“Somos un gran jugador por la biodiversidad”: ANLA

Rodrigo Suárez Castaño es el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero en esta coyuntura tiene rango de “súper ministro”, porque en sus manos, que son las de la ley, están decisiones trascendentales para el futuro del país. La reactivación sostenible de Colombia pasa por el licenciamiento de los más grandes proyectos minero-energéticos y la ANLA es el fiel de la balanza. ¿Tiene esa entidad los dientes para no sucumbir ante las presiones en los extremos? En esta conversación encontramos muchas de las respuestas.

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Rodrigo Suárez, director de la ANLA, dice no tener la bola de cristal para saber qué va a hacer en el corto plazo, pero sí tiene claro que la entidad a su cargo será central en la reactivación económica pos pandemia. Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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Como se dice coloquialmente, Rodrigo Suárez Castaño está más preparado que un kumis. Su estatura física no se equipara con su estatura profesional, académica y gerencial. Conoce al dedillo el sector ambiental del país y su papel en la división de Cambio Climático del Ministerio, en el IDEAM, y ahora en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, lo acreditan como un funcionario serio, riguroso, transparente y, en especial, sensible.

Hace algunas semanas, en medio de la pandemia del COVID-19 y en momentos de un agitado debate sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesita Colombia para reactivar su economía, Suárez descubrió una mina: nació su hijo. Y eso lo puso en otra disyuntiva de seguir al frente de la ANLA, donde permanece no menos de 15 o 16 horas diarias, o dedicarle el tiempo necesario a su familia.

Por lo pronto, ante la solicitud del Presidente Iván Duque de seguir unos meses más en el cargo, el director de la ANLA estará en el primer frente de defensa de la biodiversidad del país, atendiendo varios de los “chicharrones” más peludos en torno al licenciamiento ambiental de proyectos mineros como Quebradona, en Jericó (Antioquia), y Santurbán, en Bucaramanga (Santander), donde están puestos los ojos no sólo del Gobierno, que busca de su aprobación, sino de las organizaciones y las comunidades que se oponen a ellos.

Otro capítulo tiene que ver con el proyecto de Hidroituango, en el que el director de la ANLA mantiene un prudente silencio, dado que la entidad ha impuesto sanciones económicas al consorcio por “mal uso de las licencias ambientales”.

Y no sólo por eso. Hidroituango es actualmente el centro de una de las confrontaciones institucionales y políticas más ácidas en la historia del Departamento y de Medellín.

De ese tamaño son las responsabilidades y los desafíos a los que se enfrenta el doctor Rodrigo Suárez, con quien hablamos de estos y muchos otros temas en nuestra conversación al natural.

¿Cómo se está preparando la entidad para la llamada reactivación sostenible que proclamó el Presidente Duque y en la que sectores estratégicos están relacionados directamente con la ANLA?

Rodrigo Suárez: Nosotros somos un gran jugador dentro del ecosistema productivo y sostenible del país y vamos a ser parte fundamental de la reactivación verde de Colombia, porque es necesario trabajar de forma articulada, con independencia, pero siempre buscando lo mejor para todos. Seguimos con atención algunos de los modelos, como el alemán, de reactivación verde, pero no partimos de cero, pues el país ya venía trabajando en todo el sector de economía circular, negocios verdes, transición energética y movilidad eléctrica. Así, la ANLA cumple un rol central en términos del licenciamiento ambiental, pero también en el seguimiento de los procesos posconsumo, reciclaje, Pago por Servicios Ambientales (PSA), tratamiento de aguas residuales, construcción sostenible y protección de los ecosistemas estratégicos.

Actividades que son transversales a varios Ministerios y Corporaciones Autónomas, que a su vez rinden cuentas a los organismos de control. ¿Pero los ojos siempre están sobre el licenciamiento?

