La unión entre la academia y los tomadores de decisiones (en este caso el legislativo) logró un hecho sin precedentes para la sostenibilidad y el medio ambiente en el país con la elaboración del proyecto de ley 221C sobre prevención de incendios forestales. Este 20 de julio, con el comienzo de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República, se espera que siga el trámite y llegue a buen puerto.
Esta iniciativa, que por décadas se ha esperado en Colombia, busca integrar las realidades socioculturales y las necesidades ecológicas con los enfoques tecnológicos para el manejo integral del fuego en el territorio nacional. Su elaboración y presentación es el resultado del trabajo en equipo del Grupo de Investigación y Modelación de Ecosistemas (Ecolmod) de la Universidad Nacional y los representantes a la Cámara, Mauricio Toro (coautor) y Edwin Ballesteros (ponente).
El proyecto de ley ya pasó el primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Tras esa aprobación, con toda la votación a favor, se espera que entre a segundo debate en esta corporación antes de que termine el periodo de sesiones de 2020.
“Revisamos la normativa y vimos que había muchos vacíos y no se contemplaba el uso del fuego en la legislación. Por eso entendimos que había que apuntarle a un cambio legislativo. Buscamos las alternativas, las encontramos por medio del congresista Mauricio Toro. Él se mostró muy interesado e iniciamos a trabajar”, dijo la ingeniera forestal María Constanza Meza, investigadora de Ecolmod.
Los investigadores revisaron primero los instrumentos de política a nivel internacional para ver cómo se articulaban con compromisos ya firmados por Colombia como el Convenio Marco de la Diversidad Biológica, entre otros. Además, realizaron la revisión, en detalle, del marco normativo colombiano para aprender de los errores cometidos en el pasado a la hora de manejar el fuego.
Así se pusieron a trabajar en la construcción de todo el articulado del proyecto de ley que, según ellos, ha sido todo un desafío, porque también es muy importante la posición de la institucionalidad. “Pero ahí está muy arraigado aún el discurso de la supresión. Entiendo que la entidad de gestión del riesgo deba gestionar esos riesgos, pero el fuego tiene otra cara. Tiene un rol ecológico que se sale de las competencias de la gestión del riesgo”, comentó Meza.
Según Ecolmod, no solo se mira el fuego como un riesgo, sino como un elemento que estructura el paisaje, como un elemento clave de la dinámica de los ecosistemas.
“Estamos muy contentos. Ojalá logremos pasar esa ley. He aprendido mucho. Llevo estudiando incendios 15 años y la presencia en los medios apenas la he visto hace unos dos años. Tal vez por lo que ha ocurrido en el extranjero, por ejemplo en Brasil. Es un reto para los científicos ponernos a hablar con políticos para hacer esto. Pero tiene qué ver mucho con los jóvenes estudiantes. El éxito es que todos los partidos apoyaron ese proyecto de ley y esperemos que siga su proceso y poder tenerla”, comentó la doctora Dolors Armenteras, coordinadora del grupo de investigación Ecolmod.
Los puntos del proyecto de ley
Pero, ¿cuáles son los alcances de esta iniciativa y cómo beneficia al medio ambiente? Para lograr el cometido, desde Ecolmod y los legisladores se elaboraron seis puntos fundamentales a la hora de contemplar el manejo integral del fuego en el país.
Cómo prevenir los incendios forestales
El primero se centra en apoyar la prevención de incendios forestales. Esto se hizo integrando todos los actores y sectores. Por ejemplo, uno de los problemas centrales es que los cuerpos de bomberos solo actúan si hay población civil en riesgo. Si no, le corresponde atender los incendios a la Defensa Civil (adscrita al Ministerio del Interior), y este organismo solo actúa si la secretaría municipal o departamental genera una alerta de riesgo, que tiene que ir avalada por la oficina de riesgo de esa instancia local. Todo este cruce de competencias hace que la respuesta ante los incendios, y más si son en regiones apartadas de los centros urbanos, sea poco expedita y, en muchas ocasiones, tardía.
“Una cosa es lo que hace el Minambiente y otra distinta es la que hace Parques Naturales Nacionales. Porque si el incendio es dentro de Parques Naturales, ya nada tiene que ver con Minambiente. Es decir, hay una desarticulación entre bomberos, Ministerio del Interior, Minambiente, las secretarías municipales y las departamentales, Defensa Civil y Parques Naturales, alcaldías y gobernaciones. Esto significa que no hay una política integral y por eso fue que se elaboró este punto”, aseguró Mauricio Toro, representante a la Cámara.
