El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para La Paz, (JEP), Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró que esta entidad continuará con las investigaciones a través del macro proceso, que ya se abrió, para procesar a los actores de delitos contra el medio ambiente en el contexto del conflicto armado interno dentro de su competencia (30 de noviembre de 2016 hacia atrás).
En la JEP se han proferido cuatro fallos que plantean, de forma pionera en el mundo, el reconocimiento del territorio como víctima de un conflicto armado. Se trata de los casos del Cxhab Wala Kiwe, el Katsa Su y el Eperera Euja que son territorios ancestrales de los pueblos indígenas Nasa, Awá y Sia respectivamente, así como los consejos comunitarios de Tumaco donde habitan negritudes.
Según Álvarez Santoyo, si el país no logra negociar con todos los actores del conflicto, pues van a seguir desarrollando ese tipo de prácticas que ponen en riesgo a comunidades vulnerables y, en general, a toda la humanidad.
En entrevista con Territorios Sostenibles, Álvarez Santoyo, quien está a cargo de la que se conoce como la “Fiscalía de la JEP”, expresó, además, que actividades como la extracción ilícita de minerales y otros actos que afectan el medio ambiente, no sólo afectan a una comunidad pequeña sino a toda la humanidad.
Doctor Álvarez, analizando las afectaciones ambientales durante el periodo de competencia de la JEP, ¿cómo ven lo que se ha encontrado hasta el momento. Hay avances o está relegado este punto?
Quiero aclarar que esto no ha sido relegado. De hecho, la JEP, en uno de sus macro casos abordó ya el tema del daño ambiental, precisamente en los casos étnicos. Se ha identificado que, efectivamente, hay diferentes aspectos que han venido afectando el medio ambiente, como el hurto de hidrocarburos. Cada vez que le ponen o le hacen un atentado al tubo por parte de algún grupo guerrillero, especialmente, por ejemplo el ELN tenía esa práctica, se afecta al medio ambiente. Pero cuando se rompe el tubo, se pone una válvula, también en ese proceso se riega gran cantidad de combustible o de crudo que afecta al medio ambiente. Eso ya se está abordando en la JEP. Igual se está abordando el tema del daño ambiental desde el punto de vista de la minería ilegal, porque cuando se ejercen actividades ilegales de minería, pues las prácticas que se aplican, en cuanto a la utilización de algunos elementos que incluso son tóxicos, eso viene afectando a las comunidades campesinas e indígenas que están asentadas en varios lugares del país. Por eso la importancia de contrarrestar ese tipo de conductas que están poniendo en riesgo la supervivencia de varias comunidades que están, digamos, en zonas periféricas del país.
La JEP ha sido pionera en el mundo en declarar al medio ambiente como víctima de un conflicto armado, ¿cómo están estos procesos que tienen que ver con delitos que afectan el medio ambiente en la jurisdicción de la JEP y cómo cree usted que pueden llegar a tener buen término?
Bueno, ese es un proceso que, indudablemente, es largo. No es una tarea fácil, porque nunca habíamos abordado desde el punto de vista de la justicia ese tipo de situaciones. Por eso la jurisdicción viene siendo pionera en esa materia, pero indudablemente en un país como el nuestro es fundamental que se ataque ese flagelo. ¿Por qué? Porque Colombia tiene varias características. Guste o no, es un país bastante rural. Buena parte de las comunidades, especialmente las más vulnerables, se encuentran en zonas de riesgo, en zonas en las que se están, digamos, desarrollando actividades de extracción ilícita de minerales, en zonas por las que transitan los oleoductos en nuestro país. Cuando se afecta el medio ambiente no se afecta solo a una persona, se afecta a toda la humanidad, porque en la medida que el medio ambiente se daña, pues los mecanismos que tiene la naturaleza para garantizar el bienestar de los seres humanos y en general de todos quienes vivimos en la tierra, pues es afectado.
Entonces, por eso es tan importante, digamos, declarar al medio ambiente como víctima del conflicto para que se evite seguir desarrollando esas prácticas que se vienen ejecutando.
En el posacuerdo, hablando desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016), hasta finales de mayo del año pasado, se habla de 283 afectaciones directas al medio ambiente como sujeto de derechos. ¿Qué hacer en contra de eso?
