La pandemia del COVID-19 puso al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la primera línea de atención de la reactivación económica, pues es claro que después de la pandemia no todo vale en términos de sostenibilidad económica, social, ambiental, educativa, sanitaria y cultural.
No sólo las enfermedades de origen zoonótico y los patógenos evidenciaron la estrecha relación entre naturaleza y ser humano, sino que nos advirtieron que puede ser peor lo que viene ante un enemigo tan invisible, pero real, y devastador como es el cambio climático.
A poco más de dos años de mandato, el Gobierno de Iván Duque puso en el corazón de su Plan de Desarrollo el crecimiento verde y la sostenibilidad, bajo una premisa que lo resume todo: producir conservando y conservar produciendo. Hoy más que nunca, por efectos del COVID-19, esa ya no es una premisa, sino una obligación ética y de alta responsabilidad política para poder enfrentar el futuro inmediato y avanzar en una verdadera reactivación sostenible.
El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, entregará hoy 31 agosto su balance de lo que ha sido su gestión y, sobre todo, lo que viene en materia ambiental, precisamente, cuando el país sigue en el debate sobre la pertinencia o no de mantener al sector minero-energético como estandarte del crecimiento económico o, por el contrario, aprovechar esta oportunidad para conducir al país hacia una transición energética, la bioeconomía, la agricultura campesina y la digitalización de la biodiversidad como puntas de lanza hacia el crecimiento verde.
Cuál es el balance ambiental de Colombia
El Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” contempló cuatro líneas de acción con sus respectivos objetivos y estrategias en biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación; Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático; instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales.
Respecto del Cambio Climático y la Gestión del Riesgo (DCCGR) se plantearon acciones para avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación, y reducir 36 millones de toneladas de acumuladas a 2022 en línea con la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de reducir el 20% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a 2030.
A la fecha, se ha logrado la reducción acumulada de 11,73 millones de toneladas de CO2eq, mediante la reducción de la deforestación y la implementación de proyectos de desarrollo bajo en carbono. Así mismo, el Plan contempla la siembra de 180 millones de árboles en el cuatrienio, para lo cual se avanza en la adecuación de 600 mil hectáreas, en las que se sembrarán 600 árboles por hectárea.
El proyecto “sembrar nos une” que debe alcanzar la suma de 180 millones de árboles plantados en el territorio nacional, a julio 15 de 2020, ya había logrado el 19,48% de la meta. En número de árboles equivale a 35.1 millones de nuevas especies.
En relación con la biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación, el Gobierno estableció acciones para incrementar la conservación de biodiversidad a través de su uso sostenible, con alternativas económicas incluyentes basadas en el capital natural. En 2019 se identificó una deforestación de 158.874 ha, pero se logró evitar una deforestación del 19% comparado con los resultados de monitoreo de la deforestación para 2018, lo que representa cerca de 38.265 hectáreas de bosque natural protegidas.
Asimismo, comparado con la tendencia de crecimiento de la deforestación estimada para 2019, se evitó, según la proyección de la deforestación, cerca de 85.779 hectáreas de bosque natural que están amenazados por esta problemática. La meta del Plan fue reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada por el IDEAM en un 30% durante el cuatrienio.
De esta manera, para 2019 se evidenció una reducción del 35%, frente al modelo tendencia media, el cual fue de una reducción del 17% en el año 2018. Lo cual, demuestra una tendencia favorable para alcanzar la meta del periodo en materia de reducción de la deforestación.
En tres de las cinco regiones del país se presentaron reducciones de la deforestación: Amazonía, Andes y Orinoquia. En la Amazonía, que se considera como una región estratégica para el país, se redujo la deforestación en 39.920 hectáreas durante el mismo periodo, siendo la región que presentó la mayor reducción de la superficie deforestada, con el 28,5%, pasando de 138.176 ha a 98.256 ha.
Así mismo, la región de la Orinoquía tuvo una reducción de 3.560 hectáreas (29,5%) y la región de los Andes de 2.876 hectáreas (10,2%). La región natural que cuenta con la mayor superficie de bosque en el país es la Amazonia (66% del total nacional).
