En términos de la protección y conservación de las áreas protegidas como escudos protectores de la biodiversidad, el tamaño es lo que menos importa, así en países como Colombia todavía estemos en el debate sobre la definición de nuevas Estrategias Complementarias de Conservación y la formulación de instrumentos eficaces para su identificación, reconocimiento y monitoreo dentro de un esquema de Gobernanza de ecosistemas estratégicos, en especial, los que están en los centros urbanos y las aglomeraciones que, pese a que no tienen grandes extensiones, sí son fundamentales en la regeneración de la conectividad ecológica a gran escala.
Una de esas Estrategias Complementarias son las OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación) y Colombia ha retomado la discusión sobre la necesidad de darles vida jurídica y administrativa, gracias a los avances y los resultados logrados en los últimos años en algunas zonas del país, en especial en el Valle de Aburrá, donde el Área Metropolitana, en la anterior administración, acompañó la declaratoria de áreas protegidas en Itaguí, Envigado y Bello, este último empeñado en asegurar la protección y conservación de cerca 5.000 hectáreas de bosque en una zona estratégica para el Valle y para el resto del Departamento de Antioquia.
El camino hacia las OMEC
De ahí la importancia que cobra el último informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre los resultados del Convenio sobre Diversidad Biológica que en 2010 fijó las Metas de Aichi, en Japón, sobre áreas protegidas y de conservación, y que 10 años después ratifican que sí es posible avanzar en la protección de la biodiversidad y defensa de los ecosistemas.
No en vano, la pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia la estrecha relación entre biodiversidad y salud y, como tal, estamos en una nueva era que ofrece una oportunidad sin precedentes para abordar la crisis global que enfrenta la naturaleza.
El COVID-19 puso de relieve la amenaza que representa la pérdida de biodiversidad, no solo para la salud de los ecosistemas, sino también para la salud de los seres humanos. Esto ha generado un nuevo impulso para aprovechar al máximo los beneficios de las áreas protegidas y conservadas.
Así, el mundo puede dar un golpe de timón en octubre próximo, cuando se acuerde en Kunming (China) el conjunto de metas mundiales para la naturaleza de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad.
Hace una década, en la COP14 sobre el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), se aprobaron los lineamientos para que los países miembros identificaran y reportaran las llamadas OMEC como aporte al logro de la Meta Aichi 11.
No obstante, en Colombia la discusión sobre la definición de las Estrategias Complementarias de Conservación (ECC), en especial las OMEC, y la formulación de propuestas de criterios para su identificación, reconocimiento y monitoreo, aún se siguen dando y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mantiene diálogos con otros sectores, entre otros, con el Instituto Alexander von Humboldt.
Con el Decreto 1076 de 2015, el país consideró las ECC dentro de las distinciones internacionales cuyo origen son los tratados y convenios internacionales. Éstas son los Sitios Ramsar, las reservas de biósfera, las Aicas y áreas declaradas como de patrimonio de la humanidad.
En 2018, dados los efectos del cambio climático y la adopción de políticas de adaptación y mitigación al mismo, surgió la necesidad de construir una definición más incluyente sobre áreas protegidas.
La propuesta que se hizo entonces fue la siguiente: “Se entiende por Estrategias Complementarias de Conservación (ECC) aquellas medidas gubernamentales o no gubernamentales que se expresan en un espacio geográfico definido, diferente a un área protegida, que buscan mantener y promover en el tiempo las contribuciones materiales e inmateriales de la naturaleza a la sociedad y aportar a la conservación in situ de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, mediante formas de gobernanza que involucran uno o varios actores públicos, privados o comunitarios”.
En otras palabras, reconocer la importancia ecológica y de conectividad de esos ecosistemas más allá de la extensión de los mismos, pues es evidente que su carácter estratégico está estrechamente ligado a la conectividad ecológica y la protección de la biodiversidad que, en el caso de los centros urbanos, cobra más relevancia.
La relevancia de los sistemas regionales de áreas protegidas
Así como ha sucedido en el Valle de Aburrá, otras regiones del país siguen haciendo esfuerzos valiosos por visibilizar las ECC en el Sistema Regional de Áreas Protegidas (Sirap). Hasta hace poco más de dos años, se habían encontrado 1.522 sitios, agrupados en 89 denominaciones, que dan cuenta de la diversidad de estas figuras en aspectos como tipo de gobernanza, origen de la iniciativa, formas de gestión y manejo e inclusión en las dinámicas territoriales.
