Minería en Antioquia
El mapa minero de Antioquia se parece mucho al cuerpo de un niño con varicela: está lleno de puntos rojos. Ahora, como a esa enfermedad, si no se trata bien puede convertirse en un problema grave. Uno de los responsables de que eso no ocurra y que, por el contrario, el paciente salga sano y fortalecido es el secretario de Minas del Departamento, Jorge Jaramillo.
Él es nuestro invitado, el quinto, dentro de la serie de informes especiales sobre el sector minero en Colombia y en el contexto de una pandemia por el Covid-19 que no sólo ha agudizado una crisis sanitaria y de salud, sino impactado con inusitada fuerza los sectores económicos y sociales de Antioquia, Colombia y el resto del planeta.
En ese contexto, siendo Antioquia una pieza central dentro del andamiaje institucional de Colombia, el sector minero del Departamento se convierte en eje estratégico de lo que el Gobierno nacional ha llamado la reactivación sostenible pos pandemia, en la que la transición energética resulta una invaluable oportunidad para las energías renovables no convencionales, altamente demandantes de minerales.
Estamos hablando de la explotación minera en un Departamento que desde comienzos de 2020 decretó una emergencia climática para hacerle frente a los desarreglos ambientales acumulados y conformó, para tal fin, un Comité Científico que desarrolle 100 acciones, entre las cuales el sector minero es jugador titular. De ese y muchos otros asuntos hablamos con el doctor Jaramillo.
¿Cuál son los ejes estratégicos del sector minero de Antioquia dentro del Plan de Desarrollo y como soporte a la emergencia climática que decretó el Gobernador desde el comienzo del año?
Jorge Jaramillo: Desde mucho antes de asumir el cargo, el electo Gobernador ya nos había puesto la tarea de buscar la excelencia del sector minero. Ese es un camino, no una meta, y entonces pudimos construir un concepto de vanguardia: econominería. Qué es eso. Es minería ecológica, compatible con los ecosistemas sociales, económicos y ambientales. Son varios los objetivos trazados dentro de ese nuevo concepto y uno de ellos tiene que ver con desarrollar un piloto de ecominería para Antioquia que se convierta en un referente para Colombia y para el resto de la región donde existan ecosistemas tropicales como el nuestro.
¿A qué se refiere con tropical?
Tuvimos en cuenta dos razones: primero, Colombia es un país donde llueve tres veces más que el promedio mundial, esto es, en el mundo el promedio de las precipitaciones es de 1.054 milímetros, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras acá llueve 3.254 milímetros, de acuerdo con el IDEAM. Segundo, tenemos la segunda mayor biodiversidad del planeta y somos potencia en recursos hídricos. De esos dos factores se desprende la iniciativa de ecominería como un plan piloto, pues además pudimos compararnos con otros países de la región similares al nuestro y encontramos que Venezuela es una especie de estado fallido; Brasil le apostó a la explotación desenfrenada de madera y minerales de sus bosques; Ecuador no tiene un plan consistente y duradero; Perú sólo tiene su norte tropical y el resto es muy desértico; en Chile, las minas quedan en zonas muy áridas, así como pasa en Bolivia y Argentina. Luego, estamos ante una oportunidad única de hacer minería bien hecha y proteger al mismo tiempo los ecosistemas. Esa es una de los ejes estratégicos de la Línea Nuestro Planeta del Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023.
¿Cómo encaja entonces todo ese eje en torno a la emergencia climática, reconociendo que la minería es un sector crítico dentro del concepto de sostenibilidad?
Cuando nos referimos a ecominería no hablamos de sostenibilidad, sino de sustentabilidad, que es un concepto mucho más amplio. Sustento es soporte y nosotros definimos cinco variables para ello: social, empresarial, técnica, ambiental y legal. Buscamos un desarrollo integral, pero no olvidamos los orígenes de la minería en Antioquia. Desde el siglo XIX, los excedentes auríferos fueron los que permitieron la industrialización de Antioquia, que, paradójicamente, fue una de las provincias más pobres de la Corona Española. Hoy existe otra realidad. Basta con conocer las cifras: de las seis empresas exportadoras más importantes del Departamento, según el DANE, cinco son mineras. Y de 4.800 millones de dólares que exportó Antioquia en 2018, 1.200 millones de dólares corresponden a oro exportado.
Nuestra región representa el 57 por ciento de todo el oro producido del país. Colombia produjo en los últimos tres años, en promedio, 36 toneladas de oro, pero Antioquia aportó 20 toneladas, distribuidas así: 7 toneladas provienen de la gran minería y emplean a 7.000 personas; otras 4 toneladas las producen 10 mil personas y las restantes 9 toneladas son producidas por 43 mil pequeños mineros, entre ellos, los mineros de subsistencia. Esas cifras contradicen los argumentos de algunos sectores en torno a que la minería no genera mucho empleo. En la producción se generan dos empleos, pero en la transformación entre 4 y 5. Estamos trabajando para llevar esos índices entre 7 y 9 empleos en toda la cadena productiva.
Esas cifras también muestran que es necesario avanzar mucho en temas de formalización, pues entre la llamada minería de subsistencia se esconde la informalidad y, en algunos casos, la explotación ilícita. ¿Cómo va ese proceso?
