No hay mal que por bien no venga. Así de claro. La pandemia reventó en 2020, en momentos en que el mundo se preparaba para todo, menos para una crisis sanitaria, económica y social como la provocada por el COVID-19.
Colombia, por ejemplo, estaba con el ojo puesto en la definición de la agenda de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede sería Barranquilla. El mundo cerró sus puertas y esa cita multilateral de actores debió suspenderse y reprogramarse para este 2021. Unas por otras.
No sólo América Latina y el Caribe, sino el resto de continentes tuvieron que enfrentar un enemigo invisible que desnudó todas nuestras debilidades institucionales, puso patas arriba los modelos económicos, sanitarios y ambientales, al tiempo que mostraba con inusitada crueldad las enormes brechas sociales del planeta.
Esta crisis sólo tenía dos caminos para enfrentarla: o seguíamos buscando culpables de la tragedia del siglo o nos uníamos para traducirla en la mejor oportunidad de la historia y con ella producir un punto de inflexión capaz de ponernos de cara al futuro bajo principios de solidaridad, cooperación, trabajo en equipo, confianza institucional, fortalecimiento social y, en especial, compromiso ambiental y de sostenibilidad, aceptando que llegamos a este punto de incertidumbre global como consecuencia de nuestras propias acciones en contra de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos.
La crisis del COVID-19 es, sobre todo, una crisis ambiental planetaria, pues ha quedado demostrado que estamos inexorablemente conectados con la naturaleza y que la mejor y única forma de evitar nuestra extinción como especie es trabajar de la mano con ella y no contra ella.
En este contexto, así como lo ha venido haciendo Europa y lo comenzó a hacer Estados Unidos al regresar al Acuerdo de París sobre Cambio Climático por decisión del Presidente Joe Biden, América Latina acaba de dar el paso más trascendental de su historia reciente: actuar en bloque y convertir su inmensa riqueza en una fortaleza regional que le permita ocupar un puesto de vanguardia en el contexto global, no sólo en términos económicos, dado su potencial minero-energético, sino en asuntos sociales, ambientales y de innovación social.
Un balance para el optimismo
Colombia, como país anfitrión, y Barranquilla como la casa de huéspedes, lograron sacar enormes dividendos de esta cita regional del BID. No sólo por los recursos de inversión comprometidos, sino por la puesta en escena de modelos de transformación urbana, social y de capital natural que se convierten en pilotos para todo el Continente.
El hecho de que Barranquilla haya firmado el préstamo más grande en la historia del BID asignado a una ciudad, por 250 millones de dólares y un plazo de 25 años, no es otra cosa que el producto de la confianza y la solidez institucional del país y la visión de largo plazo de la capital del Atlántico.
De ese tenor, el país logró importantes acuerdos con la banca multilateral, créditos por más de 1.200 millones de dólares y enormes avances en materia ambiental, en especial, en la protección del bioma amazónico, pues el BID comprometió recursos por 20 millones de dólares en la lucha contra la deforestación de la región y la consolidación del Pacto de Leticia. Recursos todos con un alto contenido de inclusión, sostenibilidad e innovación social.
De hecho, los conceptos de sostenibilidad y de inclusión son la base fundamental de la recuperación pos pandemia de América Latina.
“Esta reunión representa un punto de inflexión, ya que nos ofrece una oportunidad crítica para reflexionar sobre la peor crisis socioeconómica de nuestros 26 países miembros prestatarios en los últimos 100 años”, dijo el presidente del BID, Mauricio J. Claver-Carone. “También es una oportunidad para tomar la decisión de enfrentar juntos estos desafíos sin precedentes y avanzar hacia la recuperación inclusiva y sostenible”, agregó durante una de las sesiones de la Asamblea.
La pregunta, entonces, es cómo lograr ese objetivo, teniendo en cuenta que estamos en una de las regiones más desiguales del mundo y, de paso, en la más golpeada por la pandemia del COVID-19.