El segundo punto se enfocó en reconocer el rol del fuego en los ecosistemas. Este fue un gran aprendizaje por la importancia de la cocreación entre la sociedad civil, academia y los tomadores de decisiones (en este caso el Congreso dela República). Según el proyecto, el rol del fuego no se debe estigmatizar. Hay lugares especiales donde el fuego tiene una función. Hay que entender esa función desde la política pública. Los incendios bien controlados permiten quemar ese combustible (masa orgánica) y eso es bueno para los ecosistemas.
“El fuego ha sido un elemento clave para formar los ecosistemas como los conocemos. Tampoco se le puede quitar al hombre la herramienta de manejo que tiene del fuego desde toda la vida. El problema es cuando se cambian esos regímenes naturales. Los fuegos son sanos cuando están en una dinámica natural. No quemar es altamente nocivo. Cuando no se quema se aumentan las cargas de combustible. Y eso pasó en la Orinoquía. Quemar es malo cuando no se hace correctamente. Allá los finqueros dejaron de quemar porque se les metió el discurso de que era totalmente malo. No quemaron y aumentaron las cargas de combustible y cuando se presentó un incendio, la carga de combustible era tan alta que el fuego penetró en los bosques, los quemó y generó una tragedia ecológica, como la de 2015”, comentó Meza.
El tercer elemento es reconocer la importancia de la investigación para el diseño de estrategias de manejo y conservación. Esto quiere decir que si la academia no está alimentando lo que pasa, pues se tiene una política de prevención de incendios desactualizada y desmembrada. Y eso es un error, porque no hay un esquema que responda al conocimiento técnico y, simplemente, en unos años se aplica algo de manera mecánica.
El cuarto punto se centró en articular los conocimientos ancestrales y tradicionales asociados al uso del fuego. Hay comunidades indígenas tradicionales que tienen el fuego asociado a su cultura. Usan el fuego para renovar tierras y cultivar como mecanismo ancestral.
Si se crea una política que estigmatiza el fuego y prohíbe las quemas, ellos entrarían en un problema. Y hay que entender esas realidades socioculturales de las chagras. En esos espacios no son agresivos con el medio ambiente. Al igual que los campesinos que saben que a veces es bueno hacer quemas controladas pequeñas para evitar incendios forestales grandes.
Cómo afectan los incendios forestales al medio ambiente
El quinto punto es impulsar el manejo de ecosistemas afectados por incendios forestales. Esto es muy importante ya que en el país, después de un incendio, las responsabilidades se diluyen.
“Acá nos dedicamos a apagar incendios, ‘literal’. No a prevenirlos ni a recuperar luego la zona. Eso es solo apague y nos vamos. Y ¿a quién le corresponde la recuperación de ese ecosistema? Le doy un ejemplo: los incendios en los cerros orientales de Bogotá de hace tres años y medio. Todavía se ve la huella de esa quemazón. Nadie se ha preocupado por saber qué se debe recuperar para evitar un desprendimiento o una afectación al equilibrio del ecosistema de esa zona, que conecta con Chingaza y es de donde viene el agua que toman los bogotanos. Por eso es muy importante recuperar lo que se dañó, como sucedió en el Sumapaz”, agregó Toro.
Y el sexto y último punto tiene que ver con implementar sistemas de información con tecnología de punta para monitoreo, evaluación y prevención de incendios forestales. Para tal fin, el proyecto de ley 221C plantea como se monitorea y se evalúa cómo prevenir un incendio que se va a presentar. Con esto se aspira a que con el uso de los satélites y plataformas existentes se pueda prevenir un gran porcentaje de esos incendios que son recurrentes.
Un ejemplo de esto, según Toro, es que cada año se quema Villa de Leyva en octubre. “Eso pasa hace 50 años y no es posible que no haya una política integral de prevención teniendo esa data. Es muy grave que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología existente, en casos como lo sucedido al comienzo de la pandemia, con los incendios ocurridos en la Orinoquía, que afectaron la calidad del aire en centros urbanos, ni siquiera sabíamos hacia dónde se iba a extender el fuego porque el Ideam ni soltaba ni analizaba las cifras para saber cómo íbamos a controlar esos incendios. El Gobierno Nacional no dio una directriz clara por esa atomización de funciones. Lo que pasó fue una tiradera de pelota donde nadie asumía la responsabilidad. Todos se lavaron las manos por miedo”.
Al proyecto de ley 221C le sigue, una vez cursado su trámite legislativo y si es aprobado, que el Gobierno Nacional destine los recursos necesarios al sistema. Además, que haya voluntad política de las distintas instituciones involucradas para colaborar y crear un sistema que permita preservar los ecosistemas y la biodiversidad mejorando la calidad de vida de los colombianos.
