Cuidar la naturaleza paga

América Latina tiene una rica tradición en esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), pero los desafíos del cambio climático y sus consecuencias sobre los recursos hídricos y forestales, entre otros, obliga a fortalecer la participación de las comunidades campesinas en la protección de los ecosistemas estratégicos. Un informe del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS), que dirige la Universidad de los Andes, reconoce sus ventajas y define una ruta segura para convertir los PSA en un instrumento rentable de gobernanza ambiental.

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Las comunidades indígenas son un sector estratégico en la protección, conservación y restauración de los ecosistemas en aquellas zonas donde la degradación ha hecho daños sobre la biodiversidad, como ocurre en buena parte del parque natural de Utría, en el pacífico chocoano. Foto: Hernán Vanegas.

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La naturaleza siempre regresa por lo que le pertenece. Y no siempre lo hace de la mejor manera. Pero, por fortuna, siempre valora lo bueno que hacemos por ella. Esa es la filosofía de una iniciativa global que en Colombia tiene resultados promisorios y enormes oportunidades: el Pago por Servicios Ambientales (PSA).

La inmensa riqueza de nuestra biodiversidad es directamente proporcional a los beneficios que se derivan de hacer de los bosques y demás ecosistemas un instrumento económico que no tiene pierde. Es un gana-gana, porque no sólo genera ingresos, sino que produce enormes ganancias ambientales en zonas estratégicas de protección, conservación y restauración.

El Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS) que dirige la Universidad de los Andes acaba de hacer un invaluable ejercicio de evaluación y recomendación sobre cómo ha sido el proceso del Pago por Servicios Ambientales en América Latina y, en especial, qué deberíamos seguir haciendo para cumplir algunas de las metas planteadas en los ODS a 2030, sobre todo las que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la mitigación del cambio climático.

Es evidente que la crisis por la pandemia del Covid 19, no sólo ha dejado al descubierto nuestras innegables asimetrías sociales y económicas, sino también las potencialidades del planeta y las soluciones basadas en la naturaleza son un camino seguro, eficiente y sostenible para revertir el proceso de deterioro ambiental.

Los PSA son compatibles con el cambio climático

No sólo estamos frente a una crisis planetaria por un virus de origen zoonótico (que se transmite de animal a humano), sino que los expertos prevén que la próxima pandemia puede ser peor y está relacionada con el cambio climático. El mundo necesita soluciones urgentes para hacerle frente a la crisis climática que se avecina.

Y hay consenso que un eje central de ese cambio es la conservación. Y las cifras lo corroboran: 1.600 millones de personas en el mundo dependen de los bosques y de los ecosistemas para su sustento. Cerca del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos se encuentran en los bosques naturales. Sin embargo, no hemos hecho lo suficiente para conservar esta biodiversidad. Desde 2001, por ejemplo, el mundo ha perdido alrededor de 314 millones de hectáreas de bosques, y actualmente se encuentran bajo amenaza de extinción 1 millón de especies según la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Los PSA son algunas de esas herramientas que han demostrado que son útiles y eficaces para consolidar una gobernanza ambiental y garantizan la preservación de los ecosistemas a través de incentivos económicos.
En América Latina, en la actualidad, hay cerca de 550 esquemas de PSA activos, en más de 60 países del mundo, y varían en su escala geográfica, fuentes de financiamiento, diseño institucional y diversos objetivos.

El documento publicado por el CODS busca responder a preguntas como ¿Qué hemos aprendido?, ¿cuáles son aquellas dimensiones de la conceptualización, diseño e implementación de PSA que no se pueden ignorar?

En consecuencia, es necesario, primero, entender que las afectaciones que durante décadas han sufrido los ecosistemas se ven reflejadas en
la degradación ambiental y las desigualdades que de ella se derivan.
Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales en el mundo, el 30.1% de la población en la región se encuentra bajo la línea de pobreza y el 10.7% bajo la pobreza extrema, según la CEPAL.

Pero la región también ha sido pionera en establecer esquemas de PSA a gran escala, usualmente financiados u operados por los gobiernos nacionales. En Colombia, por ejemplo, los PSA están estrechamente ligados por ley a la construcción de territorios en paz y a la sustitución de cultivos ilícitos. Ecuador, Perú y Brasil cuentan con esquemas nacionales y centralizados mientras que Bolivia, Colombia y Nicaragua se caracterizan por experiencias descentralizadas de PSA.

Los PSA tienen un impacto positivo moderado que va desde un 0.2% hasta un 14% de incremento en cobertura forestal y una disminución de pérdida de bosque de entre 25% y 50% comparado con áreas que no reciben PSA”, señala el estudio del CODS.

