Manuel Rodríguez Becerra, quien fue el primer colombiano en ocupar la cartera de Medio Ambiente, asegura que la Carta Constitucional de 1991, que cumplirá 30 años de promulgada, fue fundamental para lograr los avances que hoy tiene el país en materia de medio ambiente.

Estuvo a cargo de la elaboración de la Ley 99 de 1993 y en esos años, como gerente del Inderena, hizo más de 100 audiencias públicas para socializar y ajustar la ley en el inicio del gobierno del presidente César Gaviria Trujillo. Rodríguez Becerra también fue clave para gestionar dos créditos por 200 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para poner en marcha ese ministerio.

En la elaboración de esa Ley impulsó que los recursos que se le dan al sector ambiental, como las transferencias del sector eléctrico y las del Impuesto Predial, entre otros, no los pudiera tocar el Gobierno Nacional. “Eso fue clave porque cuando el medioambiente depende solo del presupuesto nacional, llega una crisis económica y barren con todo”, recuerda.

Territorios Sostenibles entrevistó al exministro Rodríguez Becerra, quien además es profesor emérito de la Facultad de Administración Universidad de Los Andes, miembro fundador del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina de esa institución educativa y un defensor a ultranza del medio ambiente.

 

¿Qué significó para el país que la Constitución Política de 1991 le haya dado preponderancia a la protección del medio ambiente?

Realmente cuando se hizo la Asamblea Constitucional y, posteriormente, los constituyentes se reunieron había un ambiente muy favorable que venía desde la Conferencia de Río de Janeiro de Medio Ambiente y Desarrollo, que había sido convocada desde 1988. Y ya estaban las negociaciones de la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención del Acuerdo sobre Desarrollo Sostenible, que se llamó Agenda 21, y la negociación sobre bosques. Todo esto ya estaba en plena marcha. Había un aparato internacional trabajando en lo que había sido la conferencia históricamente más importante en medio ambiente y desarrollo que fue esa Conferencia de Río (1992).

Incluso, varios de los miembros de la Asamblea Constitucional y miembros del Congreso participaron en esas reuniones de negociación. Recuerdo muy bien a Guillermo Perry, que era parte de la Asamblea, o Mario Laserna, que era congresista. Eso fue clave para que se diera un ambiente en pro del desarrollo sostenible y medio ambiente en la nueva Constitución.

Así se entiende el por qué esta es una Constitución Ecológica, como lo dijo la Corte Constitucional, y por qué contiene más de 50 artículos que tienen qué ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

 

¿Cómo analiza ese momento histórico del país para llegar a plantear la ecología como un punto fundamental en la Carta?

Ese fue un hecho histórico de la mayor importancia. En el marco de la nueva Constitución se hizo la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental.

Eso fue un gran hit en la legislación colombiana a nivel de la Constitución y de la ley sobre el medio ambiente y el desarrollo. Nos coincidieron los dos procesos. En Colombia hay que recordar que a principios de los noventa había un gran optimismo. El país estaba creciendo en lo económico muy fuerte, había un gran hallazgo petrolero con Cusiana.

Todo eso favoreció para que se hiciera esta Constitución Ecológica. Yo tuve la fortuna de participar, tras la designación del presidente César Gaviria Trujillo, como gerente del Inderena y me puso un objetivo claro: que liderara y coordinara el proyecto de la Reforma Ambiental. Que, además, sirviera de soporte a los asambleístas en todo lo que tuviera que ver con medio ambiente y desarrollo sostenible.

Aparte, que participara activamente en la Conferencia de Río. O sea que, personalmente, se me alinearon los astros y tuve la oportunidad de participar en tres proyectos fundamentales para el país y el mundo.En ese momento mucha gente dijo que eran muchos artículos y que al final eso no se iba a cumplir, pero debo decir que ha tenido mucho impacto en el país esta Constitución Ecológica. En ese momento se adoptó el concepto de desarrollo sostenible en el país que hoy está tan en boga.

 

¿Cómo recuerda ese momento?

El concepto de desarrollo sostenible se adoptó en la Conferencia de Río y antes, con un informe que pidió la ONU a una comisión especial dirigida por la primer ministro noruega Gro Harlem Brundtland, que fue sobre medio ambiente y desarrollo que hizo el famoso informe Nuestro futuro común. Ahí se desarrolla de manera clara la concepción dura del desarrollo sostenible.

Eso está así, como concepto, desde 1987. Esa comisión fue la que recomendó hacer la Conferencia de Río y ya el concepto de desarrollo sostenible quedó incorporado desde ese momento. Mucha gente dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una cosa nueva. Y no. En ese momento se hizo la Agenda 21, que tiene 350 páginas sobre desarrollo sostenible y toca todos los aspectos divinos y humanos en lo social, lo económico, lo político y lo ambiental.

