Colombia se está ahogando en su inmensa riqueza hídrica y podría terminar atorando su desarrollo ante la ineficiente gestión que hace de uno de sus mayores tesoros: el agua.
La biodiversidad y el patrimonio ambiental de Colombia ha desbordado la capacidad institucional y normativa necesaria para administrarlas con eficiencia. No sólo tenemos dos océanos y casi la mitad de los páramos del mundo, sino que dentro de las 10 cinco regiones más lluviosas del planeta, dos están en territorio colombiano: Tutunendo en Chocó y López de Micay, en el Cauca.
Aún así, la disponibilidad de agua está desequilibrada con la demanda y esta trayectoria aumentará aún más la inseguridad hídrica en Colombia, en especial por los enormes impactos que tendrá sobre todo el planeta el Cambio Climático.
Aunque es un país con vastos recursos hídricos, sin inversiones robustas e innovadoras corre el peligro de perder ese capital natural, clave para la etapa pospandemia y como eje de la recuperación verde que ha propuesto el Gobierno, con una inversión estimada en poco más de 100 billones de pesos.
No se compadece que, aunque es uno de los nueve territorios del mundo con mayores recursos de agua, un tercio de su población urbana está afectado por estrés hídrico y, además, muchos cuerpos de agua están contaminados, lo que afecta la salud pública y aumenta los costos del tratamiento del agua potable, con lo que, de paso, reduce el uso potencial para otros sectores estratégicos para la reactivación sostenible.
De ahí la creciente presión de los recursos hídricos hacia el futuro, a pesar de la abundancia en el presente. En términos de la eficiencia económica de Colombia en el uso del agua (valor de producción en dólares por m3 utilizado), las cifras recientes muestran que el país produce bienes y servicios por valor de US$18.90 por metro cúbico de agua extraída, muy por debajo del promedio de los países de ingresos medios, que es de US$27. Esto significa que Colombia es relativamente ineficiente en términos de productividad del agua en comparación con el promedio mundial.
Banco Mundial pone sus ojos en Colombia
Estas son algunas de las cifras contenidas en el más reciente estudio adelantado por el Banco Mundial y titulado “Colombia: un cambio de rumbo hacia la seguridad hídrica para la recuperación y crecimiento sostenible”, que se dio a conocer durante el Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, Expoagua 2020.
La investigación advierte que a raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo durante las últimas dos décadas. Desde sequías extremas hasta inundaciones graves, Colombia ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en todo su territorio, que reflejan sus problemas de “exceso, escasez y contaminación” del agua.
El desequilibrio de oferta y demanda y la contaminación del agua son señales claras de alerta de inseguridad hídrica y el país se debe mover rápidamente para atenderlas si se pretende cumplir con las metas ODS.
Aunque el país ha adoptado medidas fundamentales para mejorar el marco institucional del agua, el sector aún está regido por numerosos intereses, leyes y fuentes de financiamiento contrapuestos, que separan el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas y las inversiones, señala el documento.
La política del agua adolece de la falta de una autoridad que supervise el sector hídrico desde una perspectiva multisectorial y que tenga autoridad para emitir decisiones vinculantes.
El sector hídrico en Colombia ha logrado preparar una buena cantidad de planes estratégicos, pero la falta de monitoreo de los impactos de su implementación dificultan la evaluación de la calidad de dicha implementación
Todavía persisten deficiencias considerables en los servicios de agua: la cobertura del abastecimiento gestionado de manera segura llegó al 73% a nivel nacional (el 40% en las zonas rurales) y la cobertura del saneamiento gestionado a tan solo el 17%.
Plan de recuperación por 100 billones
Para la pos pandemia, Colombia ha elaborado un plan de recuperación por más de 100 billones de pesos, que incluye cuatro pilares: creación de empleo, crecimiento verde, orientación del apoyo a las personas pobres y vulnerables y énfasis en las zonas rurales, la paz y la seguridad.
Las inversiones correctas en seguridad hídrica conllevarán la creación de empleo, un equilibrio entre la infraestructura verde y la infraestructura gris, y el mejoramiento de las condiciones de salud para las personas pobres y vulnerables.