Para 2019, Caquetá fue el departamento con mayor disminución de la deforestación, con cerca de 16.000 hectáreas. La Región del Pacífico presentó un aumento de la deforestación de 7.454 ha a 14.120 ha. Y la Región Caribe un aumento de 11.367 ha a 12.791 ha.
La deforestación en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales representó el 7% del total nacional, valor inferior al del año 2018 cuando fue de 12% Durante 2019, el 67% de la deforestación se concentró en 12 núcleos principales cuyas causas directas son la praderización, cultivos de uso ilícito, malas prácticas de ganadería extensiva, extracción ilícita de minerales, ampliación frontera agrícola en áreas no permitidas y tala ilegal, entre otras.
Se identificaron reducciones en la deforestación en 6 municipios amazónicos clave: San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, San José del Guaviare y El Retorno. Estos municipios representaron el 67% de la reducción registrada a nivel nacional en 2019 con 25.699 ha. El municipio con mayor disminución fue San Vicente del Caguán con cerca de 8 mil ha.
Se identifican frentes de aceleración en Mapiripán (Meta), en la zona oriental de San José del Guaviare y en el piedemonte del Putumayo. En la jurisdicción de 25 municipios se concentra el 58% de la deforestación nacional.
Cómo están las áreas protegidas
En relación con las áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración, sistemas agroforestales, manejo forestal sostenible), la meta del Gobierno es sumar 701.900 hectáreas durante el cuatrienio.
A la fecha, se aumentaron las áreas bajo sistemas sostenibles de conservación en 160.594 hectáreas entre junio 2019 y mayo 2020, pasando de 701.000 hectáreas en mayo de 2019 a 861.594 hectáreas en mayo 2020.
Para la meta de aumentar en 15 puntos el porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados, entre julio de 2019 y junio de 2020, se declararon 10 nuevas áreas protegidas públicas y se registraron 186 áreas protegidas privadas (RNSC), lo que representa contar con 1.327 áreas protegidas que ocupan una superficie de 31.405.225 hectáreas, equivalentes al 15,17% del territorio nacional, así: 18.588.044 hectáreas terrestres, equivalentes al 16,28 % de la superficie terrestre y 12.817.181 hectáreas marinas, equivalentes al 13,80 % de la superficie marina de la nación.
Las áreas protegidas incorporadas al SINAP entre julio de 2019 y junio de 2020 permitieron incrementar en 9 unidades bióticas que estaban no representados o con baja representatividad, de acuerdo con el mapa de biomas.
La meta del porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas fue de 20% durante el cuatrienio. Parques Nacionales cuenta con más de 24 mil hectáreas en proceso de restauración ecológica que han sido implementadas desde 2006 a 2020 en diferentes tipos de ecosistemas a lo largo de todo el territorio.
Pagos por Servicios Ambientales y Negocios verdes
El Gobierno se comprometió a sumar 195.000 hectáreas bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales e Incentivos a la conservación durante el cuatrienio. En 2018 se identificaron proyectos de ese tipo con 183.718 hectáreas, y para 2019, de manera acumulada, 215 mil hectáreas, donde se suscribieron acuerdos voluntarios individuales y colectivos con más de 10 mil familias e involucrado a 20 autoridades ambientales, entidades territoriales y organizaciones privadas.
El Plan se propuso gestionar 1.185 negocios verdes verificados durante el cuatrienio. En el marco de la implementación de los Programas Regionales de Negocios Verdes, actualmente se cuenta con 1.958 Negocios Verdes a nivel nacional verificados y vinculados a los Programas regionales de negocios verdes, 537 vinculados en 2019, de los cuales 331 se verificaron en el marco del Programa de Generación de Negocios Verdes, que se adelanta con el apoyo presupuestario de la Unión Europea.
Es así como ya se realizó la verificación a 331 nuevos negocios en los departamentos del Huila (20), Bolívar (54), Sucre (18), Santander (37), Chocó (19), San Andrés (9), Meta (10), Antioquia (34), Magdalena (10), Cesar (15), La Guajira (10), Nariño (10), Norte de Santander (14), Tolima (15), Atlántico (16), Cauca (10), Valle del Cauca (15), y Córdoba (15).