Sin duda y por eso he dicho que dentro del sistema verde, a la ANLA se le ha visto como un área gris, y no lo es. Se ha planteado la necesidad de mejorar los decretos, los tiempos para el licenciamiento y las peticiones de respuesta que la entidad debe hacer ante los requerimientos. Hicimos un compromiso con el Gobierno y con el Ministerio de Ambiente de mejorar los tiempos de licenciamiento y llegar al 95 por ciento de oportunidad, esto es, de cada 100 licencias que llegaran, 95 deberían salir cumpliendo los tiempos fijados por la norma. Con los ajustes internos realizados y la inversión en mejor tecnología, dos años después podemos decir que estamos en el ciento por ciento del cumplimiento de los tiempos de licenciamiento. Superamos nuestras propias metas de eficiencia y vamos a seguir mejorando, porque somos un gran jugador dentro de la reactivación verde que necesita el país.

¿Una eficiencia que, dicen ciertos sectores, ha contribuido a mejorar los proyectos desde la misma fase de estructuración y no como un requisito más al final del proceso de licenciamiento?

En efecto. Nuestro objetivo ha sido que la ANLA no sea un trámite, sino que los sectores interesados puedan tener acceso a toda la información de la que disponemos, de los análisis que hacemos, y se usen en la planificación de los mismos. Eso es gratificante, porque los proyectos nacen con la mirada ambiental que se requiere y, al final, los más beneficiados son los propios proponentes, pues ya tienen parte del camino recorrido.

En el acceso a la información que produce la entidad hay dos elementos que son centrales: la confianza y la participación ciudadana como ejes de legitimidad. ¿Cómo preservar ambos atributos?

Todo el equipo directivo y de servidores ha identificado el acceso a la información como valor estratégico para la toma de decisiones. En ese sentido, durante todo este tiempo nos dimos a la tarea de sistematizar toda la información disponible y ponerla al alcance de todos los actores. Fue así como pensábamos que nosotros teníamos dos o tres grupos de interés, pero resultó que son siete llamados de los grandes, pero que cada uno de ellos tiene muchos otros grupos relacionados con ellos. De ahí la decisión de ampliar nuestro accionar, vincular a más personas y estar en los territorios, articulados con las Corporaciones Autónomas, las comunidades, los gobiernos locales y los organismos de control.

Pasamos de 8 funcionarios a 80 y creamos la figura de los inspectores regionales. Abrimos la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana y eso se ha traducido en más confianza, más transparencia y más legitimidad. Creo que eso ha contribuido enormemente a elevar la credibilidad y el respeto por la ANLA. Logramos que nos dejaran de ver como una agencia y nos miren como lo que somos, una autoridad.

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Uno de los sectores clave del país es el de la minería, pero las actividades ilegales que se desarrollan en su entorno hacen más urgente el licenciamiento para su explotación con todos los rigores de la ley.

¿Pero eso, precisamente, no es lo que hace que a la ANLA se le mire como el obstáculo, como el patito feo, en muchos proyectos?

No lo creo. Es más, dada la confianza que hemos generado en estos dos años, le puedo contar que hace poco conocimos un proyecto muy grande y les dijimos a los empresarios que nos contaran cómo podríamos hacer mejor nuestro ejercicio de planeación como entidad y así responder con mayor oportunidad los requerimientos.

Ha sido una experiencia valiosa y actualmente estamos adelantando 13 agendas de trabajo con algunos de los sectores que están bajo nuestra jurisdicción, desde los ministerios hasta las agencias del Estado que trabajan en infraestructura, minería, hidrocarburos, vías, que son los socios naturales de la ANLA. Todos ellos han entendido que debemos trabajar armónicamente, con independencia, pero sin dejar a nadie atrás.

Lo que es claro es que cada uno en sus roles debe respetar las competencias del otro. El nuestro es, como dependencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es proteger nuestros recursos naturales y los ecosistemas.

Un papel fundamental, pero no exento de presiones de todo tipo, porque cada uno tiene sus propios intereses. ¿Cómo manejar esas tensiones?

Con apego a la ley, con transparencia y con argumentos con rigor técnico. Somos conscientes que cualquier decisión que tomamos no le va a gustar a todo el mundo, pero el país puede tener la certeza que todas están sustentadas en lo técnico, buscando siempre la jerarquía de la mitigación, de la prevención, la compensación y la corrección de los impactos que se pueden generar con los proyectos. Nunca nos movemos según los intereses de algún sector, sino en el marco de la ley.

