen responsabilidades frente a los abusos medioambientales.
Según dijo la funcionaria a EFE, la resolución reconoce que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos y la figura del relator “envía un mensaje esperanzador a millones de personas en el mundo que necesitan que sus gobiernos reconozcan y enfrenten estas crisis”.
Amnistía Internacional (AI) también celebró la aprobación de este cargo, que en palabras de la organización “facilitará que la ONU apoye a los Estados para que mejoren su comportamiento medioambiental”, dice EFE.
América Latina y el Caribe fue la gran ganadora en la ONU
Dada su inmensa riqueza ambiental y de biodiversidad y, por ende, tener las mayores amenazas por el cambio climático, América Latina y el Caribe fue la región con mayor protagonismo en la aprobación de la Resolución en la ONU, tal como lo viene haciendo en la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre justicia ambiental, acceso a la información y defensa de los derechos humanos.
La delegación “tica” sostuvo que hablar actualmente de crisis climática equivale a hablar de crisis de derechos humanos y que solo reconociendo esta relación se podrá proteger al planeta, informó EFE.
“Se trata de una aspiración común, de personas en todas partes del mundo. Aprobar esta resolución será un mensaje común y poderoso para quienes luchan contra las dificultades ambientales, para decirles que no están solos, que sus voces son escuchadas”, dijo una diplomática costarricense al presentar la iniciativa.
Más de cuarenta países, entre ellos Chile, Ecuador, Uruguay y España, se presentaron como copatrocinadores de la resolución. Además, Corea del Sur, Alemania, Namibia y Fiji, entre otros, ofrecieron valiosos argumentos de apoyo a la resolución, pese a que Rusia planteó varios cambios al proyecto, argumentando que “declarar que vivir en un medio ambiente sano es un derecho está fuera del mandato del Consejo de Derechos Humanos”. Dicha posición fue rechazada.
Así, Rusia indicó que se abstendría en la votación para no obstaculizar un asunto tan altamente simbólico. Lo mismo hicieron China, Japón e India, por lo que la resolución fue aprobada sin ningún voto en contra. Brasil votó a favor, pero antes dejó clara su posición en relación a que el uso de los recursos naturales es una cuestión soberana de cada Estado, lo que se sumó a la declaración del Reino Unido en el sentido de que esta resolución no es vinculante.
A lo que podríamos agregar: No hay nada mas vinculante que nuestra relación con el planeta.
