Con el Impuesto al Carbono que se aprobó en 2016 y comenzó a recaudarse a partir de 2017, varias preguntas han estado sobre la mesa desde entonces: ¿dónde están esos recursos?, ¿cómo se han ejecutado parte de los 1.6 billones recaudados en poco más de cuatro años?
El pasado martes, a instancias de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, y luego de varios intentos fallidos, el Gobierno nacional rindió cuentas sobre dicho gravamen, pero las explicaciones dejaron más inquietudes que certezas, según varios de los parlamentarios de dicha comisión legislativa.
Primero, porque la asignación de los recursos, con corte al 31 de marzo de 2021, suman cerca de 350 mil millones de pesos en cuatro años, incluidos 13.625 millones que se han pagado por la administración que de ellos se hace a través de una fiducia. Es decir, plata guardada en el Ministerio de Hacienda que ha tenido que pagar a un tercero por su administración.
Segundo, según algunos congresistas, la ejecución de los recursos que ya fueron girados por MinHacienda no está lo suficientemente clara, no tienen indicadores ni metas y, menos, cómo, cuándo y quiénes han venido desarrollando cada uno de los programas y proyectos definidos en las tres subcuentas que se crearon, en 2020, para tal fin. Esto es Fondo Colombia en Paz (que tiene el 70% del recaudo), Ambiente y Desarrollo Sostenible (25%) y Herencia Colombia (5%).
Así, uno a uno, los miembros del Gobierno que tienen incidencia en la asignación, ejecución y administración de los dineros provenientes del Impuesto al Carbono pasaron al tablero de control de la Comisión Quinta, donde sí hubo consenso sobre la importancia del tributo y la necesidad de hacer ajustes en torno a otros sectores que también deberían contribuir a la lucha contra el cambio climático, pues el gravamen, a hoy, solo compromete a los sectores que generan gases de efecto invernadero por uso de combustibles fósiles.
Una de las propuestas que se incluyó en la reforma tributaria que acaba de ser radicada ante el Congreso, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, es incluir al carbón como material contaminante y sujeto del impuesto, lo que implica que las termoeléctricas entrarían, de ser aprobada la reforma, dentro de los sectores que deberán tributar.
Cómo se han invertido los dineros
La no presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, agitó de entrada el debate de control político, pero la Cámara agradeció la participación del Viceministro Juan Alberto Londoño, dado que hace una semana perdió a su señor padre.
Y fue Londoño el que aclaró por qué no se ha girado la totalidad de los 1.5 billones recaudados en los últimos cuatro años, pues en 2017 ingresaron al Ministerio cerca de 476 mil millones; en 2018 otros 294 mil millones; en 2019, 451 mil millones; y en 2020, 295 mil millones. El recaudo en 2021, con corte al 31 de marzo, iba en 117 mil millones.
Para él, el nudo comenzó en 2017, cuando entró en vigencia el impuesto, pero no había sido reglamentado cómo se asignarían los dineros y a través de qué figura. Se creó una fiducia y arrancó el proceso de crear las tres subcuentas antes mencionadas. Eso se demoró tres años y a partir de 2020, según Londoño, comenzaron los giros a los entes responsables de su ejecución.
Los costos de administración de esos dineros a través de la fiducia han costado por concepto de “comisión fiduciaria” no menos de 13.625 millones de pesos en poco más de cuatro años.
De esos dineros recaudados por la DIAN y girados al Ministerio de Hacienda, unos 35 mil millones corresponden a pagos hechos por particulares a través de los llamados TIDIS (Títulos de Devolución de Impuestos), expedidos por la cartera de Hacienda sobre saldos a favor a los que tienen derechos los responsables del tributo al carbono.
El viceministro Londoño aseguró que los recursos aprobados para su giro fueron traslados por el Ministerio a cada una de las subcuentas creadas, pero desconoce cómo se han ejecutado, pues no es de su resorte esa tarea.
Del informe del Gobierno se desprende que lo girado al Fondo Colombia en Paz asciende a 150 mil millones, con una destinación muy alta para sustitución de cultivos de uso ilícito; para Ambiente y Desarrollo Sostenible (a cargo del Ministerio) 116 mil millones y para Herencia Colombia (áreas protegidas) cerca de 29 mil millones.
Para 2021 ya fueron aprobados dos giros: uno por 31 mil millones para el Minambiente y otros 6.211 millones para Herencia Colombia.
El ministro de Ambiente, Carlos Correa, confirmó que durante 2018 y 2019 no se asignaron recursos por parte de Hacienda, es decir no ingresaron el 30 por ciento de los dineros a que tiene derecho la cartera ambiental, según la ley. En 2020, Minambiente recibió cerca de 139 mil millones.
