“En casa de herrero, azadón de palo”, reza el dicho popular. Pues bien, a Colombia se le puede aplicar a rajatabla. No sólo somos una potencia en bosques, sino que tenemos la más amplia posibilidad de hacer de las plantaciones forestales uno de los renglones más productivos de la economía en América Latina. Aun así, importamos millones de toneladas de papel de Chile y Canadá, países que no tienen ni la tercera parte de las tierras aptas para las plantaciones comerciales de madera.
Plantaciones forestales en Colombia
Nuestro país tiene 7.3 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales sin restricción, pero sólo utiliza en la actualidad cerca de 500 mil hectáreas. Su frontera agrícola es de poco más de 39 millones de hectáreas (34 por ciento del total nacional) y de éstas el 53 por ciento está ocupada de bosques, lo que equivale a poco más de 60.5 millones de hectáreas.
Con estos datos, entonces, ¿es posible y rentable entrar en el negocio de las plantaciones forestales y competir con Brasil y Chile por un mercado mundial que demanda 292 millones de hectáreas (el 7 por ciento) de los 4.000 millones de ha que ocupan los bosques en el planeta y suplen el 21 por ciento de la demanda global de madera? La respuesta es sí.
Por lo menos esa fue la conclusión de los expertos que participaron en el VI Foro “Bosques para recuperar el país”, iniciativa liderada por el Fondo Nacional Ambiental que preside el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra.
Las cifras son contundentes, pero demandan la acción de todos los sectores. Las plantaciones forestales comerciales en América Latina ocupan cerca de 13.8 millones de hectáreas, pero solo Colombia tiene algo así como 24 millones de hectáreas disponibles para tal fin, esto es, el 52 por ciento de toda la frontera agrícola, según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
No es entendible, y menos aceptable, que sólo hayamos dispuesto cerca de 500 mil hectáreas para plantaciones forestales comerciales y, al mismo tiempo, los índices de deforestación estén por encima de las 150 mil hectáreas de bosque nativo por año, muchas de ellas como consecuencia de la explotación ilegal de la madera.
Nuestra balanza comercial es deficitaria, pues en 2019 exportamos 264.513 metros cúbicos de madera, pero importamos 669.320 m3. El consumo per cápita en Colombia es de 13.3 m3/1000 habitantes, mientras en Chile es de 315.8 y en Ecuador de 54.7 m3/1000 habitantes. Eso sin contar que las tierras aptas en nuestro país tienen rendimientos tres veces superiores a los países de la región.
Las fuentes de madera en Colombia corresponden a los bosques naturales (84%), plantaciones (12.4%) e importaciones (3.5%), pero el 43 por ciento del total es madera ilegal, según cifras del Pacto Intersectorial por el uso de la madera legal del país.
Qué hacer
El Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia” contempló tres metas para los cuatro años de mandato del Presidente Iván Duque y estimó aumentar la participación de la economía forestal del 0.69 por ciento al 1% del PIB nacional. Es decir aumentar en 122 mil hectáreas el área con reforestación comercial a 2022, pero llevar esa cifra a 1.5 millones de ha en 2030.
La otra meta es dejar funcionando un clúster forestal que maneje las áreas de transformación productivas de manera planificada y con visión sostenible y fuentes de financiación público privadas y recursos de cooperación internacional no reembolsable, que juntos podrían ascender a 6 billones de pesos.
Para tal fin, el Gobierno desarrolló la Política Nacional de plantaciones forestales maderables e implementó un Plan de Acción, con su respectivo Plan de Ordenamiento Productivo, que estipula 12 programas, 30 proyectos y 136 tareas.
El sector privado ha venido trabajando con el Gobierno y con los gremios productivos en la consolidación de un programa de largo plazo que convierta los bosques maderables en fuente de recursos, generación de empleo, protección de los ecosistemas, aumento de la biodiversidad, reducción de los gases de efecto invernadero y captura de carbono.
Dentro de las estrategias propuestas figuran el establecimiento de los sistemas silvopastoriles, la reforestación comercial, la restauración ecológica, la gestión sostenible del bosque natural y la lucha contra la deforestación.
El objetivo, por ejemplo, es aumentar el área destinada para la agricultura de 7.1 millones de hectáreas a 14.5 millones de ha; la forestal de 0.5 millones a 7.8 millones de ha; y reducir la que ahora ocupa la ganadería de 33.8 millones a 10.2 millones de ha.
La cadena forestal demanda no menos de 322 mil empleos, entre directos e indirectos, pero el potencial es de poco más de un millón de puestos de trabajo, sin contar los beneficios sociales y ambientales que se dan en las zonas de influencia de las plantaciones.
Para llegar allí, el Gobierno no sólo tiene un Certificado Forestal que entregó recursos por cerca de 5.000 millones en 2019, sino que estima poner en marcha una línea de crédito forestal de 3 billones de pesos por año entre 2021 y 2022.
No obstante, falta camino por abrir, en especial reducir las trabas administrativas y actualizar muchas de las normas que se expidieron en el pasado y ahora resultan obsoletas, así como consolidar de una vez por todas una política ambiental que dé seguridad jurídica a la inversión.
