Dos helicópteros y cuatro avionetas que eran utilizadas para la aspersión con glifosato ahora dispersarán agua para controlar incendios forestales, anunció el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible como acciones para fortalecer el control de la deforestación durante la temporada de sequía en el sur del país.
Así lo expresó la ministra, Susana Muhamad, durante la sesión del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef) realizada en Florencia (Caquetá), el pasado 28 de diciembre.
“En aquellos núcleos donde hemos avanzado en acuerdos sociales, las alertas por deforestación han disminuido. Con la temporada seca hay un gran riesgo de aumento de la deforestación y hemos decidido, conjuntamente, lanzar una campaña de comunicación y prevención hacia las comunidades”, dijo Muhamad.
Según Minambiente, entre diciembre y marzo es la época más seca y es en estos meses en los que se presenta una mayor cantidad de incendios forestales, por diversas causas, que afectan los ecosistemas y, además, la calidad del aire en los principales centros urbanos de Colombia. Es en este mismo periodo en el que se registra más del 60% de la deforestación acumulada del país.
“Continuaremos realizando el Conaldef desde las regiones para llamar a los campesinos a que sean unos aliados del Sistema Nacional Ambiental en Guaviare, sur del Meta, Caquetá y Putumayo contra los incendios forestales. Nos reunimos con todas las autoridades para coordinar acciones y prevenir que se destruya la selva”, dijo Muhamad.
La funcionaria destacó que esta es la primera vez que se realiza una sesión del Conaldef fuera de las principales capitales del país. De igual manera, hizo un llamado al campesinado para unirse a la campaña ‘Salvemos la Selva’ y anunció la apuesta del Gobierno para hacerle frente a la deforestación.
Los acuerdos
Tras la sesión del Conaldef, se acordaron una serie de acciones para contrarrestar la deforestación como el fortalecimiento de las investigaciones para llegar a los determinadores de este flagelo, como, también, el envío de una circular a las entidades territoriales para el buen uso de maquinaria amarilla en ecosistemas estratégicos.
Además, se anunció que desde Minambiente se trabaja para consolidar los Pagos por Servicios Ambientales e impulsar la economía forestal. Al tiempo que ratificó que no se permitirá la sustracción de tierras de reserva de Ley Segunda.
“El que quiera venir aquí a acaparar tierras, supuestamente, para esperar que se sustraigan y se vuelvan tierras que van a valer más, debe saber que eso no va a pasar. El Gobierno Nacional no las va a sustraer. Estamos en un proceso de recuperar la naturaleza y el campesinado de la región es nuestro principal aliado”, agregó Muhamad.
En la última sesión del año del Conaldef participaron, además, la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, Sandra Vilardy; los ministerios de Justicia y de Defensa Nacional; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam); el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi); Parques Nacionales Naturales de Colombia; la Policía y el Ejército Nacional.
“Hay que atender la deforestación”: Procuraduría
Durante la misma jornada de trabajo, la Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado al Minambiente y a las autoridades territoriales, para el cumplimiento de los compromisos en la ejecución e implementación de alternativas a las actividades ganaderas para la población vulnerable campesina en los Parques Naturales Nacionales y Regionales del territorio nacional, debido a las afectaciones que han enfrentado por la eliminación de la producción ganadera que contempla la cancelación del Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP), ordenado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de la Resolución 07067 del 2 de mayo del 2022.
El Ministerio Público advirtió que a la fecha no se han cumplido con los compromisos adquiridos, en cuanto a que, entidades del orden nacional debían emitir lineamientos para la firma de acuerdos con campesinos en condición de vulnerabilidad, garantizando los derechos de esta población, luego de la medida decretada por el ICA, para la contención de los daños ocasionados en los bosques del país, situación que vincula al uso de estas tierras con fines ganaderos.
Sin embargo, a pesar de las advertencias hechas por el ente de control, el régimen de transitoriedad para la aplicación de la resolución del ICA se cumplió el 31 de diciembre pasado, por lo que la Procuraduría reiteró su llamado, para evitar que las estrategias y plazos establecidos para contrarrestar los motores de deforestación sean prorrogados, como lo plantea un borrador de resolución publicada por el ICA, lo que implicaría el probable incremento de la deforestación en 2023 y la pérdida irreversible de bosques y biodiversidad.
La Procuraduría, además, insistió en el trabajo articulado entre las diferentes instituciones para coordinar acciones que permitan contrarrestar los diferentes motores de deforestación, especialmente la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, así como la construcción ilegal de vías en la Amazonía, la cual atraviesa dos parques nacionales naturales, causando la deforestación de 11.000 hectáreas en el Guaviare.
En estas actividades ilícitas, según el Ministerio Público, “presuntamente se encuentran implicados funcionarios públicos y de elección popular. Desde la Procuraduría General de la Nación se avanza en la investigación de los funcionarios públicos de elección popular, que pudieran favorecer con su acción u omisión, la construcción de vías y apropiación de baldíos que han causado afectaciones en el medio ambiente”.