La explotación ilícita le ha hecho mucho daño al sector minero, pero en especial a quienes desarrollan sus actividades dentro de las normas y de la ley. Nosotros no hablamos de minería ilegal, sino de extracción ilícita, porque es fundamental distinguir ambas cosas. La explotación ilícita no es minería, es delincuencia. Luego, el tema de formalización es clave dentro del ecosistema minero. El propio Gobierno nacional reconoce el esfuerzo que ha hecho Antioquia en ese tema, pues también somos los más afectados. El crecimiento de los territorios dependen de esa formalización. En Buriticá, por ejemplo, se adelantan seis procesos de formalización y en Segovia 44. El Gobierno tiene una meta de formalizar cerca de 27 mil mineros y Antioquia aporta más de la mitad de ellos. De lo más valioso que ha pasado es comprobar que es posible la coexistencia entre los pequeños mineros y las grandes compañías, porque mientras unos explotan, los otros transforman, y ambos se benefician.
El Gobierno ha decidido liderar una transición energética en América Latina, pero depende de la explotación de minerales como el cobre y el oro. ¿Antioquia está preparada para ello?
Es claro que la transición energética es un imperativo, no sólo ambiental, sino económico y social, que son nuestros pilares en la ecominería. Y estamos preparados para acompañar ese proceso en las energías renovables no convencionales, eólica y solar, que son de alta demanda de minerales como el cobre. Vuelvo a tomar el ejemplo de Buriticá, que es una mina que tiene 1.900 hectáreas. En minería hay algo que llamamos huella minera, que es donde queda la bocamina, las instalaciones y la escombrera o zona de relave. La huella minera en Buriticá es de 62 hectáreas, esto es, el 2.8 por ciento del total del área del proyecto. Allá, con el suelo, se hacen labores de ecoreforestación con especies nativas, se tiene un corredor biológico donde cohabitan cinco especies de pumas, de las seis que hay en Colombia. La planta de tratamiento de aguas que trabaja al final del proceso de producción costó 21 millones de dólares y devuelve un líquido casi puro. Eso demuestra que sí se puede hacer buena minería y ese modelo es replicable en muchas otras partes. Y no sólo eso. Existen alrededor de esa empresa otras 332 iniciativas y fortalecido 75 empresas locales, una de ellas dedicada a la producción de cafés especiales que ya expuso sus productos en China.
¿El proyecto Quebradona en Jericó, desde los estudios y el conocimiento que tiene la Secretaría de Minas de Antioquia, es viable?
Nosotros, como Secretaría y como una delegada del Ministerio de Minas, en el caso de Quebradona estamos evaluando el Programa de Trabajo y Obras (PTO) y, como autoridad minera, no podemos exceder esas competencias y pronunciarnos sobre su viabilidad. Lo que sí hemos hecho es contratar a un gran equipo de expertos, algunos extranjeros, para que nos ayuden a revisar un ejercicio de 14 años de exploración, que es lo que lleva la empresa haciendo en el territorio. Nosotros haremos todo el control técnico y científico que se requiere, con el fin de entregar un concepto neutro que haga posible el entendimiento de todas las partes. Nuestro deber es ofrecer garantías para todos.
Volviendo a la declaratoria de Emergencia Climática, ahora se conformó un Comité Científico que definió 100 acciones. ¿Qué papel jugará la minería es dicha estrategia?
Toda la estrategia minera encaja en ambas dimensiones y quedó incluida en el Plan de Desarrollo, en la Línea Nuestro Planeta. Hablo de la ecominería y no dudo en advertir que si Colombia no adopta este modelo, en menos de cinco años vamos a tener serios problemas. Tenemos que ser didácticos y hacer mucha pedagogía en relación con los proyectos. Por ejemplo, en el cierre de minas, acá tenemos experiencias de alcance internacional. Basta con mencionar lo que se hizo en lo que fue la planta de Argos, donde hoy funcionan las oficinas de Bancolombia; al frente, donde estuvo Simesa, ahora hay un complejo residencial y de oficinas, Ciudad del Río; y donde hubo una cantera, en las inmediaciones a la Facultad de Minas, hoy existen seis unidades residenciales.
Nuestra propuesta va en esa dirección, porque de eso se trata la ecominería, en la que, sin duda, los temas del agua, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, son centrales. En el Bajo Cauca, bajo coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y con el apoyo de la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), vamos a desarrollar un proceso de eco-reforestación en las zonas degradadas por la minería que no tiene antecedentes en la región. En Zaragoza vamos a iniciar el proyecto piloto, en un terreno que es del Gobierno. El modelo ya funciona en pequeñas parcelas para 10 familias. En el Nordeste también será implementado.
En toda esa línea estratégica de sustentabilidad, ¿cómo opera esa articulación interinstitucional tan necesaria, con las CAR, los colectivos ambientales y, por supuesto, la academia y los gremios?
Este huracán que estamos viviendo demanda estar unidos y esa es la premisa del Gobernador. De ahí que vamos a seguir buscando las alianzas público privadas y la participación de los sectores comprometidos con el desarrollo sostenible, la productividad, la competitividad y la calidad de vida en los territorios.
Se acabó de aprobar una nueva Ley de Regalías y eso permite pensar en una mejor redistribución de los ingresos territoriales, pero ¿es suficiente la normatividad existente para responder a los desafíos de la reactivación económica, sin aumentar los estragos ambientales y sociales ya causados?
La reactivación económica pasa por la actividad minera, en especial para los sectores rurales, que son quizás los más afectados por la pandemia. La Ley de Regalías es un paso importante en esa reactivación local, pues los municipios pasaron de recibir el 11 al 25 por ciento de los ingresos por explotación de minerales. Sin duda, hay muchas cosas por mejorar, en todos los sectores, pero hay voluntad política de propiciar esos cambios que demandan estos tiempos tan complejos. No dudo en asegurar que hay motivos para la esperanza.
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