La JEP tendrá que continuar con las investigaciones a través del macro proceso que ya se abrió. Pero, es por eso que resalto la importancia de negociar con todos los actores del conflicto, porque si no logramos negociar con todos los actores del conflicto, pues van a seguir desarrollando ese tipo de prácticas que ponen en riesgo a comunidades vulnerables y, repito, en general a toda la humanidad.
Antioquia ha sido uno de los departamentos, sin duda, más afectados en cuanto al conflicto armado interno que lleva 60 años en todos los órdenes, en el ambiental también, dentro de las investigaciones que ustedes han venido adelantando. ¿Cómo identificaron eso y cómo han logrado darle trámite esos procesos que tienen que ver con Antioquia?
Digamos que la lucha por proteger el medio ambiente se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. La Corte Constitucional ha tomado decisiones muy importantes en las que fija parámetros para que, digamos, se tenga un comportamiento adecuado en torno al respeto y la protección del medio ambiente.
Departamentos como Antioquia, que indudablemente son departamentos ricos, tienen muchos recursos naturales y, generalmente, los grupos al margen de la ley se asientan en zonas donde están esos recursos. Por eso las afectaciones en lugares como Antioquia o Santander; o en algunos del sur del país, es tan dolorosa.
¿Por qué? Porque, como son departamentos que producen de alguna manera rentabilidad para los grupos al margen de la ley, es en estos lugares donde se asientan para garantizar los recursos que requieren para mantener su operatividad y además, pues, con ello afectan de forma más grave a las comunidades de lugares como Antioquia.
¿Cómo alcanzar o cómo llegar a la no repetición y a estos máximos ideales de la JEP, sobre todo en el tema ambiental?
Bueno, mire, estos procesos de negociación y de paz, de justicia transicional, tienen que servir para construir conciencia social. O sea, los colombianos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas.
De manera que uno de los grandes retos de la justicia transicional es crear conciencia social, es reconstruir la sociedad. Tenemos que entender que la minería ilegal no es una buena vía, que todos los actos que afectan el medio ambiente no sólo afectan a una comunidad pequeña sino que afectan a toda la humanidad.
Hay unos actores del conflicto interno armado que ya se sometieron, otros que no. Pero hay grandes actores que afectan el medio ambiente en el país, por ejemplo el “Clan del Golfo”, las disidencias de las FARC, grupos como “los Pelusos” y el mismo ELN. En ese sentido, ¿cuál es el papel de la JEP en este caso puntual?
Obviamente, ante la dificultad de que no haya sometimiento y también ante la dificultad de procesarlos, digamos que nosotros tenemos una competencia específica.
La competencia de la jurisdicción son los exguerrilleros de las FARC que negociaron con el Gobierno del presidente Santos en hechos que ocurrieron del 30 de noviembre de 2016 hacia atrás, los miembros de la Fuerza Pública y los terceros que se presenten voluntariamente.
Nosotros no tenemos competencia sobre el ELN, sobre las disidencias no tenemos competencia y, obviamente, sobre los grupos que tienen un origen no político como el “Clan del Golfo”, tampoco tenemos competencia. Aquí me refiero a mi preocupación no solo como director de la Unidad de Investigación y Acusación, sino como colombiano.
Por eso la necesidad de que sigamos construyendo procesos de paz. Porque en la medida que se desescale el conflicto, de que se desarmen los grupos, van a disminuir las violaciones a los derechos humanos, las infracciones al DIH y también se reducirá el daño ambiental, porque esos grupos ya no van a necesitar de esos recursos para financiarse y el Estado podrá implementar mecanismos de explotación legal de esos recursos; lo cual va a implicar recursos para el Estado, para las arcas públicas y también trabajo para las comunidades.
En el posacuerdo, 2016 a la fecha, hay un aumento de esos delitos ambientales muy marcado. ¿Cómo ven eso desde la JEP?
Desafortunadamente vemos que cuando se produjo la negociación hubo una disminución en la comisión de distintos delitos. Incluso, la disminución fue muy grande en materia de daño ambiental. Pero como el conflicto continúa, hay zonas en las que estaba la guerrilla de la FARC, que negoció con el Gobierno, que han sido venido copadas por otros grupos al margen de la ley y que están retomando esas prácticas de explotación ilícita de recursos naturales haciéndole daño grave al medio ambiente.