El Ministerio de Minas, entre otros, tendrá una tarea central en la reactivación sostenible del país y su programa de transición energética es pieza fundamental. ¿Cuál será el papel de la ANLA en dicha tarea?

Somos parte de un circuito y como tal debemos estar articulados. El Gobierno ha puesto buena parte de su interés en la promoción y consolidación de proyectos con energías renovables no convencionales, en los que la energía solar y la eólica son vitales. Nosotros acompañamos esas iniciativas, pero también lideramos toda la actualización del Estatuto Tributario para crear incentivos y beneficios para quienes inviertan en energías limpias. No sólo en proyectos de gran alcance, sino incluso en programas pequeños como los de instalar paneles solares en su propia casa. Lo mismo ocurre con la movilidad eléctrica.

¿Cómo va todo el proceso de aprovechamientos forestales y de inversiones en temas de restauración?

Cuando llegamos a la entidad, y como parte del Sistema Nacional Ambiental, supimos que la lectura que hacían de la ANLA era muy gris dentro del ala verde del Ministerio de Ambiente. A nosotros no nos pueden comparar con el Sistema de Parques Nacionales Naturales ni menos con el Instituto Humboldt.

Aun así, nos siguen viendo como los aliados de los grupos productivos, pero en realidad somos el jugador más importante en términos de biodiversidad. Eso no quiere decir que no trabajemos con los sectores productivos, sino que debemos establecer con rigor y seriedad una serie de compensaciones como resultado de las viabilidades que damos. Vimos que existía un rezago en torno a la aprobación de unos planes de compensación del uno por ciento. Eso lo convertimos en una oportunidad y logramos introducir en el Plan de Desarrollo un artículo que fijó los plazos perentorios para presentar planes de compensación.

Nos preparamos como equipo para que llegaran miles de solicitudes y a la fecha podemos decir que hemos aprobado recursos por 400 mil millones de pesos que irán a proyectos de reforestación, restauración, mejoramiento de cuencas, entre otros. Esa cifra es más del 50 por ciento del presupuesto anual de todo el sector ambiental del país. Más de 100 mil millones eran recursos que no habían sido desde la Ley 99 de 1993. Nosotros vamos a contribuir con cerca del 15 por ciento de las hectáreas restauradas que se fijaron en el Plan Nacional de Desarrollo, estimadas en 320 mil hectáreas.

El Gobierno radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú. ¿Cuál ha sido el papel de la entidad en todo el proceso, sabiendo que hay elementos centrales de la esencia misma de la ANLA, como son la justicia ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana?

Hace dos años, sin estar pensando en Escazú, la ANLA ya venía trabajando muy duro en varios de esos principios. No sólo del acceso a la información y la participación ciudadana como ya lo expliqué, sino en la garantía de derechos y de defensa de los ecosistemas y de las comunidades asentadas en ellos. La ANLA es en sí misma una autoridad ambiental y, por lo tanto, su misión es actuar con justicia. Hemos desarrollado gran cantidad de talleres y programas para que las comunidades conozcan mejor sus derechos y los puedan aplicar, pero al mismo tiempo seguimos trabajando en sanear los expedientes que existen, en ser oportunos en las respuestas, evitar las prescripciones de los fallos y brindar información veraz y confiable.

Eso ha significado grandes inversiones en temas de tecnología, pese a los siempre escasos presupuestos asignados. ¿Cómo va la puesta a punto?

Nosotros veníamos como oficina adscrita al Ministerio cumpliendo labores de licenciamiento y los procesos estaban muy ligados al papel. Eso ha cambiado por obvias razones y estamos avanzando en la actualización geográfica que demandan estos tiempos. Incorporamos todo el tema de imágenes satelitales de alta calidad y en tiempo real, a fin de hacer seguimiento. Eso nos permite definir dónde se puede o no realizar proyectos, o dónde es posible hacerlos con restricciones. Tenemos álgebra de mapas y eso ayuda a orientar las decisiones. Esa modernización ha sido fundamental para no parar nuestras actividades en medio del confinamiento por la pandemia y estamos usando drones en muchas partes del país. Un 10 por ciento de nuestro presupuesto va a temas de tecnología y pronto tendremos un sistema de sensores remotos que mejoren nuestros servicios.

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