Cuando se pensaba que la terminación de la confrontación armada con la guerrilla de las Farc marcaría una nueva etapa en la transformación de los territorios, no sólo en términos económicos y sociales, sino ambientales, la realidad es que los conflictos por la tierra y los delitos contra los ecosistemas se mantienen, en buena medida, por la falta de voluntad política del Gobierno y la visión militar que domina sus acciones.
Así lo advierten los 12 científicos colombianos que suscribieron la carta publicada en la prestigiosa revista Science (Ciencia), cuyo título no admite interpretaciones: “Socavando la paz y el medio ambiente en Colombia”.
En términos concretos, los firmantes recuerdan que los Acuerdos de Paz de 2016, suscritos por el entonces Presidente Juan Manuel Santos y la cúpula de las Farc, representaron una esperanza para las comunidades asentadas en las zonas de conflicto, pero la no implementación de los mismos, e incluso, la oposición del partido de Gobierno (Centro Democrático) a ellos, terminó siendo una amenaza más para las poblaciones y, de paso, para los propios ecosistemas de bosques y páramos.
La misiva hace referencia a la ofensiva militar, la Campaña Artemisa, entre otras medidas, que el Presidente Duque ordenó en la lucha contra la deforestación en la Amazonia, que no sólo no ha tenido los resultados esperados, sino que terminó colocando el foco en las comunidades más vulnerables y amenazadas y soslayando las responsabilidades de “los actores bien conectados y políticamente influyentes, que son los mayores deforestadores y no han sido “enjuiciados”.
Cabe recordar que en 2020, Colombia deforestó cerca de 171 mil hectáreas de bosques, la mitad casi en el Amazonas, mientras la meta de sembrar 180 millones de árboles en 600 mil hectáreas a 2022 apenas llega poco más de 70 mil árboles. La Campaña Artemisa sólo ha evitado la deforestación de cerca de 12 mil hectáreas, mientras la muerte de los líderes ambientales cerró el año pasado con una cifra récord: 64, casi la mitad del total global.
De ahí que la carta de los 12 científicos sea tan crítica con el Gobierno nacional por haber dejado a su suerte en el Congreso de la República el llamado Acuerdo de Escazú, que contiene valiosos instrumentos en justicia ambiental, acceso a la información y participación de las comunidades, pero que no se tramitó en la anterior legislatura, entre otras, por la oposición radical de algunos grupos económicos y el propio partido de Gobierno.
El no trámite de Escazú, según la carta, se sumó a la oposición que el Presidente Duque mantiene a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “un tribunal transitorio que investiga los crímenes contra la humanidad”, incluidos los cometidos por todos los actores armados contra los líderes sociales y ambientales en Colombia.
De hecho, hace poco más de dos meses, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó una propuesta al Gobierno de Duque, en el sentido de alinear los Acuerdos de Paz con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al considerar que en ambas agendas “está la respuesta que necesita el país para la reactivación sostenible y la prosperidad para todos después de la pandemia por el COVID-19”. El actual Gobierno jamás dio respuesta a dicha propuesta.
En ese contexto, la parte final de la carta suscrita por los 12 científicos colombianos es contundente al advertir que “la protección del medio ambiente en Colombia depende del empoderamiento y la cooperación de la población local. El rápido aumento de la violencia, la pobreza y la desigualdad, que coincide con las acciones contra el Proceso de Paz, ha creado las condiciones sociales que podrían acelerar la alteración de ecosistemas amenazados, incluyendo bosques y páramos.
En consecuencia, aseguran, “las elecciones de 2022 en Colombia serán críticas, tanto para las personas como para los ecosistemas” , y “los científicos tenemos que levantar la voz para educar a los candidatos y a los votantes sobre las consecuencias socio-ambientales de sus acciones”.
La carta es firmada por Alejandro Salazar, Juan F. Salazar, Santiago J. Sánchez-Pacheco, Adriana Sánchez, Eloísa Lasso, Juan C. Villegas, Paola A. Arias, Germán Poveda, Ángela M. Rendón, María R. Uribe, Juan C. Pérez y Jeffrey S. Dukes.
