Una nueva polémica se generó en los últimos días con un tema bastante conocido. El Gobierno Nacional firmó un decreto para regular la reactivación de la aspersión con glifosato en los cultivos de coca y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), aprobó el procedimiento, que estaba suspendido desde mayo de 2015, con un Plan de Manejo Ambiental (PMA), uno de los principales requisitos para que vuelvan las fumigaciones a los campos colombianos.
De inmediato, desde distintas orillas las voces en contra de esta práctica se hicieron sentir. Una de ellas fue el pronunciamiento de los miembros del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional (SAO) de Colombia, integrado por unos 40 investigadores y científicos de diferentes entidades y centros académicos, quienes dirigieron a la opinión pública una carta abierta titulada Fracking y Glifosato en Colombia: cuando las políticas públicas se toman en contra de la evidencia científica.
En la misiva, dejan en claro la posición de que esta reactivación de las fumigaciones no se toma basada en evidencias científicas y hacen un recuento de por qué se suspendieron las aspersiones en el pasado y el daño que causan a los ecosistemas de las zonas donde se realizan. Además, aseguran que no se cumplen con los estudios necesarios para que pueda reanudarse la fumigación aérea con glifosato.
Para los firmantes del documento, es claro que para suspender las fumigaciones, en mayo de 2015, se tuvo en cuenta como insumo y evidencia científica fundamental que la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS) clasificó el glifosato con un agente tóxico probablemente carcinogénico para los humanos (grupo 2A). Al final y luego de ponderar la evidencia científica y social disponible, el principio de precaución estuvo en el centro de la decisión dando prioridad a la protección de la salud pública sobre otras prioridades.
Además, sostienen los integrantes del Nodo SAO Colombia que las evidencias científicas y las realidades sociales en los territorios no han cambiado pero las decisiones del Gobierno sí.
“Con el decreto 380 del 12 de abril de 2015, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Justicia define los pasos para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato en el país. En las actuaciones previas a la destrucción de los cultivos ilícitos se menciona la necesidad de contar con un concepto previo del Instituto Nacional de Salud como organismo encargado de velar por la salud y para que éste se pronuncie, el Ministerio de Salud y Protección Social ‘deberá suministrar el estudio de evaluación de riesgo en salud que tenga disponible’”, dicen.
Además, aseguran, no se cuenta actualmente con la publicación del mencionado estudio por parte del Ministerio pero el pasado 26 de marzo se citó a algunos académicos del país al evento ‘Socialización con expertos de las estrategias de gestión del riesgo en salud, asociado a la exposición de plaguicidas en Colombia’.
“Tuvimos la oportunidad de asistir a esta socialización donde se presentaron resultados de un estudio de evaluación de riesgos ambientales y en salud de la exposición a glifosato, y si bien se requiere disponer del estudio completo para su análisis detallado, uno de los resultados que salta a primera vista es que el análisis de los eventos de salud parece favorecer el uso de glifosato; es decir, que las poblaciones que se usaron como expuestas a glifosato tuvieron menos afectaciones de salud en comparación con las poblaciones que se usaron como controles”.
También expresan que “hicimos comentarios claros y contundentes de posibles problemas metodológicos en varios componentes del estudio, la bajísima participación de las comunidades afectadas y la falta de exposición explícita de las limitaciones (por cierto, muchas) del abordaje usado. Por ello, se amerita un análisis profundo del real significado y alcance de este estudio, máxime si con éste el Gobierno nacional pretende dar soporte a la ausencia de efectos adversos y le permite tomar la decisión de iniciar las aspersiones en territorios de base con mayor vulnerabilidad social y económica”.
Los antecedentes
En medio de un debate amplio en el que se escucharon a científicos y miembros de la sociedad civil y en el ministerio de Alejandro Gaviria, en mayo de 2015, el Gobierno Nacional prohibió el uso del glifosato para la erradicación de coca y cultivos ilícitos, después de 34 años de su uso continuo en diferentes zonas del país.
El mismo Gaviria lo relató en el número 100 del periódico Universo Centro, de septiembre de 2018, en un artículo de opinión llamado, El fin del glifosato, en el que detalla el paso a paso de esa decisión.
En apartes de ese artículo asegura que “de un lado, dije, están los argumentos científicos, la presencia de un hecho científico nuevo: 17 expertos de 11 países revisaron 403 estudios y concluyeron que existe una ‘asociación positiva’ entre glifosato y cáncer en humanos, y un ‘nexo causal’ en animales. De otro lado, enfaticé, están los argumentos jurídicos, la jurisprudencia repetida de la Corte y la misma admonición de la ley estatutaria en salud: ‘El Estado tiene la obligación de abstenerse de afectar directa o indirectamente el disfrute del derecho fundamental a la salud […] y de no realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas’”.