En 2020, según cifras oficiales, el Ministerio de Hacienda disponía de 412 mil millones de pesos y de éstos, 150 mil millones fueron al Fondo Colombia en Paz.
El ministro Correa afirmó que en 2020, a través de las subcuentas Ambiente y Desarrollo Sostenible y Herencia Colombia, fueron aprobados planes operativos por 111.815 millones y 23.242 millones, respectivamente; mientras para 2021, en los planes de acción, ya fueron asignados poco más de 31 mil millones y se han ejecutado no menos de 53 mil millones en contratación, entre otros, en el plan de siembra de 180 millones de árboles fijado por el Gobierno, cuya inversión se estima en 35 mil millones de pesos a 2022.
Está en proceso el desembolso de otros 37 mil millones de pesos por parte de Hacienda, de un total que asciende a 147.217 para Ambiente y Desarrollo Sostenible y 29.454 para Herencia Colombia.
Frente a estos giros, los citantes al debate en la Comisión Quinta de la Cámara pidieron desglosar con mayor precisión los montos, programas e indicadores de seguimiento, para poder ejercer control sobre los mismos.
De hecho, el representante por Antioquia, Juan Espinel, propuso modificar algunos de los artículos de la ley sobre el impuesto al carbono, incluir el carbón dentro de los productos gravables por emisiones de GEI, y destinar la totalidad de los recursos que se recauden de ahora en adelante al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Por una paz duradera y sostenible
El Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio José Archila, quien, además, recibe el 70 por ciento de los recursos provenientes del gravamen a través del Fondo Colombia en Paz, aseguró que las prioridades fueron fijadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque y corresponden a lo fijado en la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado con las Farc.
El eje de Paz con Legalidad, entre cuyos pilares bandera están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Desarrollo Rural Integral (DRI), enmarca todos los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto, con más de 100 mil familias beneficiadas en 170 municipios en 16 regiones PDET.
Con familias guardabosques que trabajan en erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito se han recuperado no menos de 20 mil hectáreas entre 2020 y lo que va de 2021, y 40 mil hectáreas desde cuando comenzó el programa.
La Consejería no es la responsable de ejecutar los recursos, sino el Fondo Colombia en Paz. Por ley, el 70 por ciento del recaudo va a esa subcuenta y la mayor inversión ejecutada está en la sustitución de cultivos de hoja de coca, así como en apoyo para la Fuerza Pública que adelanta la “Operación Artemisa” que busca erradicar la tala de bosques y la minería ilegal en la zona amazónica.
El Departamento Nacional de Planeación, por su parte, dijo que la inversión de los recursos del impuesto al carbono están alineados al Plan de Desarrollo, a través de los ejes Pacto por la Sostenibilidad y el Pacto por la Construcción de la Paz. En el primero, los temas estratégicos son mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y riqueza natural y Colombia más resiliente.
En el de Construcción de Paz, el énfasis está en las acciones contenidas en la Política para la Estabilización y Consolidación, esto es, de sustitución de cultivos y desarrollo económico y social en las regiones afectadas por el conflicto. No se conoce el monto de los recursos invertidos en dichos programas.
Planeación Nacional trabaja de la mano de los ministerios en la elaboración de tres nuevos documentos Conpes sobre: Variabilidad Climática, Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Política de Páramos.
Dentro de toda la estrategia, por supuesto, están contenidos los nuevos compromisos adquiridos por el Gobierno ante instancias internacionales, entre ellas, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, de reducir en 51 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, alcanzar la carbono neutralidad en 2050, disminuir la deforestación en 30 por ciento a 2022, sembrar 180 millones de árboles y lograr cero deforestación en 2030.
Para tal efecto, el Gobierno ha propuesto al Congreso la creación de un Fondo del Clima, al que vayan todos los impuestos ligados a la sostenibilidad, entre ellos los que están en la propuesta de nueva reforma tributaria.
Además, hay que recordar que la Ley de Regalías que se aprobó en 2020 destina el 5 por ciento de los dineros provenientes de las actividades minero-energéticas, con ingresos para el sector ambiental de cerca de un billón de pesos por año.
Lo que no parece coherente, según el Congreso, es que el Gobierno pretenda ahora gravar con impuestos el uso de energías limpias, la compra de autos eléctricos y la importación de insumos para plantas eólicas y solares, mientras aprueba el uso de glifosato para erradicar por vía aérea los cultivos de hoja de coca, con los impactos ambientales y sobre la salud que ello genera.
El debate seguirá sobre la mesa. Y los dineros deberán seguir saliendo de las cuentas fiscales para que sean ejecutados en los territorios, como debe ser.