Durante las últimas dos décadas, la dotación de agua de Colombia ha disminuido en algunas de sus macrocuencas, debido al cambio climático y al crecimiento de la población, poniendo en riesgo la disponibilidad en numerosos municipios.
La incorporación de mayores inversiones en el desarrollo territorial reducirá la migración a las ciudades, así como el número de personas que se desplazan dentro del país, y promoverá la paz y la seguridad, señalan los expertos en el informe.
Invertir, parte de la solución
Sin inversiones considerables en obras de infraestructura hídrica existentes y nuevas y sin una revisión del marco institucional vigente se seguirá desaprovechando el enorme potencial de capital hídrico de Colombia.
Así, el documento señala varias áreas prioritarias en las que sería conveniente adoptar medidas orientadas, por ejemplo, a fortalecer el marco institucional, promover el desarrollo territorial, aumentar la resiliencia y aprovechar la economía circular, en la que las aguas residuales sean vistas como desechos, sino como un recurso valioso en el contexto de escasez de agua.
El aumento de la contaminación de los cuerpos de agua, su impacto en el medio ambiente y la salud humana y la limitada capacidad de vigilancia ha llevado a los tribunales a asumir un papel más prominente en la protección del agua, agrega.
En el estudio se pone de relieve la importancia de modernizar las instituciones del sector, debido a que múltiples Ministerios intervienen en la gestión de los recursos, la prestación de servicios y la mitigación de los riesgos. Las reformas institucionales podrían mejorar la colaboración, reducir la superposición de funciones, aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, y propiciar la implementación de proyectos multipropósito.
Para promover la inclusión y el desarrollo territorial es fundamental realizar inversiones en las zonas que carecen de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
De dónde partir
Los estudios nacionales del agua, realizados por IDEAM en 2014 y 2018, indican que el número de municipios que ya están en riesgo de escasez asciende a 391. La tendencia a largo plazo sugiere que muchos más seguirán este rumbo.
El cambio climático está incrementando las anomalías pluviales, y se prevé que las temperaturas medias aumentarán en hasta 2,14 grados hacia el final del siglo.
El resultado probable será un mayor número de sequías e inundaciones, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos El Niño y La Niña, y la pérdida rápida y constante de glaciares, que ya han retrocedido un 60% en los últimos 50 años.
Los recursos de aguas subterráneas en el país no se miden ni administran adecuadamente, a pesar de que el agua subterránea podría convertirse en una reserva estratégica durante largos períodos de sequía.
La contaminación del agua, otro problema grave, está degradando cada vez más la calidad de los recursos hídricos del país y dañando sus ecosistemas. En muchas regiones, el agua está tan contaminada que el contacto directo es peligroso. Las cargas sanitarias que impone la contaminación del agua crean ciclos viciosos de pobreza, desigualdad y movilidad forzada.
El agua contaminada y la incertidumbre pluvial también están incidiendo en la estabilidad de los ingresos agrícolas, que son fundamentales para lograr que las zonas rurales y remotas del país prosperen.
La industria, los hogares y las áreas cafeteras se encuentran entre quienes más contribuyen a la contaminación del agua en todo el país. La erosión acelerada por la deforestación también contribuye a esta problemática, al igual que la minería, legal e ilegal. En 2012, por ejemplo, el sector minero descargó un total de 205 toneladas de mercurio al suelo y las fuentes en 179 municipios, según el Estudio Nacional del Agua.
Como resultado, en muchas regiones del país, las personas más desatendidas a menudo no tienen agua potable segur, porque el tratamiento es insuficiente o inexistente.
El Índice de Calidad del Agua (ICA) muestra que el sector industrial es el mayor contribuyente de carga orgánica neta que se descarga a los cuerpos de agua, estimada en 51% en la demanda biológica de oxígeno (DBO), 62% en química, con respecto de la carga total agregada por los tres sectores (agricultura, industria y doméstico).
El ICA presentado en la ENA 2018 muestra los crecientes problemas de hacer cumplir las regulaciones y organizar el sector industrial con estándares ambientales para mitigar los niveles de calidad del agua y evitar riesgos futuros de calidad del agua.
En Colombia, donde la tasa de desplazamiento interno es una de las más altas del mundo, la incertidumbre pluvial y el aumento de la contaminación del agua están acelerando los desplazamientos, lo que plantea dificultades al Gobierno al momento de elaborar planes de desarrollo territorial y políticas inclusivas en las zonas rurales.