Con esta posición esgrimida por el hoy exministro Gaviria concuerdan los integrantes de Nodo SAO Colombia, quienes son enfáticos al puntualizar que hoy, para que se reactiven las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos se debe dar de nuevo “un debate amplio y participativo para guiar este proceso de la misma forma como se hizo en el 2015 y para ello es necesario que la información y estudios que sustenten las decisiones se hagan disponibles para tener un análisis público”.
El único país en el mundo
Con la inminente reactivación de las fumigaciones para combatir los cultivos ilícitos, Colombia ocupa el indeseado puesto de ser el único país en el mundo en utilizar glifosato de esta manera (la aspersión aérea) para combatir este tipo de cultivos.
Así se materializa el deseo del gobierno del presidente de la República, Iván Duque, quien desde que asumió, en agosto de 2018, mostró interés en reactivar las fumigaciones y más debido a las presiones recibidas desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Esta postura quedó consignada en diferentes medios internacionales como Latín América Reports, que en un artículo de Michael Krumholtz titulado Colombia on the verge of restarting aerial fumigation with glyphosate (Colombia a punto de reiniciar la fumigación aérea con glifosato), publicado el 15 de febrero pasado, asegura que “Estados Unidos, que ayudó directamente a Colombia en el programa de fumigación aérea, sostiene que no hay suficiente evidencia para sugerir que el herbicida causa cáncer. Sin embargo, gran parte de la investigación citada por Estados Unidos es encargada por Monsanto, una subsidiaria de Bayer, que produce glifosato”.
Ya en junio pasado, la BBC publicó un informe titulado Glifosato: 3 preguntas sobre el herbicida por el que Bayer tendrá que pagar casi US$11.000 millones en demandas. En este artículo, asegura que la empresa químico farmacéutica alemana Bayer deberá pagar esa cifra tras alcanzar un acuerdo en una demanda sobre un producto en su herbicida marca Roundup que podría causar cáncer.
El producto en cuestión es glifosato, que ha sido objeto de unas 125.000 demandas por los supuestos efectos cancerígenos. Además, aseguró que el bufete de abogados de Nueva York Weitz & Luxenberg, dijo haber alcanzado el acuerdo en representación de casi 100.000 personas.
A todos estos inconvenientes generados en humanos, con demostraciones científicas se suman investigaciones en todo el mundo de los daños de este producto en ecosistemas y determinadas especies de fauna y flora.
Los daños a los ecosistemas
Aparte de los daños comprobados en la salud humana, la aspersión con glifosato afecta la biodiversidad. Este producto es altamente móvil y se detecta con facilidad en los suelos y los ríos de las zonas aledañas a los lugares en donde se fumiga.
Según el documento Reanudar fumigación aérea de cultivos en Colombia, un resumen de la literatura científica, publicado por la Universidad de Los Andes, en diciembre de 2020, hay varios estudios ignorados a la hora de reanudar esta discusión.
“Por un lado, Battaglin afirma que el glifosato y el AMPA son altamente móviles y se detectan juntos con ocurrencia importante en los suelos, los sedimentos, la precipitación y en los ríos. En su estudio recopilaron 3.732 muestras de agua entre 2001 y 2010 en 38 estados de Estados Unidos, y encontraron que, si bien las concentraciones de glifosato se encontraban por debajo de los niveles de riesgo para humanos y vida silvestre, en el 70% de las muestras detectaron niveles bajos de pesticidas. Resultado no esperado para este tipo de herbicidas por sus características de composición, sugiriendo la necesidad de evaluar los efectos crónicos de bajos niveles de contaminación a largo plazo”.
Este documento revela, además, que “otros estudios han demostrado que la contaminación de las fuentes hídricas con herbicidas a base de glifosato presenta un riesgo para especies en vía de extinción o endémicas, como las ranas (anfibios). Estos herbicidas pueden producir malformaciones y disfunciones en sus órganos aumentando su mortalidad. Además, puede estimular cambios comportamentales e incluso aumento de toxicidad en su organismo, exacerbando los riesgos para otras especies que las consumen. El desequilibrio resultante en el ecosistema, en últimas, también perjudica la vida humana pues conlleva al aumento de plagas”.
Por lo pronto, desde el Gobierno Nacional siguen adelante con la reanudación de las fumigaciones aéreas y desde la otra orilla, diferentes organizaciones ambientales y sociales han manifestado su descontento y se están movilizando para impedir que entre en vigor, de nuevo, en Colombia esta práctica.
