El 13 de abril pasado, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció en Wall Street (Nueva York), que Colombia es el primer país de América Latina en publicar una Taxonomía Verde, que es una estrategia que surge como respuesta para enfrentar los desafíos ambientales desde la perspectiva de movilización de recursos, tanto públicos como privados.
Está compuesta por una serie de acciones que permiten a los actores y líderes del mercado de capitales colombiano identificar con mayor facilidad qué actividades contribuyen sustancialmente al cumplimiento de metas ambientales.
Además, facilita la diferenciación y clasificación de los instrumentos financieros denominados como verdes. También aumenta la transparencia y apoya el monitoreo de las inversiones y los gastos del sector público en estos proyectos.
La primera versión
En esta primera versión de la Taxonomía Verde, según el Gobierno Nacional, se tienen en cuenta los sectores económicos ligados a la energía, construcción, residuos, captación de CO2, agua y transporte.
“Colombia se enorgullece de lanzar la Taxonomía Verde, un modelo de referencia para otros mercados emergentes, de la mano con el sector privado en Latinoamérica. En este momento somos el cuarto país del mundo en contar con ella, una especie de código genético a través del cual vamos a definir todas las determinaciones de política pública que pueden ser muy valiosas y que, además, se podrán demostrar en cualquier forma en un mercado de carbono”, dijo Duque.
La iniciativa permitirá movilizar más recursos para favorecer proyectos que mitiguen el cambio climático y que protejan la biodiversidad. También le apunta a diferenciar instrumentos financieros denominados como verdes y a apoyar el monitoreo y rastreo de inversiones.
“Nuestro país sigue marcando su ruta hacia la sostenibilidad, esta vez apalancando nuevos recursos e inversiones para el sector. Con Taxonomía Verde, lograremos impulsar proyectos ambientales de prioridad para el país y se convierte en la hoja de ruta para empresas y emisores de valores, inversionistas locales y extranjeros, reguladores financieros, entidades públicas y privadas, y consumidores”, expresó Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente.
Entre los objetivos ambientales que se identificaron se encuentran la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la gestión del agua, la gestión del suelo, la economía circular y la prevención y el control de la contaminación.
¿Cómo se usa?
La Taxonomía Verde se usa para apoyar la identificación y evaluación de actividades económicas y activos con contribuciones sustanciales para el logro de objetivos ambientales. Esto con el propósito de impulsar la movilización efectiva de recursos privados y públicos hacia las inversiones ambientales, que permitan cumplir con los compromisos internacionales del país.
Además, sirve para facilitar la diferenciación y clasificación de los instrumentos financieros denominados como verdes de otros como bonos, carteras de crédito o leasing, títulos derivados de procesos de titularización, fondos de inversión, líneas de inversión diferenciadas, portafolios de inversión e índices bursátiles, y promover el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.
También se puede emplear para favorecer la homologación de criterios y definiciones para las finanzas verdes, a través de un lenguaje común, aumentando la transparencia y evitando el ‘engaño verde’ o ‘greenwashing’.
Finalmente, se puede usar para el monitoreo y rastreo de las inversiones y el gasto público verdes, que apuntan a metas
de sostenibilidad ambiental, así como la identificación de actividades con potencial y brechas para la focalización de recursos.
¿De qué consta?
Esta primera edición de la Taxonomía Verde lanzada por el Gobierno Nacional consta de tres capítulos:
Capítulo 1: describe el marco conceptual, así como el diseño y la arquitectura de la Taxonomía Verde de Colombia.
Capítulo 2: aborda el objetivo de mitigación del cambio climático para siete sectores de la economía y reconoce las interrelaciones de los objetivos ambientales, a través de los cobeneficios que los activos y actividades económicas generan a otros objetivos ambientales y a través del principio de no hacer daño significativo.
Capítulo 3: atiende a cinco objetivos ambientales de forma transversal para tres sectores de la economía relacionados con el uso del suelo.
¿Cómo se elaboró?
En el proceso de elaboración de la Taxonomía Verde participaron 370 expertos técnicos y partes interesadas de los sectores privado, público, academia y organismos internacionales.
Tras la publicación de los documentos técnicos sectoriales para consulta se recibieron más de 400 comentarios del público, que fueron analizados e incorporados al documento final.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia lideraron esta iniciativa en coordinación con la Mesa de la Taxonomía Verde conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, y el Dane.
Además, se recibió el apoyo técnico y financiero del Grupo Banco Mundial, que fue fundamental para el éxito del proceso. Además, se contó con la colaboración de la Corporación Financiera Internacional y la Tesorería del Banco Mundial; miembros del Grupo Banco Mundial, financiados por la Cooperación Suiza, Suecia, Luxemburgo y NDC Trust Fund. También hubo apoyo técnico de Climate Bonds Initiative, financiado por UK PACT.
El marco internacional
Esta edición de la Taxonomía Verde va en consonancia con los compromisos internacionales desarrollados en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para lograr esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático a nivel global y estabilizar la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Asimismo, apoya el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que busca promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible a través de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
