Un paso más en la dirección correcta, pero aún insuficiente comparado con la dimensión de la problemática ambiental de calidad del aire que se sigue dando en las grandes ciudades. No obstante, la decisión tomada por el Gobierno nacional de incrementar los porcentajes en la mezcla de los biocombustibles, del 10 al 12 por ciento en el diésel que usa el transporte y la industria, es una noticia de optimismo y de enormes implicaciones para la salud de la gente.
Basta recordar esta dramática cifra de muertes asociadas a la mala calidad del aire de la OMS, que estima que siete millones de personas fallecen en todo el mundo por esta causa y cientos de millones de dólares se esfuman en campañas de prevención y mitigación de enfermedades estrechamente ligadas a problemas de contaminación atmosférica, entre otras, las cardiovasculares y las pulmonares.
Es más, territorios como el Valle de Aburrá, donde habitan más de cuatro millones de habitantes en escasos 1.300 kilómetros cuadrados, el problema de la contaminación del aire ha entrado en la agenda pública del área metropolitana y sus experiencias exitosas en el manejo de dos períodos de contingencia atmosférica que se presentan cada año han sido reconocidas por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).
De hecho, la actualización de la Norma sobre Calidad del Aire (ICA) que se dio hace poco más de dos años en Colombia fue el resultado de las mesas de trabajo que se instalaron en el Valle de Aburrá, después de decretarse una emergencia por mala calidad del aire en 2016, como una muestra de responsabilidad ciudadana y de transparencia en la información que hasta el momento se tenía respecto de los índices de contaminación del aire.
La articulación interinstitucional, público-privada, con la academia, los gremios, los empresarios, los colectivos ambientales y la ciudadanía, influyó de forma determinante a que el Gobierno, a través de Ecopetrol, hiciera enormes inversiones y mejoras tecnológicas en la calidad de los combustibles que enviaba al Valle de Aburrá. Fue así como la estatal petrolera, en tiempo récord, bajó las concentraciones de azufre en el diésel a porcentajes de 14 ppm, uno de los mejores del Continente. Lo mismo sucedió con la gasolina, que bajó a niveles de 300 ppm, cuando antes se tenían de 4.000 ppm.
Esa conquista del Valle de Aburrá no sólo impactó la calidad del aire en este territorio, sino que muchas otras ciudades, con enormes problemas de contaminación, pudieran también recibir combustibles de mejor calidad y menos contaminantes.
Este contexto es importante para entender el valor tan trascendental que tiene para las grandes urbes seguir trabajando en la reducción de los gases contaminantes, no sólo en términos ambientales, sino sociales y económicos, pues los costos sanitarios de la contaminación impactan la productividad y la sostenibilidad de los territorios. Para el caso del Valle de Aburrá, por ejemplo, existen cifras que estiman pérdidas cercanas a los 2 billones de pesos por año, debido a la mala calidad del aire.
Qué decidió el Gobierno
Los compromisos adquiridos por el Estado colombiano ante las instancias internacionales, en este caso con la COP21 sobre Cambio Climático, exigen cumplir unas metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global.
En 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, Colombia estableció ese compromiso en el 20 por ciento. Cinco años después, en 2020, cuando la comunidad internacional revisó los resultados obtenidos y comprobó que eran insuficientes para evitar superar un aumento de temperatura del planeta de 1.5ºC a 2030, los países hicieron sus ajustes a las llamadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y nuestro país incrementó esa meta al 51 por ciento en la reducción de los GEI a 2030.
Pues bien, parte de las estrategias para cumplir ese reto están basadas en la renovación del parque automotor, la transición hacia energías limpias, la reconversión industrial y el fortalecimiento de los sistemas de transporte masivo limpio y sostenible.
El Gobierno actualizó, 15 años después de no hacerlo, los requisitos de calidad de los combustibles, para el caso de las gasolinas oxigenadas; y desde hace 7 años con respecto del diésel y sus mezclas con biocombustibles.
Así, con el propósito de mejorar la calidad de los combustibles el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Agricultura y Desarrollo Rural, determinó este martes 13 de abril que el porcentaje de biocombustible presente en diésel fósil pasará del 10% al 12% (B12), a partir del 1 de mayo de 2021, lo que convierte a Colombia en el segundo país del mundo, después de Indonesia, con los porcentajes de mezcla más altos.
La gasolina, entonces, pasará de 300 ppms a 100 ppms a partir del 1 de mayo de 2021; y 50 ppms desde 31 de diciembre de 2021, hasta alcanzar los 10 ppms a partir del 31 de diciembre de 2030.
El diésel, entre tanto, pasará de 50 ppms a 20 ppms a partir del 1 de mayo de 2021; y 15 ppms desde 1 de enero de 2023, hasta alcanzar los 10 ppms a partir del 1 de enero de 2025.
Además, se revisaron y mejoraron las exigencias de los parámetros como aromáticos y el índice antidetonante que se reportan en las gasolinas. Se exigirá un mayor número de cetano y el reporte del parámetro RON (número de octano), con el fin de cumplir con los estándares internacionales y la eficacia de los motores ante un nivel más alto de octanaje.
Con los biocombustibles se fortaleció el parámetro de filtrabilidad, con el fin de mejorar el desempeño de este tipo de combustibles en los motores y contribuir al impulso de fuentes alternativas más limpias dentro de la matriz del sector transporte.
Esas mezclas de B12 comenzarán a regir en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, y en Bogotá, D.C, según el Ministerio de Minas.
En Amazonas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Nariño y Putumayo, lo deberán hacer a partir de octubre de 2021.
Para la zona de frontera, esto es, en Arauca, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Vaupés, Vichada y en el municipio de Rio de Oro (Cesar), los incrementos de las mezclas de biodiésel serán escalonadas: 2% a partir de abril de 2021; 6% desde octubre de 2021, y 12% a partir de abril de 2022.
En estos territorios también se comenzarán a implementar mezclas de etanol con gasolina motor corriente y extra fósil al nivel del 10%. Esta disposición se dará se forma gradual: 5% a partir de octubre de 2021 y del 10% desde abril de 2022.
Una gran noticia para el país y un enorme paso para el Valle de Aburrá, que acaba de decretar el final de su primer periodo de contingencia atmosférica de 2021, con evidentes resultados positivos y la consolidación de un Plan Integral de Gestión Calidad del Aire (PIGECA) que se aprobó en 2017 y, definitivamente, trazó una ruta sólida y potente para enfrentar los problemas asociados a la contaminación del aire.
