La doctora Dolors Amenteras, investigadora líder del Grupo de Investigación y Modelación de Ecosistemas (Ecolmod) de la Universidad Nacional Colombia, pidió que desde diferentes sectores de la sociedad colombiana se apoye de manera irrestricta el trámite del proyecto de ley 221 de 2019 por medio del cual se establecen lineamientos para el manejo integral del fuego y se dictan otras disposiciones en materia de prevención de incendios forestales en Colombia.
Esta petición de Armenteras se dio tras afirmar, en su cuenta de Twitter, que “algunas entidades, incluidas ONG, sintieron que no fueron invitados (al proceso de elaboración del citado proyecto de ley). Despierten, esto fue proactivo, siempre abierto y ad honorem. Las entidades tienen ahora la oportunidad de sumar, sobretodo si dejan la política de ‘cancelación’ e ignorar lo hecho y construyen”.
Este llamado de atención desde la academia se hizo tras recordar que la labor para elaborar el texto del proyecto de ley fue una tarea en la que los investigadores revisaron primero los instrumentos de política a nivel internacional para ver cómo se articulaban con compromisos ya firmados por Colombia como el Convenio Marco de la Diversidad Biológica, entre otros. Además, realizaron la revisión, en detalle, del marco normativo colombiano para aprender de los errores cometidos en el pasado a la hora de manejar el fuego y los incendios forestales.
“Se necesita ciencia, no opiniones. Y acción, no oportunismo; o por cumplir ante la presión de control ciudadano. Los incendios conllevan a una serie de efectos que afectan la química y física de la atmósfera. (…) No olvidemos que lo importante es lograr detener los impactos negativos de nuestras acciones y llegar a un equilibrio concertado en el territorio. El proyecto de ley les dará más herramientas a las instituciones y al país, úsenlas”, agregó Armenteras. A su petición se unieron destacados académicos de diferentes centros académicos colombianos.
¿En qué va el proyecto de ley?
El proyecto de ley 221 de 2019 ya pasó los dos primeros debates en la Cámara de Representantes que se aprobaron por unanimidad, de los cuatro que se tienen que lograr (primer debate en la Comisión Quinta y, el segundo, en plenaria de Cámara). En este momento los ponentes y los investigadores están a la espera de que se radique la ponencia para el tercer debate en la Comisión Quinta del Senado y, aprobado ahí, pase a cuarto y último debate en la plenaria del Senado y se convierta en Ley de la República.
También se efectuó una audiencia pública en la que participaron todos los sectores interesados en el proyecto de ley, y en el tema del manejo del fuego en general, desde las entidades públicas, pasando por la academia e, inclusive, científicos y expertos internacionales. Esto se dio a solicitud de los congresistas cuando se terminó el segundo debate.
“El proyecto tuvo unas trabas en su inicio, por una oposición ejercida desde algunas entidades del Gobierno Nacional y eso nos generó un retraso en el avance esperado. Sin embargo, posterior a la solución de estos inconvenientes, el proyecto pasó a segundo debate en Cámara de Representantes, razón por la cual acaba de pasar al tercer debate en Senado. Esto fue en el último día de la legislatura de 2020. El proyecto está bien. No está en riesgo. Ha avanzado de manera consensuada y por unanimidad. El COVID-19 nos trajo un complejo sistema de proyectos prioritarios que hizo complicado el trámite y retrasó la velocidad del debate”, aseguró el representante Mauricio Toro, coautor del proyecto de ley.
Lo que le sigue es el nombramiento de los ponentes en la Comisión Quinta de Senado y, según Toro, ya el proyecto pasó los momentos más difíciles que fueron los del primer debate.
“No puedo negar que me da un poco de temor con el trámite del proyecto de ley ya que la agenda legislativa prioritaria, por la pandemia, puede retrasar el debate y ponernos contra las cuerdas. Yo creo que va a tocar acelerar. No va a ser fácil y veo factible que lo volvamos Ley de la República antes de que termine 2021”, agregó Toro.
Estos llamados se dan en medio de una nueva temporada de incendios forestales que ocurren desde inicios de febrero, cada año, en zonas como Amazonía, Orinoquía y otros lugares del país.
Los puntos del proyecto de ley
Pero, ¿cuáles son los alcances de esta iniciativa y cómo beneficia al medio ambiente? Para lograr el cometido, desde Ecolmod y los legisladores se elaboraron seis puntos fundamentales a la hora de contemplar el manejo integral del fuego en el país.
El primero se centra en apoyar la prevención de incendios forestales. Esto se hizo integrando todos los actores y sectores. Por ejemplo, uno de los problemas centrales es que los cuerpos de bomberos solo actúan si hay población civil en riesgo. Si no, le corresponde atender los incendios a la Defensa Civil (adscrita al Ministerio del Interior), y este organismo solo actúa si la secretaría municipal o departamental genera una alerta de riesgo, que tiene que ir avalada por la oficina de riesgo de esa instancia local. Todo este cruce de competencias hace que la respuesta ante los incendios, y más si son en regiones apartadas de los centros urbanos, sea poco expedita y, en muchas ocasiones, tardía.
El segundo punto se enfocó en reconocer el rol del fuego en los ecosistemas. Este fue un gran aprendizaje por la importancia de la cocreación entre la sociedad civil, academia y los tomadores de decisiones (en este caso el Congreso de la República). Según el proyecto, el rol del fuego no se debe estigmatizar. Hay lugares especiales donde el fuego tiene una función. Hay que entender esa función desde la política pública. Los incendios bien controlados permiten quemar ese combustible (masa orgánica) y eso es bueno para los ecosistemas.
El tercer elemento es reconocer la importancia de la investigación para el diseño de estrategias de manejo y conservación. Esto quiere decir que, si la academia no está alimentando lo que pasa, pues se tiene una política de prevención de incendios desactualizada y desmembrada. Y eso es un error, porque no hay un esquema que responda al conocimiento técnico y, simplemente, en unos años se aplica algo de manera mecánica.
El cuarto punto se centró en articular los conocimientos ancestrales y tradicionales asociados al uso del fuego. Hay comunidades indígenas tradicionales que tienen el fuego asociado a su cultura. Usan el fuego para renovar tierras y cultivar como mecanismo ancestral.
El quinto punto está enfocado en impulsar el manejo de ecosistemas afectados por incendios forestales. Esto es muy importante ya que, en el país, después de un incendio, las responsabilidades se diluyen.
El sexto y último punto tiene que ver con implementar sistemas de información con tecnología de punta para monitoreo, evaluación y prevención de incendios forestales. Para tal fin, el proyecto de ley 221 plantea cómo se monitorea y cómo se evalúa cómo prevenir un incendio. Con esto se aspira a que con el uso de los satélites y plataformas existentes se pueda prevenir un gran porcentaje de esos incendios que son recurrentes.
Al proyecto de ley 221 le sigue, una vez cursado su trámite legislativo y si es aprobado, que el Gobierno Nacional destine los recursos necesarios al sistema. Además, que haya voluntad política de las distintas instituciones involucradas para colaborar y crear un sistema que permita preservar los ecosistemas y la biodiversidad mejorando la calidad de vida de los colombianos.