La minería sigue siendo el coco del Gobierno

Manuel Rodríguez Becerra no sólo fue el primer ministro de Ambiente que tuvo el país después de la Constitución del 91, sino que sigue siendo el referente ambiental y la memoria colectiva de las comunidades que desde los territorios buscan que se aplique la Carta Política en la defensa y protección de los ecosistemas. Hablamos con él para revisar cómo va la agenda ambiental de Colombia, a dos años del mandato del Presidente Iván Duque. Reconoce avances, pero insiste en que al país le falta visión y advierte que la pandemia lo que ha hecho es aplazar una protesta social que se venía incubando antes del coronavirus. ¿Hay tiempo de revertirla?

Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente, profesor emérito de la Universidad de los Andes y presidente del Foro Nacional Ambiental.

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¿Cuál es su balance ambiental del país, en general, y cómo ha visto el papel del Ministerio de Ambiente en estos dos años de Gobierno?

Manuel Rodríguez Becerra: No hay que mirar sólo el papel del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque el tema ambiental va más allá de esa entidad. Es un asunto transversal que involucra a muchas otras dependencias del Gobierno central y entes descentralizados. Creo que en estos dos años se ha logrado avanzar, pero no a la velocidad que demanda la crisis ambiental acumulada por tantos años. Se ve que no hay una política diferente frente al tema minero y petrolero, que son sectores de impacto ambiental muy fuerte en ciertas regiones. No significa que no se pueda hacer minería, sino que no puede hacerse en cualquier parte y a cualquier costo.

Por ejemplo, los proyectos de Santurbán, en Santander, y Quebradona, en Antioquia, son altamente inconvenientes y podrían ser muy peligrosos en términos de la sostenibilidad de sus territorios. He dicho muchas veces, y nadie me ha comprobado que no es cierto, que no conozco un solo proyecto minero que haya significado una mejor calidad de vida para la región donde se ejecutó.

Llegó la hora de la diversificación económica del país. La transición energética es una ruta segura y suficiente para dejar de depender del petróleo y el carbón…

Creo que Colombia no ha podido resolver el tema minero y este Gobierno no muestra querer hacerlo. Soy de la línea de quienes piensan que es hora de hacer una verdadera diversificación productiva. No es posible que las finanzas del Estado sigan atadas al petróleo, al carbón o al oro.

Los países que más están creciendo en el mundo son aquellos que diversificaron sus economías con bienes y servicios de valor agregado. Entrar a los temas de energías renovables no convencionales, eólica y solar, es sin duda un camino ideal, pero demanda el concurso de muchos otros sectores que no siempre están de acuerdo con esa transición. El tema medioambiental del país debe pesar en la definición de la política macroeconómica, pero no desde un Ministerio, sino desde toda la institucionalidad, incluidas las comunidades y la ciudadanía.

Pero esa es una herencia que se transfiere cada cuatro años…

Sí, pero alguien tiene que romper el círculo. Ahora, siendo objetivos, este Gobierno recibió una parte de esa herencia muy mala en términos ambientales, dadas las cifras de deforestación de los últimos años y como consecuencia de la firma del acuerdo final con las Farc. El pacto tácito hecho con la guerrilla de no tocarla mientras duraba la negociación fue admitir la expansión de los cultivos de uso ilícito y llegar, según los informes oficiales, a más de 200 mil hectáreas sembradas con hoja de coca. Esos territorios se convirtieron en tierra de nadie y hoy estamos pagando las consecuencias.

Con unos índices de deforestación impresionantes…

Así es. El gran reto que se planteó la administración Duque, precisamente, fue la siembra de 180 millones de árboles. Creó, incluso, un Comité de Lucha contra la Deforestación, pero me da la impresión que por efecto del Covid 19 y de la lucha armada de grupos ilegales en vastas regiones del país, las acciones del Gobierno no están siendo efectivas y esa meta está cada vez más lejos de ser alcanzada. Las reducciones en deforestación de los dos últimos años, en promedio, de 18 por ciento son muy pequeñas en relación con los daños acumulados por décadas.

Sobre todo, porque reforestar no es suficiente…

De acuerdo. Llegar a los territorios va más allá de una acción militar, necesaria por supuesto, porque las comunidades necesitan tener acceso a la salud, la educación, las cadenas productivas, los mercados. Hemos procurado abrir espacios de diálogo y concertación con varios grupos, con el fin de ayudar al Gobierno en la formulación del Plan Nacional Forestal, con una mirada integral, articulada y con amplia participación de todos los sectores involucrados.

La agricultura es el gran motor de la reactivación de la economía después de esta pandemia, pero hay que hacer sostenibilidad a gran escala, pues hasta ahora las metas han sido demasiado pequeñas en relación con las oportunidades que tenemos como un país megadiverso.

¿Pero el problema es de escala o de recursos también?