Sin embargo, más allá de su identificación como una oportunidad para reconocer y articular formas de conservación con el Sistema Nacional (Sinap), los retos relacionados con la evaluación y el monitoreo de su aporte a la conectividad funcional y al mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos siguen latentes y sin claridad la ruta para su incorporación a los procesos de ordenamiento territorial e inclusión en la estructuración ecológica del territorio.
La Cumbre sobre Diversidad Biológica en China, en octubre, se convierte así en una inmejorable oportunidad para Colombia de presentar ante la comunidad internacional un nuevo compromiso en la protección de la biodiversidad y de respuesta al cambio climático. Las OMEC, sin duda, son un instrumento de gobernanza global que ya demostró su eficacia en el contexto internacional y urge su implementación en nuestro país como una nueva herramientas de las ECC.
Los alentadores resultados de Aichi sobre áreas protegidas
Dentro de ese contexto, el Informe Planeta Protegido 2020 que se presentó esta semana es muy alentador y fija bases más solidas para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 2030.
Según el documento, en 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales; y el 10% de las zonas marinas y costeras, se lograron conservar no sólo a través de los sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, sino con las Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en áreas que ya están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.
Desde hace 10 años, el Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoció que los sistemas de áreas protegidas eficaces y equitativos son una herramienta esencial para abordar la crisis de la biodiversidad y tomaron la importante decisión de reconocer, por primera vez, las OMEC, sin las cuales no hubiera sido posible cumplir las Metas de Aichi sobre áreas protegidas.
Las cifras son contundentes. Desde 2010, se han sumado a la red global áreas protegidas con una cobertura total de casi 21 millones de km2, con la incorporación de nuevas áreas protegidas cada mes, a medida que los gobiernos nacionales y otros actores amplían sus esfuerzos por crear nuevas gobernanzas de los ecosistemas.
Desde que las OMEC se registraron por primera vez en 2019, dichas áreas han sumado otros 1,6 millones de km2 a la red global.
A pesar de contar con tan solo cinco países y territorios, los datos de las OMEC disponibles ya demuestran que contribuyen de manera significativa a la cobertura y la conectividad. El 42% del área ahora cubierta por áreas protegidas y las OMEC se añadieron en la última década.
Aunque los datos disponibles a 2020 muestran solo un 16,64% de cobertura de zonas terrestres y de aguas continentales por áreas protegidas y OMEC, se hace evidente que con más actualizaciones se superará el objetivo de cobertura del 17%, especialmente a medida que se identifiquen, mapeen y reporten más OMEC.
Qué ha pasado en esta década
Durante estos diez años, el mayor crecimiento en áreas protegidas y OMEC se ha producido en zonas marinas y costeras, donde el 68% del área actual de la red tiene menos de diez años, según el informe de Planeta Protegido.
Gran parte de este crecimiento ha tenido lugar en zonas de jurisdicción nacional, donde la cobertura de áreas marinas protegidas y OMEC ha aumentado drásticamente hasta el 18,01%. En cuanto al océano mundial, el 7,74% no alcanza la meta de cobertura del 10%, si bien la designación aún pendiente de varias áreas protegidas marinas grandes elevará esta cifra.
El sistema mundial de áreas protegidas y OMEC también se está volviendo más representativo de la gama completa de ecosistemas. El 44,5% de las 821 ecorregiones terrestres cumplen con la meta de cobertura del 17%; mientras el 47,4% de las 232 ecorregiones marinas cumplen con la meta del 10%.
Sin embargo, el 5,1% de las ecorregiones terrestres y el 15,5% de las ecorregiones marinas todavía carecen de cobertura alguna. Entre las 37 provincias pelágicas del océano, en gran parte fuera de la jurisdicción nacional, solo el 10,8% alcanza la meta de cobertura del 10%, señala el documento.
Esas cifras, aunque alentadoras, no son suficientes en el largo camino de la sostenibilidad global. La UICN advierte que son necesarios más esfuerzos para asegurar la conservación de todas las áreas de importancia para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, pues hasta la fecha, el 33,8% de las Áreas Clave para la Biodiversidad carecen de cobertura de áreas protegidas u OMEC en los ámbitos terrestres y de aguas continentales, y el 33,9% en el ámbito marino.
La gobernanza es un factor clave para una conservación eficaz. Tanto las áreas protegidas como las OMEC pueden presentar diferentes regímenes de gobernanza: gubernamental, privado, gobernanza por pueblos indígenas y comunidades locales, o cualquier combinación de los anteriores.