Agua en clave de COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha impuesto limitaciones enormes a los proveedores de servicios de agua en todo el país. Mantener la continuidad del servicio e incluso aumentar los niveles de abastecimiento de agua durante la fase de emergencia de la crisis han planteado un gran desafío para los proveedores.
La presión adicional sobre estos se originó en la disminución de los ingresos, debido a las dificultades que enfrentan los hogares para pagar las facturas y al aumento de los mandatos públicos relacionados con el suministro de agua.
A esto se han sumado el aumento de los costos (horas extras, la incorporación de personal temporario, y la importación de insumos, como productos químicos) y las limitaciones en materia de prestación y cobertura del servicio, ya que hay zonas que carecen de acceso o donde la continuidad del servicio es escasa.
Otro aspecto está relacionado con la deuda, para pagar el financiamiento otorgado por instituciones financieras internacionales, o las deudas con bancos locales y alianzas público-privadas.
Estos problemas que han surgido con la pandemia exigen reforzar el desarrollo del sector y promover asignaciones más altas de financiamiento público. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento son esenciales y, si se ven afectados por interrupciones o suspensiones, pueden causar rápidamente una acumulación de costos para la economía en términos de capital humano.
Aunque el Gobierno ha actuado con celeridad para mitigar algunos de estos impactos a través de la adopción de medidas de emergencia, la solución de las actuales deficiencias de los servicios y las acuciantes limitaciones financieras planteará un desafío aún mayor que en el pasado.
El Ejecutivo ha avanzado rápidamente para responder a algunos de estos impactos con 12 medidas de emergencia que tienen un costo estimado de US$ 50 millones por mes.
Qué está haciendo Colombia
El sector de agua y saneamiento básico es clave en la reactivación sostenible del país. El presupuesto de inversión en agua para 2021 es el más alto de los últimos 7 años, con 158 proyectos y una inversión de $1,7 billones, más de 11 mil empleos, y mejorarán la prestación de estos servicios a cerca de 5 millones de colombianos en 132 municipios de 29 departamentos.
La fase de reactivación continuará de la mano con las medidas de mitigación del sector agua que estarán vigentes durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues cerca de 5 millones de colombianos no tenían acceso a agua potable al cierre de 2018.
En estos dos años de mandato, el Gobierno ha llevado agua y saneamiento básico a cerca de 1.3 millones de colombianos, lo que representa un 42%, de la meta prevista en el PND de cubrir las necesidades de 3 millones de personas.
El Capítulo Agua del PND contempla también inversiones en las llamadas zonas de paz, a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 16 en total, en lo que se presentaron 775 iniciativas y se han focalizado recursos por $ 171.143 millones con regalías y $70.039 millones en obras por impuestos.
El Gobierno adelanta actualmente 20 proyectos, con una inversión de $139.300 millones. Once de ellos se realizaran en Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Quindío, Risaralda, Sucre y Valle del Cauca, donde, en total, se benefician 174 mil personas en 11 municipios.
Otros nueve encienden la maquinaria en siete municipios PDET de Antioquia, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba y Putumayo, beneficiando a 53 mil personas.
Todas estas inversiones en agua y saneamiento desencadenaría beneficios económicos en Colombia. Según la OMS, por cada US$1 invertido en dichos sectores hay un retorno de US $4.30; y dada la importancia del sector para contener la pandemia los retornos son mayores. Las inversiones en el sector, en promedio, impulsan el crecimiento del PIB mundial en 1.5 puntos porcentuales.
La ganancia surge de la reducción de los costos de atención en salud para las personas y una mayor productividad y participación en el lugar de trabajo al disminuir enfermedades relacionadas con el acceso de agua y saneamiento.
El DNP ha estimado que las necesidades de inversión de Colombia en el sector suman entre US$ 15 y 20 mil millones para alcanzar una cobertura universal en agua y alcantarillado a 2030, y una cobertura del 50 por ciento del tratamiento de aguas residuales urbanas.
Las matemáticas no mienten. Ahí están las cifras y ahora lo que hace falta son inversionistas. Se reciben propuestas para esa novia rica que tiene Colombia en el agua.