Entre otras cosas, es una agenda mucho más completa que los ODS y en la Convención de Cambio Climático se adopta la idea de desarrollo sostenible. Durante los años hubo un desarrollo y, sin duda, los ODS ayudaron a consolidar más el tema. El mundo ha sido muy exitoso en consagrar la concepción del desarrollo sostenible como una de las grandes ideas de la humanidad. Hoy está totalmente anclado; como la libre expresión, la igualdad y la democracia.

 

¿Cuáles son los grandes aportes de la Ley 99 de 1993 que, entre otros aspectos, crea el Ministerio de Medio Ambiente?

Creo que la Constitución tuvo grandes consecuencias a diferentes niveles. Primero ha habido nuevos desarrollos legales, a partir de sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, entre otras. Y también de diversos tribunales de justicia. Por ejemplo, recientemente regiones como la Amazonía y el Río Atrato son objeto de derechos. Eso es un desarrollo claro de la Constitución de 1991. Porque fueron 24 jóvenes, con el soporte de la Fundación de Justicia, los que presentaron una acción de tutela ante unos jueces para que se les protegiera su derecho a un medio ambiente sano.

Buscaban que se les resguardara, porque en esa tutela se fundamentó que estaban amenazados los derechos de ellos al medio ambiente sano en virtud de la enorme deforestación de la región Amazónica. Esa tutela llegó a la Corte Suprema de Justicia y declaró esa región como objeto de derechos. Eso va teniendo consecuencias. Es paulatino, pero es un ejemplo. Y esa es la parte más importante, proteger el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano, las cortes han hecho sentencias absolutamente centrales.

Un ejemplo es que el Río Bogotá se está descontaminando, porque el Tribunal Superior de Cundinamarca, recogió las diferentes acciones de tutela y acciones populares de los habitantes de la región de aguas abajo del río, que reclamaban la descontaminación del afluente porque se ve afectada su salud y actividad agrícola. Y se estableció una sentencia que le ordenó a la Nación, al Distrito Capital y a la CAR que deberían generar acciones concretas para recuperar y restaurar el Río Bogotá.

Eso fue apelado ante el Consejo de Estado, que hizo una sentencia de 1.000 páginas, que establece de manera precisa los deberes de cada una de las instituciones de los órdenes, local, regional y nacional que tienen que ver con el río en términos de su descontaminación. Y todas las obras que se han hecho son multimillonarias. Eso es fruto de la Constitución de 1991.

 

En ese sentido, ¿qué papel han tenido las diferentes ramas del Poder Público para garantizar esos derechos de la Carta Constitucional de 1991?

En Colombia se ha judicializado la gestión ambiental y eso es positivo. Si falla el Poder Ejecutivo, en proteger los derechos de los ciudadanos para tener un medio ambiente sano, pues ahí intervienen las cortes para exigirle al Ejecutivo, so pena de sanciones muy importantes, que procedan en esa línea.

Hay muchos ejemplos muy valiosos. La Corte Constitucional ha dicho que cuando hay una conexión de un derecho fundamental, como a la salud o a la vida, y un derecho colectivo, como es el del medio ambiente sano, se puede utilizar también la acción de tutela en asuntos ambientales.

Esa sentencia ha sido clave porque los ciudadanos han utilizado de manera intensa la acción popular y la acción de tutela para proteger el medio ambiente. Esto pasó también con el amparo a los cerros orientales de Bogotá.

Hay cientos de tutelas que han fallado jueces y tribunales superiores para proteger el derecho a un medio ambiente sano frente a autoridades incompetentes.

¿Qué le quedó faltando a la Constitución Política de 1991 en materia ambiental?

Creo que todavía hay unos artículos muy poderosos que no se han reglamentado, que no han tenido desarrollo jurídico. Por ejemplo el de que la propiedad privada tiene una función ecológica, que fue un artículo que se incorporó por iniciativa del expresidente Misael Pastrana Borrero, no ha tenido todavía un desarrollo jurídico. Y ojalá se haga. Ha habido sentencias que lo han desarrollado parcialmente. La reforma al sector ambiental, entre 1990 y 1994, tuvo una pieza fundamental que fue la nueva Constitución y la otra fue el Ministerio de Medio Ambiente.

En 1991 había gurúes que decían que esto era puro bla,bla,bla y todo ha tenido unas consecuencias bien importantes. Pero, sin duda, los colombianos tenemos que estar orgullosos de esa Constitución Ecológica.