Los datos sobre diversidad y calidad de la gobernanza de las áreas protegidas y las OMEC siguen siendo deficientes. Nuevas guías y un mejor reporte pueden brindar nuevas oportunidades para reconocer y apoyar mejor los esfuerzos de conservación de diversos grupos, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades locales y los actores privados.
La conectividad entre áreas protegidas y OMEC está mejorando. El 7,84% de la superficie terrestre mundial está protegida y conectada, lo cual facilita el movimiento de especies y el mantenimiento de los procesos ecológicos. La persistencia de la biodiversidad a largo plazo, particularmente frente al cambio climático y los procesos de fragmentación de ecosistemas, depende de lograr una mayor conectividad.
Sin embargo, los datos sobre la efectividad de gobernanza y del manejo en áreas protegidas y OMEC siguen siendo deficientes. Esto incluye datos sobre si están gobernadas de manera equitativa, lo cual es un factor de particular importancia para las personas (incluidas mujeres y otros grupos marginados) que viven en y alrededor de áreas protegidas y conservadas.
El informe de Planeta Protegido estableció que solo se han realizado evaluaciones de la efectividad de manejo en el 18,29% del área cubierta por áreas protegidas y es probable que muchas de ellas no cumplan con los estándares de efectividad total.
El creciente reconocimiento del papel que pueden desempeñar las áreas protegidas y conservadas como soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático y otros desafíos globales, así como su contribución al cumplimiento de múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible, proporciona una sólida justificación para invertir en redes nacionales y globales más eficaces.
Es probable que una mayor identificación y reconocimiento de las OMEC contribuya significativamente a mejorar el cumplimiento de todos los criterios, incluidos la conectividad, la representación ecológica, la diversidad de gobernanza y la cobertura (incluidas las áreas importantes para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos).
Latinoamérica, la región más protegida del mundo
Así como Colombia pretende liderar una transición sostenible a 2030 y ser un ejemplo global en protección de su biodiversidad, América Latina se juega parte de su futuro ambiental.
Y lo hace desde una posición privilegiada: es la región más protegida del mundo (sin considerar la región polar) con más de 8,8 millones de km2 en áreas protegidas terrestres y marinas, según el documento de Planeta Protegido 2020.
Esta cifra equivale a un 21,4% del área total protegida por América Latina (el 24% de las zonas terrestres y el 19% de las zonas marinas y costeras), una cobertura mayor que la superficie total de Brasil o a la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay.
Sin embargo, la región sigue el patrón del resto del mundo en cuanto a la biodiversidad. Se han identificado 2.300 Áreas Clave para la Biodiversidad que cubren más de 3,2 millones de km2.
El 21,2% de estas Áreas Clave se encuentran cubiertas por áreas protegidas, que representan el 56,2% de la superficie total en la región, pero el 43,8% de las Áreas Clave no tiene ningún grado de protección bajo la figura de áreas protegidas.
Eso significa que su representatividad es menor. Sólo la mitad de los biomas alcanzan o superan el 17% de protección. Algunos de ellos, como el bosque y el matorral mediterráneo o las praderas y sabanas templadas, están particularmente subrepresentados en la región, dice el informe.
Además, el 24% de las ecorregiones terrestres y el 19% de las marinas del mundo están en América Latina, por lo que se sugiere evaluar la representatividad de su región protegida, en cuanto al estado de protección de las especies y endemismos regionales.
En cuanto a conexión entre las áreas protegidas, la mayoría de los países aún están en proceso hacia el cumplimiento del criterio de la Meta 11 de Aichi. De los 51 países y territorios en la región, solo nueve presentan más del 17% de su superficie terrestre protegida y conectada. En promedio, 33% de la extensión de esos sistemas nacionales de áreas protegidas no están bien conectados, es decir, aproximadamente una tercera parte de la superficie protegida corresponde a islas de conservación.
En estos tiempos críticos, las áreas protegidas y conservadas deben contar con las condiciones propicias para cumplir plenamente sus objetivos de conservación y ser reconocidas como motores de desarrollo local, con responsabilidad compartida, que proveen servicios fundamentales para la salud y supervivencia humana.
Al proteger áreas intactas y restaurar ecosistemas degradados, los países pueden crear una red que ayude a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, mantenga los servicios ecosistémicos esenciales, apoye a la sociedad para enfrentar y adaptarse al cambio climático y reduzca el riesgo de futuras pandemias.