De igual manera, se ha realizado en el primer semestre de 2020 la identificación de 250 empresarios que serán acompañados a través del Programa de Generación de Negocios Verdes en jurisdicción de 31 autoridades ambientales. A través de la Oficina de Negocios Verdes, el Ministerio ha desarrollado diferentes actividades desde el inicio de la emergencia sanitaria con el propósito de apoyar a 1.958 productores que se han venido vinculando al Plan.
En octubre de 2019, se realizó por primera vez una rueda de negocios internacional con la participación de compradores de EEUU, Canadá y España, logrando expectativas totales de negocios por $5.550 millones. En 2020 se espera vincular 250 Negocios verdes que vienen siendo identificados y priorizados por 31 autoridades ambientales, y el fortalecimiento de los empresarios vinculados al Programa.
Pacto por la biodiversidad
En el marco del programa Colombia BIO se han realizado 21 expediciones, en la cuales se han descubierto 201 especies nuevas de la biodiversidad de Colombia y existen 305 empresas colombianas consolidadas para desarrollar productos bioinnovadores.
En 2019, una nueva especie de pepino de mar fue descubierta en arrecifes rocosos del norte del Chocó, lo que se suma a la colección de especímenes del Museo de Historia Natural Marina de Colombia –Makuriwa- que llegó a 79.800 lotes, de los cuales 6.234 correspondieron a nuevos lotes de material biológico depositados en el año.
De igual manera, se hizo el registro de 174 microorganismos identificados en sedimentos de profundidad (169 bacterias y 5 hongos); 21.217 registros ingresados a la base de datos de arrecifes coralinos SIMAC; alrededor de 44 mil datos de calidad ambiental marina colectados en los 12 departamentos costeros y registrados.
Mejor calidad del aire para proteger la salud
Considerando la problemática de calidad del aire del país, el Plan definió una meta enfocada en la reducción de los niveles de material particulado en aire: mejorar la calidad del aire en las ciudades, de tal forma que se pase de un 22% a un 35% el número de estaciones de monitoreo cumpliendo el objetivo intermedio de la Organización Mundial de la Salud – OMS para PM10: 30μg/m3.
El Gobierno se comprometió a mejorar en 13 puntos porcentuales las estaciones de calidad del aire que registran concentraciones anuales por debajo de 30μg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10) durante el cuatrienio.
Se definió la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica en articulación con el Mintransporte, Minenergía, la UPME, el DNP y Minambiente, que establece el plan de acción para la promoción del transporte eléctrico en el país con el propósito de incorporar al parque automotor del país alrededor de 5.000 vehículos eléctricos al 2022. Igualmente, se gestionó la reducción arancelaria de vehículos dedicados a gas natural al 5% y para vehículos 100% eléctricos al 0% permanente. A la fecha se han registrado 3.428 vehículos eléctricos de diferentes tipologías, con corte al 20 de mayo de 2020.
Existe una meta mucho más ambiciosa a 2030, cuando se espera poder tener 600 mil vehículos con energías limpias circulando por las calles colombianas. De igual forma, se publicó para consulta nacional (entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2020), la primera fase del análisis de impacto normativo correspondiente al proyecto de mejoramiento de parámetros de calidad de gasolina, el cual tiene como propósito reglamentar un contenido de azufre de 50 ppm para final de 2021 y de 10 ppm para 2030.
En el balance de estos dos años de mandato, además, es posible verificar la importancia que ha tenido la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en torno a la protección de los ecosistemas y la garantía de la participación de las comunidades dentro de los procesos de discusión socioambiental.
No menos importante ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la defensa y la protección de los ríos, humedales, páramos y comunidades ancestrales, declarándolos sujetos de derecho. El Gobierno, por su parte, radicó en esta legislatura, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, instrumento fundamental de la Justicia Ambiental, la protección de los líderes ambientales y el acceso a la información, entre otros.
