Hace poco más de medio siglo, en 1969, cuando el hombre tocó piso lunar, el astronauta Neil Alden Armstrong pronunció unas palabras que han inspirado muchos otros momentos de la historia. Dijo: “Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”.
Por supuesto que lo fue, pero sigue y seguirá siendo insuficiente para asegurar la supervivencia de la humanidad sobre el planeta, porque llegar a la luna fue un punto de inflexión que, sin duda, cambió parte de nuestra historia, pero dejó abiertas sus páginas para escribir sobre los nuevos desafíos que llegarían después.
Uno de ellos es el cambio climático y sus efectos sobre la humanidad, porque quizás estemos asistiendo al momento más dramático de la permanencia del hombre sobre la tierra. No sólo el mundo se encuentra ahora soportando una pandemia de origen zoonótico, sino que los daños provocados en los grandes ecosistemas pusieron al descubierto las estrechas relaciones de éstos con la salud del planeta.
No faltaba evidencia científica para comprobarlo, pero algunos escépticos necesitaban ver los estragos del COVID-19 en la economía, el empleo, los sistemas sanitarios, la seguridad alimentaria y la biodiversidad para decidir actuar, y para siempre, porque no hay punto de retorno.
De ahí la trascendencia y el alcance del Pacto Andino de Salud y Cambio Climático que seis países del hemisferio sur decidieron poner en marcha ayer para enfrentar en bloque y de forma articulada los desafíos climáticos en una de las regiones más desiguales y vulnerables del Continente y del mundo, con no menos de 163 millones de habitantes e índices de pobreza multidimensional por encima del 30 por ciento, en promedio, pero que aumentarán inexorablemente por efectos de la pandemia.
De la mano de la Organización Andina de la Salud (ORAS), en cooperación con la OPS, la OMS y la Unión Europea, los ministros de Salud de Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela venían trabajando de forma articulada desde hace más de dos años en la formulación de un plan intersectorial, intergubernamental y multidisciplinario que permitiera abordar los problemas de la salud y su conexidad con el Cambio Climático y, en consecuencia, actuar en bloque y en el largo plazo para mitigar sus efectos.
El resultado de las deliberaciones, aportes, recomendaciones y aprendizajes en medio del COVID-19 quedó plasmado en seis líneas estratégicas y un programa de monitoreo y seguimiento que va más allá de los periodos de gobierno actuales y se convierte en una especie de Gobernanza Regional con visión global, al mejor estilo del Pacto Verde Europeo que suscribieron a comienzo de año los 28 países de la UE.
De hecho, este Pacto Andino será acompañado por la UE, no sólo en temas de investigación e intercambio de conocimiento, sino con recursos de cooperación y asistencia multinivel, con un fin común: reducir los gases de efecto invernadero fijados en la Cumbre de París, evitar el calentamiento global y proteger la biodiversidad, así como avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ejes estratégicos del Pacto Andino
El Plan Andino contiene un completo programa de gestión del riesgo de desastres en la salud, producto de una visión compartida por los seis países para el periodo 2018-2022, que ahora se extiende hasta 2005.
Dentro de ese programa, un tema central y de largo plazo tiene que ver con la actualización y puesta en común de toda la legislación y normatividad existentes en relación con la gestión del riesgo de desastres, lo que supone definir políticas que reduzcan sus impactos, preparen y den respuesta a los que ocurran, así como acordar los mecanismos y responsables de toda la cooperación internacional y se asistencia mutua. Capacitar y modernizar el abordaje del riesgo de desastres se convierte en una oportunidad regional para formar el mejor talento humano posible para hacer frente al cambio climático.
Es clara la premisa que mueve todo el andamiaje institucional, gubernamental, político, sanitario, económico, social y académico del Pacto Andino, en el sentido de que el cambio climático es la muestra inequívoca de “una crisis civilizatoria de carácter multidimensional, generada por un modelo de desarrollo y de consumo que amenaza la salud y la vida en el planeta”.
En concordancia con lo anterior, el documento de trabajo oficializado ayer por los seis países andinos que lo acogieron, es categórico en advertir que el cambio climático, visto como una oportunidad de cambio, es un catalizador de una serie de muy distintas y deseables formas de transformación social, económica y política, con amplia participación ciudadana.
Las líneas estratégicas del Plan son seis y tienen un objetivo central: contribuir a la disminución y mitigación de los impactos negativos que tiene el cambio climático sobre la salud de la población, mediante estrategias de gestión integral, así:
- Trabajo intra e intersectorial, multisectorial e interdisciplinario.
- Vigilancia sobre riesgo y vulnerabilidad.
- Investigación y sistematización de las experiencias para incidir en las políticas públicas.
- Mitigación del cambio climático.
- Adaptación al cambio climático.
- Gobernanza.
El liderazgo de Colombia
Colombia ha asumido un fuerte liderazgo regional en asuntos ambientales, consciente de su enorme riqueza de biodiversidad, pero también de su vulnerabilidad y exposición al calentamiento global y el riesgo de desastres.
El país afronta en estos momentos una de las temporadas de lluvias más fuertes desde 2011, cuando el fenómeno de La Niña dejó más de un millón de damnificados, un centenar de víctimas y pérdidas económicas por más de 26 billones de pesos.
El reciente paso por las islas del Caribe colombiano del huracán Iota, de categoría 5, como nunca había ocurrido antes, dejó destrozos aún sin cuantificar, y los sus coletazos provocaron graves daños a la infraestructura y las viviendas de más de 350 mil personas en 25 de los 32 departamentos del país, cifras que podrían ascender dados los pronósticos del IDEAM, según los cuales la temporada de lluvias se extenderán hasta mayo de 2021. Una clara muestra de la variabilidad climática y el calentamiento global.
Es así como el Gobierno ha venido trabajando en la consolidación de varias propuestas regionales relacionadas con temas ambientales, pero con énfasis en la reactivación verde que demanda la pandemia.
Mucho antes del COVID-19, el país había logrado la firma del Pacto de Leticia, con el que los países de la cuenca amazónica se articularon para combatir la deforestación, los incendios forestales, el tráfico ilícito de madera, los cultivos de uso ilícito y la pérdida de biodiversidad en el pulmón más grande del planeta: el Amazonas.
Pacto Global por los Páramos
De igual forma, la administración Duque propuso durante la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas la conformación de un Pacto Global por los Páramos, advirtiendo que el cambio climático amenaza la existencia de los glaciares, los nevados y la eficiencia de los océanos. Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo y el de mayor número de páramos.
Colombia busca liderar la transición energética en América Latina, con inversiones superiores a los 36 billones de pesos en 16 proyectos de energías renovables no convencionales, eólica y solar, y acaba de comprometerse con aumentar a 51 por ciento su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, es decir, 31 por ciento más que lo acordado en la Cumbre de París sobre Cambio Climático.
Eso incluye la puesta en el mercado de unos 600 mil vehículos eléctricos y pago por servicios ambientales por cerca de 50 mil millones por año.
Las Naciones Unidas, bajo su lema “Que nadie se quede atrás”, deberá ejercer su papel de acompañamiento y de cooperación internacional para lograr que estas y muchas otras iniciativas regionales, no se queden en el papel y se pase a la acción.
Ya no estamos en la era lunar, sino en la del cambio climático, y de nosotros depende dar “un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad”, parodiando la frase de Neil Armstrong de hace medio siglo.