Los campesinos que recuperan zonas degradadas y las convierten en huertas también se benefician con los pagos por servicios ambientales, pues cumplen funciones de guardabosques, como acá en el oriente antioqueño. Foto: Hernán Vanegas.

Cuáles son las experiencias exitosas en Colombia

El informe del CODS recoge 24 programas activos de PSA en América Latina que tienen información para evaluar condicionalidad, focalización y pagos diferenciados establecidos. Los programas revisados se ubican en Bolivia (3), Brasil (2), Colombia (4), Costa Rica (2), Ecuador (5), Guatemala (1), México (4), Nicaragua (2) y Perú.

Los proyectos exitosos en nuestro país están ubicados en Boyacá, donde familias campesinas adelantan labores de protección de 444 hectáreas de bosques en la microcuenca de Chaina. El otro se ejecuta en 18 municipios de Cundinamarca, donde 180 familias protegen los nacimientos de agua y los bosques de 7.792 hectáreas, con lo que se asegura la provisión de recursos a no menos de 240 mil personas.

El tercer proyecto, que además ha recibido reconocimientos internacionales, está en el Valle del Cauca, en la cuenca del rio Nima, con 16.700 hectáreas de bosque protegido. Y el cuarto se ubica en Chinchiná, Caldas, donde se protegen cerca de 15 mil hectáreas de un ecosistema estratégico para todo Manizales y su zona metropolitana, pues esa región aporta el 70 por ciento del PIB del Departamento.

En Antioquia, pero en especial en la región de Oriente y del Área Metropolitana, hace un lustro se adelanta un novedoso programa de PSA, conocido como BanCO2, en el que participan no menos de 1.000 familias campesinas que protegen y cuidan los recursos hídricos y de bosque en cerca de 50 municipios, aunque el proyecto ya se extendió a todo el Departamento. Bajo ese esquema se han entregado no menos de 30 mil millones en los últimos cuatro años.

Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estiman que en 2018, en 17 departamentos del país, con proyectos de PSA se lograron conservar 181.000 hectáreas, a través de 11.400 acuerdos voluntarios y cerca de 1.414 negocios verdes.

La mayoría de los esquemas de PSA en Latinoamérica se implementan a escala de cuenca, siendo éstos 15 de los 24 casos revisados.

¿Cómo pueden mejorar en diseño e implementación?

El documento CODS plantea tres recomendaciones para mejorar la aplicación de los PSA: criterios de focalización, diferenciación de los pagos y un sistema robusto de monitoreo y sanción de no cumplimiento.

En la focalización, es necesario dirigir los esfuerzos hacia áreas que tengan una mayor densidad de servicios ecosistémicos.

En segundo lugar, los pagos diferenciados se refieren a reconocer los pagos teniendo en cuenta los costos de provisión de los servicios ecosistémicos entre los participantes, evaluando, por ejemplo, el tamaño de los predios y la vulnerabilidad socioeconómica para no reforzar inequidades preexistentes.

Frente al sistema de monitoreo y sanción, los autores recomiendan crear protocolos, acuerdos y sanciones específicas frente a ciertos incumplimientos.

Cuatro recomendaciones son vitales para la implementación de los esquemas PSA: establecer líneas base para medir el impacto de los programas; monitorear el servicio ambiental y los cambios del proyecto a largo plazo; reconocer las dinámicas en el tiempo de los ecosistemas para evaluar cómo será el impacto de los PSE y, por último, establecer métricas claras que den muestra de la complejidad de los ecosistemas. Sin tener en cuenta estos factores generales, difícilmente los PSA logran los objetivos de conservación deseados.

Todos estos avances deben mantener una continuidad, pero no están exentos de riesgos afines a la dinámica de los territorios. Los expertos fijan su atención en focalizar los PSA en zonas de importancia estratégica, con riesgo de transformación, donde las causas del cambio de uso de suelo estén asociadas a la expansión de la frontera agrícola.
Es urgente mejorar los mecanismos de monitoreo capaces de asegurar la condicionalidad de los pagos, así como establecer líneas base que permitan evaluar los esquemas en el tiempo e incorporar los tres elementos claves del éxito ambiental.

La gobernanza ambiental será vital para articular los esquemas con intervenciones del sector privado y políticas de desarrollo agrícola y social y diseñar esquemas de manera participativa, considerando la equidad en acceso, la toma de decisiones y los resultados, así como las motivaciones ambientales de los participantes.

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