No hay una receta única, pero casi todos los ingredientes si guardan relación y consistencia. “La inclusión es la base para que la región genere verdaderas oportunidades de crecimiento y cohesión social”, advirtió el BID.
Y, en consecuencia, esa inclusión tiene apellido: educación. No es de poca monta el dato que dio recientemente Unicef: el impacto de la pandemia en América Latina y el Caribe ha sido desproporcionado con respecto a otras zonas. La región ha tenido el cierre de escuelas más largo del mundo, con una media de 158 días frente al promedio global de 95 días.
Luego, la región deberá rediseñar los sistemas educativos para hacerlos más inclusivos y relevantes, dicen los expertos del BID. Durante la pandemia la educación ha utilizado la tecnología de una forma desigual e inadecuada. Los estudiantes de familias de bajos ingresos no tienen acceso a internet en sus colegios ni en su hogar. Es un problema de política pública. Habría que hacer que las escuelas públicas sean el sitio en la comunidad en donde todo el mundo pueda tener acceso a la tecnología, subraya el BID.
Y eso se hace con recursos. Desde principios de 2020, el BID ha destinado más de 1.000 millones de dólares para reformular los servicios sociales en la región, con el objetivo de “revaluar el contrato social”. El reto ahora es estabilizar las finanzas públicas y todos los caminos conducen a la necesidad de hacer reformas tributarias que aumenten el recaudo de una forma progresiva y promueva la equidad. Justicia tributaria la llama en BID, donde las grandes corporaciones y los individuos más adinerados paguen impuestos más justos para tener un Estado que es más solidario con los vulnerables.
La realidad es dolorosa. Según la Cepal, con solo el 8,4% de la población mundial, América Latina y el Caribe ha registrado cerca del 27% de los fallecimientos a nivel global. Es urgente dar prioridad a los diferentes determinantes sociales de salud, como la falta de vivienda, alimentos, transporte, educación, seguridad ambiental y conexiones sociales, proponen los expertos del BID.
La innovación social tiene la palabra
Además de su apuesta por liderar la transición energética en América Latina, Colombia dio un paso adelante ante el BID para conseguir toda la cooperación necesaria en torno a la economía naranja, elemento central de la sostenibilidad, la inclusión y el capital natural de la región.
“Queremos que América Latina y el Caribe siga siendo ese gran centro mundial de la creatividad y de la innovación a partir de la cultura”, dijo el Presidente Iván Duque, llamando la atención en que “la economía naranja ya no es una expectativa, ni una posibilidad, es una realidad con un aporte fundamental al PIB de la región en la generación de empleo y además en la capacidad exportable”.
No obstante, la economía naranja ha sido una de las más golpeadas por la crisis. Una reciente encuesta del BID estimó que el 52% de las empresas creativas bajaron sus ventas en más del 80%, siendo más afectadas las actividades culturales y de entretenimiento. A pesar de estas pérdidas, han incrementado rápidamente su oferta digital, con gran potencial para aportar a la reactivación económica.
De hecho, el alto crecimiento de estas industrias latinoamericanas, liderado por los videojuegos, están por encima de las registradas en Asia. La apuesta del BID es que la región, con su capital humano incomparable, sea líder global en la creación de productos y servicios creativos, y allí Colombia juega de local, no sólo por su capacidad instalada, sino por el talento humano que tiene. Medellín es hoy el centro de la Cuarta Revolución Industrial y son cada vez más las empresas de tecnología que llegan al país con sus millonarias inversiones y generación de empleo.
En conclusión, la Asamblea del BID se convirtió para Colombia en una vitrina global de buenas prácticas, capacidad institucional, liderazgo público-privado, empoderamiento social, resiliencia territorial y, en especial, visión sostenible de mediano y largo plazo, pues los compromisos con los acuerdos sobre cambio climático y diversidad biológica no son negociables. Y la razón es clara: pese a que producimos sólo el 0.4 por ciento de los gases de efecto invernadero del mundo, somos uno de los 20 países más vulnerables al calentamiento global.
