Diversas instancias de la sociedad civil, los sectores público y privado; y la comunidad ambientalista, en general, celebraron la declaratoria, por parte de la Corte Constitucional, de que es constitucional y exequible la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba en Colombia el Acuerdo de Escazú para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El fallo, según el Ministerio del Medio Ambiente, representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de quienes protegen la naturaleza.
“Es una excelente noticia ad portas de la COP16 ¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida”, dijo Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Desde esta cartera se informó, además, que se avanza en la ruta de implementación de este acuerdo, en la creación de una Comisión Interinstitucional y en el programa de control social ‘Alerta por mi ambiente’ para promover la participación ciudadana y mejorar la gobernanza ambiental.
Por su parte desde diferentes organizaciones y reconocidos líderes ambientalistas también mostraron su beneplácito por esta noticia, tras recordar que durante varios años y en distintos escenarios dieron la pelea para lograr que el Acuerdo de Escazú fuera una realidad para Colombia y así completar 16 países que ya lo ratificaron en América Latina.
“La sentencia de la Corte Constitucional, que lo declaró exequible, es, en mucho, un triunfo de organizaciones de la sociedad civil que durante seis años lo defendieron frente a poderosos grupos económicos que hicieron lo imposible para que no se aprobara”, expresó Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente.
Para WWF Colombia, la decisión del Alto Tribunal reconoce la esencial y central labor de las personas defensoras de la naturaleza en medio de las crisis ambientales y contribuye a la protección de la vida en un país que, de acuerdo con el informe Global Witness, publicado en 2023, registró 60 asesinatos; la cifra más alta del mundo.
“Colombia tiene una deuda histórica con la naturaleza y con las personas defensoras de nuestro ambiente, una deuda que no se resolverá de la noche a la mañana, pero que el Acuerdo de Escazú, con las herramientas que integra, nos ayudará a saldar”, aseguró WWF en un comunicado oficial.
En lo referente a la protección de los líderes ambientales, desde Minambiente se informó que se desarrolla un Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para estas personas y así poder garantizar la seguridad de quienes dedican su vida a la protección del ambiente.
En lo que queda del año, se realizará un despliegue territorial en 13 regiones priorizadas, donde se efectuarán diálogos con los defensores ambientales para visibilizar su labor y construir conjuntamente una hoja de ruta con enfoque territorial.
UNICEF Colombia se pronunció también tras la decisión y expresó: “celebramos la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional colombiana. La decisión respalda el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a vivir en ambientes limpios, sanos y sostenibles”.
De otro lado, se oyeron voces en contra porque consideran que la entrada en vigencia del acuerdo en territorio nacional representa una pérdida de soberanía para las autoridades ambientales y que servirá para crear zonas grises en cuanto a la legislación existente en lo que se refiere a protección y propiedad de los recursos naturales.
Por su parte, José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, aseguró, en entrevista con W Radio, que “es una gran decisión porque lo que hace es introducir criterios, de cómo la participación de las comunidades y todo lo que tiene que ver con la estabilidad del planeta, tienen ahora un medio de regulación que le protege”.