Los dos van de la mano, porque los temas ambientales necesitan recursos, sobre todo cuando es necesario recuperar lo que nunca debió dañarse. Ahora, debo reconocer que durante este Gobierno se le han dado cuantiosos recursos al sector ambiental. Comenzando por el proyecto de ley que presentó el partido Centro Democrático, que determina entregar el 5 por ciento de las regalías al sector ambiental.

Eso representa un billón de pesos por año. Desde la administración anterior quedó listo, pero este Gobierno debe implementarlo, el llamado impuesto al carbono, que podría generar recursos por casi 300 mil millones por año, sumados a la cooperación internacional que recibe el país de la Unión Europea, Reino Unido, Alemania y Noruega, por casi 360 millones de dólares para la lucha contra la deforestación. Eso junto, significa un aumento del 30 por ciento de los recursos del sector ambiental.

¿La Constitución, que es ecológica sobre todo, ha logrado sus objetivos?

El balance ambiental del país es positivo en relación con los avances que en esa materia se han dado en el contexto latinoamericano. En Colombia es quizás donde más se ha judicializado la gestión ambiental y, precisamente, eso pasa porque existen acciones del Ejecutivo que violan la propia Constitución, que incluyó más de 150 artículos que le han servido a las cortes para fallar y expedir sentencias sobre diferentes temas que han presentado personas naturales y jurídicas, haciendo uso, en especial, de la tutela y de la acción popular. En el primer caso, para defender derechos fundamentales y, en el segundo, para proteger el derecho a un ambiente sano y su conexidad con el derecho a la vida.

Avances muy importantes en términos de reconocer a los ríos, los humedales y los bosques, entre otros, como sujetos de derecho…

Efectivamente. Colombia es un líder sobre la materia en América Latina y creo que somos el país con la legislación más progresista en términos de derechos de las comunidades indígenas, aunque muchos desconocen eso. El 30 por ciento de todo el territorio nacional es resguardo indígena. El 70 por ciento de la región amazónica es resguardo indígena, el 65 por ciento de los parques nacionales son resguardos indígenas.

Así, el papel de los indígenas ha sido fundamental en la protección y conservación de gran parte de nuestra biodiversidad. Lo mismo ha pasado con las comunidades afrodescendientes y cimarrones, a través de la figura de las propiedades colectivas. Entre esos grupos, hay más de seis millones de hectáreas que han sido salvaguardadas y protegidas del embate de la ilegalidad y la deforestación.

¿El Acuerdo de Escazú es un paso para esa consolidación desde las comunidades?

Sin el papel activo, valiente y decidido de las comunidades no hubiera sido posible conseguir la protección que ahora tienen muchos ecosistemas. El Acuerdo de Escazú es una muestra de ese poder local y comunitario, pero no hay que olvidar que fue, precisamente, la llamada Séptima Papeleta la que dio inicio a todo el proceso Constituyente del 91, que tiene como eje la democracia participativa y el Estado Social de Derecho.

Eso es un logro trascendental y muchos otros mecanismos de participación se han consolidado, pero en Colombia también nos pasó que “matamos al tigre y le cogimos miedo a la piel”. Los poderes locales, regionales y nacionales no han llevado a su máxima expresión, y está lejos de hacerlo, los mecanismos de participación. Claro, eso depende también de la voluntad política del gobernante, pues muchos de esos mecanismos necesitan del músculo económico del Gobierno para poder hacerlos efectivos. Acá nos hace mucha falta la sensibilidad.

¿Hay voluntad política y gremial para hacer efectivo Escazú?

Lo que pasa es que la mayoría de normas contenidas en Escazú ya están en la Constitución y la Ley. El acuerdo lo que hace es potenciar muchas de ellas y genera nuevos espacios para revisar y ajustar lo que no ha sido posible poner en marcha. El tema de Justicia Ambiental, por ejemplo, es un asunto que todavía no tiene suficiente desarrollo ni en Colombia ni en el mundo. Ese es un tema complejo, pues cuando hablamos de Justicia Ambiental, entre otras, estamos hablando de Cambio Climático y cómo son las comunidades más pobres y vulnerables las más afectadas por ese fenómeno sin ser responsables por ello.

Pero no sólo por el cambio climático, sino que han sido afectados directamente por un conflicto armado de más de 60 años que, parece, no se resolvió con la firma del acuerdo final con las Farc…

La tragedia colombiana está ligada a la lucha por la tierra. Parte de la guerra se explica por ella. De hecho, el origen de las Farc tiene que ver con la tierra y el primer punto del acuerdo es la reforma agraria. La paradoja es que fue la disputa armada la que provocó una mayor concentración de la propiedad de la tierra, vía desplazamiento forzado.

Luego, hablar de Justicia Ambiental también es reconocer los derechos de esas personas desplazadas a ser restituidas. El problema es que el acceso a la tierra no se está resolviendo en Colombia y no existe voluntad política para cambiar esa situación. Es más, muchos de quienes han recuperado sus predios siguen siendo vulnerados, porque no tienen acceso a los instrumentos técnicos ni financieros para hacerlos productivos. No basta con devolver las tierras, sino convertirlas en fuentes de ingresos y mejora de la calidad de vida.

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