Con el cierre de la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, que se realizó en Santiago de Chile, los 12 Estados Parte, al igual que los países observadores, aprobaron la publicación de una declaración política en la que reafirman el tratado como un instrumento impulsor del desarrollo sostenible y una herramienta fundamental de gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región. Todo esto con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.
En las sesiones, que se realizaron en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre el 20 y el 22 de abril pasados, se dejó en claro que la gobernanza ambiental debe enfocarse en generar soluciones oportunas, coherentes y participativas que permitan enfrentar de manera decidida las crisis ambientales que vive la región, y en general, el planeta.
“Necesitamos respuestas para saber cómo nos movemos y cómo actuar hacia el futuro en esta coyuntura tan difícil que vive el mundo”, expresó Mario Cimoli, secretario Ejecutivo Interino de la Cepal.
En esta COP 1 de Acuerdo de Escazú participaron 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil de manera presencial y virtual. También, unas 300 personas por día siguieron las transmisiones de las conferencias mediante plataformas virtuales.
La declaración política
En el documento aprobado tras finalizar las conferencias, los delegados reafirmaron la importancia de la cooperación y el multilateralismo para avanzar y profundizar en los esfuerzos como región para la consecución del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Además, se advirtió que “las estrategias de recuperación económica y social, tras la pandemia del COVID-19 y la superación de la crisis ambiental, deben considerar la sostenibilidad como uno de sus elementos centrales, y deben estar guiadas por un objetivo de desarrollo más inclusivo, de aceleración de la aplicación de las medidas de protección ambiental y una mayor acción climática”.
Otro de los puntos destacados de esta declaración es que se deben garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de todos los ODS como hojas de ruta fundamentales para alcanzar la recuperación transformadora y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, asegurando que nadie se quede atrás.
Como punto final, pero no menos importante exhortaron a todos los países signatarios del Acuerdo de Escazú que aún no lo han ratificado (como Colombia) a que lo hagan a la brevedad. También a que los que no son signatarios ni partes adhieran al tratado lo antes posible.
Defensa de los líderes ambientales
Para Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, la ratificación del Acuerdo da muestras de un liderazgo a nivel regional y global en la búsqueda de nuevas herramientas para proteger el medio ambiente y sus defensores, e instó a los Estados que aún no lo han ratificado a que lo hagan prontamente.
“Ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para que los estados cumplan con su responsabilidad de cuidar el planeta y los derechos de las personas. El tratado es, sin duda, un hito, porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu del Acuerdo diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe”, aseguró Bachelet.
De otro lado, Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, entregó un mensaje en el que recalcó el momento histórico que hoy viven América Latina y el Caribe. “La COP 1 de Escazú marca un cambio radical en el abordaje de la triple crisis planetaria: del cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación y residuos”.
Ante el poco compromiso del Gobierno de Iván Duque de ratificar el Acuerdo, representantes de la sociedad civil como Laura Serna, joven Campeona de Escazú de Colombia, sí se hicieron presentes en la COP 1 de Santiago de Chile. Ella no solo reclamó más responsabilidad del Ejecutivo hacia el tratado, sino que instó a que los diferentes actores se comprometan de verdad a lograr esas transformaciones.
“Con el Acuerdo de Escazú queremos que nazca un nuevo tejido social, que podamos sanar las heridas y construir una nueva generación”, aseguró Serna.
¿Qué sigue?
Para el Acuerdo de Escazú, que está basado en cuatro pilares fundamentales: acceso a la información, a la participación, a la justicia y la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, sigue que más Estados Partes ratifiquen el tratado.
Hasta el momento solo han ratificado el Acuerdo Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Santa Lucía. El último en ratificarlo fue Chile, y se dio tras la llegada al poder del presidente Gabriel Boric.
En la COP 1 se decidió, además, realizar una reunión extraordinaria en abril de 2023 en Argentina. Se espera que la segunda reunión ordinaria de la COP del Acuerdo de Escazú se efectúe en abril de 2024, en un lugar por confirmar.
